Son nuevos tratamientos antitumorales aprobados por las autoridades europeas, pero no llegan a los pacientes españoles por falta de financiación pública. Una situación que está afectando en España a más de 2.500 enfermos de cáncer, según un trabajo presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) que se celebra en Madrid.

El estudio ha analizado las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido) y Canadá e indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones, unas 2.500 en España, según han calculado los autores.

El estudio ha analizado las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos y Canadá

Pese a este dato, la directora de PRMA Consulting y autora principal de este trabajo, Jan McKendrick, ha matizado que puesto que en España las decisiones sobre empleo de nuevos medicamentos recaen en las comunidades autónomas, los datos nacionales son útiles a título orientativo pero es probable que en algunas regiones las restricciones sean aún mayores.

Los datos han sido recogidos de los medicamentos indicados para seis tipos de tumores (mama, riñón, pulmón, mieloma múltiple, melanoma y próstata) entre los años 2006 y 2016.

Un tercio de los fármacos tiene restricciones

Según los resultados, el 34% de las evaluaciones que llevan a cabo las autoridades nacionales para decidir si pagarán o no una nueva terapia con cargo a las arcas públicas terminan con la imposición de restricciones, totales o parciales, en el acceso a medicamentos en los centros públicos.

El estudio ha concluido que las diferencias entre países en cuanto restricciones a los fármacos no guardan relación con la riqueza del estado

El estudio también ha concluido que las diferencias entre países en cuanto a número de fármacos afectados por dichas restricciones no guardan relación con la riqueza de cada estado, medida en función del Producto Interior Bruto de los 12 países analizados. Por este motivo, McKendrick opina que esta cuestión no depende únicamente de la situación económica. «En algunos casos, las razones están claras -por ejemplo, Reino Unido realiza evaluación de coste/efectividad a través de un órgano estatal independiente – pero hay muchos países que no hacen públicos sus motivos», ha explicado.

Asimismo, en el estudio se identificaron las decisiones de cada país en cuanto al reembolso o financiación pública de esos medicamentos por parte de las autoridades sanitarias, y por ello advierten de que las decisiones sobre financiación pública están fragmentadas y tienen como consecuencia restricciones que varían en cada caso e impiden el uso de medicamentos eficaces en pacientes que podrían beneficiarse de ellos.