Salud | Vida Sana

Ancianos, inmigrantes y enfermos crónicos, los más discriminados en la pandemia

Amnistía Internacional presenta este jueves el informe 'La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria en España'

Una sanitaria corre en la UCI Covid del Hospital de Galdakao (Vizcaya).

Una sanitaria trabaja en la UCI Covid del Hospital de Galdakao (Vizcaya). EFE | Miguel Toña

Las personas con enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario, entre ellas el cáncer, afecciones cardiovasculares o la diabetes; las personas mayores; las personas con enfermedades de salud mental y los inmigrantes son quienes más han sufrido la discriminación derivada del impacto durante la crisis del coronavirus de una gestión sanitaria poco planificada y con escasa inversión y de una atención primaria desbordada.

Es una de las conclusiones que extrae Amnistía Internacional a partir de su informe La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria en España, centrado en la administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha durante la pandemia. La organización insiste a lo largo de la investigación en que, a pesar de que ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, España afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad aplicadas en los últimos años.

El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades, y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes»

María Luisa Villafranca

Mientras el Producto Interior Bruto (PIB) subió un 8,6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público en dinero constante -teniendo en cuenta la inflación- se redujo en un 11,21% y la atención primaria se vio afectada de manera especial, disminuyendo de media un 13% en esos años. Aunque la OMS recomienda destinar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria, en España este porcentaje pasó de un 14,3% en 2009 a un 13,9% en 2018. «Con los mismos recursos (…) tenemos que hacer las tareas de antes más las tareas que nos ha obligado a gestionar la pandemia. Y hemos llegado a una situación en la que no podemos más», refleja Carol Calero, médica en Cataluña.

La atención primaria ya se encontraba infradotada de personal antes de la llegada del Covid-19, con una ratio de personal médico y de enfermería por 1.000 habitantes de 0,77 y 0,66, respectivamente. Esas cifras no han sufrido apenas cambios en los últimos diez años y, en el caso del personal facultativo de atención primaria, están muy alejadas de las de países como Portugal, con la mayor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42). «El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades, y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes. Estamos cansados ya», afirma María Luisa Villafranca, paciente de cáncer y presidenta de la asociación ROSAE. «Necesitamos más recursos, pero no económicos, sino humanos», recalca Calero.

Los enfermos crónicos, calificados como grupo en situación de vulnerabilidad por el Ministerio de Sanidad, han soportado especialmente la falta de recursos y el incremento de la sobrecarga asistencial, ya que su seguimiento se ha visto deteriorado. De hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria denunció que los pacientes crónicos y/o pluripatológicos estuvieron confinados sin un seguimiento médico estrecho, primero por el estado de alarma y después por tener que ser atendidos por un sistema que actualmente está orientado en atender a los pacientes derivados del Covid-19.

Se espera otra ola de efecto de la pandemia que será la del impacto en la desatención a los pacientes crónicos»

Alda Recas

«Normalmente, una persona de menos de 50 años rara vez tiene patología y no acudía casi nunca, a lo mejor se tiraba años, a la consulta. A esas personas jóvenes, que ahora han tenido Covid-19, se les tenía que hacer un seguimiento y han generado muchísimas consultas. Entonces, se ocupan los huecos y el paciente crónico no puede tener la asistencia que tenía previamente», explica Susana Arenas, médica y miembro de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). «Alguna compañera, para que la viesen, ha tenido que poner reclamación y decir: ‘Es que necesito que me vea el médico, pero quiero que me vea en persona, porque noto una cosa rara'», ejemplifica Villafranca al respecto.

Las personas con enfermedades crónicas representan el 80% de las consultas de la atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios. Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente va más allá y declara que «se espera otra ola de efecto de la pandemia que será la del impacto en la desatención a los pacientes crónicos». «No podemos saber la magnitud, porque eso no ha ocurrido antes», sostiene. Amnistía Internacional señala en el informe que ha podido comprobar el impacto y el daño que la gestión sanitaria durante la pandemia ha causado en personas con enfermedades crónicas, refiriendo algunas de ellas un empeoramiento de su salud.

Por su parte, el 75% de los 8,5 millones de personas mayores de 65 que hay en España tiene enfermedades crónicas con una media de cuatro dolencias por persona. A ellos, además de las dificultades derivadas de la falta de recursos necesarios en la atención primaria, se les han sumados otras barreras adicionales, como la traba para adaptarse al modelo de atención telefónica o al sistema de citas por internet. «El manejo integral de los cuidados de las personas mayores, que sobre todo llevaban las enfermeras, se cerró completamente con el Covid-19. Les dejamos aparte. Les dejamos solos con patologías muy serias», señala Recas, que dice además que estos ancianos «se descompensaban de manera muy rápida», por lo que «las cuidadoras nos llamaban continuamente para preguntarnos qué hacían».

Amnistía denuncia, además, que la legislación estatal que no garantiza la universalidad y medidas autonómicas insuficientes, por lo que, sumadas a las dificultades de comunicarse en español en algunos casos, los inmigrantes en situación irregular y las personas reagrupadas legalmente con familiares residentes en España han visto reducido su acceso al sistema sanitario. «Una cuidadora inmigrante, que trabaja como interna, vino con síntomas. Fui a registrar en el sistema la petición de PCR y vi que no estaba en el sistema. No le pude hacer la PCR», asegura Agustina, una médica en Castilla-La Mancha entrevistada durante la elaboración del informe.

«Eso no se puede ver por teléfono»

Durante la crisis del Covid-19, el modelo de asistencia sanitaria presencial se transformó en un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir
contagios en los centros de salud. Sin embargo, la organización considera que esta transición se produjo de manera brusca y sin los necesarios adelantos
tecnológicos, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos. «No estamos viendo el lado de la pandemia social. Hay que hacer un cambio de enfoque. Estamos con los números, pero vamos a ver a las personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Por ejemplo, cosas tan sencillas como que haya una línea más de teléfono en los centros de salud y que pongan más personal, [para] que no tenga que estar la gente llamando horas y horas», señala Carol Calero.

El Foro de Médicos de Atención Primaria alertó de que en España las llamadas se incrementaron entre marzo y septiembre en más de un 400% en algunos centros de salud y solicitó la mejora de la red de telefonía y la atención obsoleta e insuficiente de la misma. «Una consulta telefónica para que a mí me receten un paracetamol, puede valer. Pero una consulta telefónica para la revisión de una mama, como le ha pasado a alguna compañera, eso no vale», expresa María Luisa Villafranca.

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