La campaña de inspecciones coordinada por el Govern balear se ha saldado este fin de semana con 62 intervenciones en distintos locales de ocio y 46 actas levantadas por incumplimiento de la normativa para hacer frente a la COVID-19, según ha informado este lunes la Conselleria de Administraciones Públicas en un comunicado de prensa.

Inspectores de la comunidad y de los consells insulares y agentes de los cuerpos y fuerzas del Estado han llevado a cabo estas inspecciones, en el marco de las actuaciones coordinadas desde la Dirección General de Emergencias e Interior para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la pandemia del coronavirus, según ha informado Europa Press.

De estas 62 intervenciones, 41 se han desarrollado en Mallorca, especialmente en establecimientos de Playa de Palma y el paseo marítimo; siete en Menorca, en locales de Mahón y Ciutadella; ocho en Ibiza, en Sant Antoni de Portamany y Santa Eulàlia des Riu; y seis en Formentera.

Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinarios han levantado 46 actas por incumplimientos relacionados con excesos de aforo, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por prescindir de información al público y señalización adecuada. Concretamente se han levantado 30 actas en Mallorca, siete en Menorca, ocho en Ibiza y seis en Formentera.

70 actas levantadas desde el fin de semana pasado

Estos datos se suman a las 51 inspecciones y 24 actas registradas durante el fin de semana pasado. Por lo tanto, se han producido desde el inicio de la campaña un total de 113 intervenciones y 70 levantamientos de actas por infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en los operativos.

La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en las Islas es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: Delegación del Gobierno del Estado, Govern balear, consells insulares y ayuntamientos.

Además, ha apelado de nuevo a la "responsabilidad individual" para evitar que las imprudencias que puedan cometer unos pocos, acaben perjudicando al conjunto de la ciudadanía.

"A pesar de que el porcentaje de actas levantadas es elevado respecto del número de inspecciones efectuadas, los incumplimientos observados son mayoritariamente leves y la sensación general de los equipos interventores es de tranquilidad", ha asegurado.

El Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde este pasado viernes 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.