Vox insiste en la necesidad de ir a la "guerra total" y que el PP se posicione a favor de bloquear la proposición de ley de amnistía que a partir de diciembre empezará a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Por ello, el partido de Santiago Abascal ha solicitado a las Mesas tanto de dicha cámara como del Senado, que reclamen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informes preceptivos sobre la norma registrada por el PSOE. Todo pese a que, al presentarse como proposición y no como Proyecto de Ley, no son obligatorios dichos informes. Teniendo por descontado que la mayoría de PSOE y Sumar en la cámara baja omitirá dicha petición, Vox ha lanzado este órdago con especial intención hacia el PP en el Senado. Allí, al margen del CGPJ, ha pedido al organismo que preside el popular Pedro Rollán otro informe preceptivo. En este caso, al letrado mayor de la cámara alta. Así pretenden, más allá de dilatar los procesos para que la medida de gracia no entre en vigor, lograr armarse de motivos para ir al Tribunal Constitucional.

El PP es reacio a ir de la mano de Vox en este ámbito, donde tiene mayoría absoluta. De hecho, internamente se rechazó atender a la petición de incluir informes preceptivos incluso en proposición de ley cuando los populares reformaron el Reglamento del Senado para alargar los trámites de la amnistía hasta dos meses [más información aquí]. La estrategia es dar el menor oxígeno posible a Abascal y sus tres senadores, una cuota insignificante frente a los 144 con los que cuenta Génova. Y es que, según fuentes populares, es imposible paralizar el proceso de la amnistía a su paso por el Senado. "Son artificios de Vox de cara a la galería", insistieron fuentes del Senado consultadas por El Independiente, que veían más una presión de Abascal a Feijóo a sabiendas de la imposibilidad.

Ante las acusaciones de querer hacer ruido, Vox proclama que hay una vía legal para parar la amnistía. Entiende que el letrado mayor del Senado puede detectar "inconstitucionalidad" en la ley. Su homólogo en el Congreso admitió que existen "posibles motivos de inconstitucionalidad" en el escrito, pero que no hay una contradicción tan "palmaria" con la Constitución como para impedir su tramitación. El PP, como Vox, han vinculado esas palabras a la supuesta imparcialidad de Fernando Galindo, quien hasta hace poco integró las filas del Gobierno como subsecretario de Política Territorial. De ahí la confianza a que desde el Senado se dé una distinta opinión.

A ello se sumaría el hipotético rechazo del CGPJ en un informe, que ya lo ha mostrado en un comunicado como todas las organizaciones de jueces y de fiscales.

La querella sigue siendo la herramienta preferente de Vox tanto si el PP rechaza solicitar informes preceptivos e ir al TC desde el Senado. Igualmente, contra el Alto Tribunal o el Letrado Mayor

La dinámica sería la siguiente: con los informes en mano y bajo previsión de que se apueste por la inconstitucionalidad de la amnistía, desde el Senado se acudiría al Tribunal Constitucional (TC). Se plantearía un recurso que habría que construir de nuevas en ausencia de ningún precedente y estaría por ver si este paralizaría o no el trámite de la ley, puesto que fuentes jurídicas consultadas no lo tienen claro. En todo caso esto requiere del consentimiento del PP y su mayoría de la Mesa para ir al Alto Tribunal. Añaden como elemento a tener en cuenta por el TC el rechazo, bajo el mismo marco constitucional, a la amnistía en el Congreso en 2021. Con la negativa del PSOE, grupo proponente hoy.

Vox espera que, de llegarse a ese punto, el TC avale su petición y sí paralice el trámite hasta que el Tribunal resuelva sobre el fondo de la cuestión. Lo que podría ir de días a semanas.

La petición de esos informes se achaca, por un lado, al artículo 35 del Reglamento del Senado, que en su punto segundo indica que la Mesa "estará asistida y asesorada por el Letrado Mayor, que es el Jefe de los Servicios y responde ante el Presidente de la Cámara". Por otro lado, se hace referencia al artículo 104 del ese mismo marco: "Los proyectos y las proposiciones de ley aprobadas por el Congreso y remitidos por éste al Senado se publicarán y distribuirán inmediatamente entre los Senadores. La documentación complementaria, si la hubiere, podrá ser consultada a la Secretaría de la Cámara", reza.

De no atenderse, algo que achacarían a la figura de Cándido Conde-Pumpido y su vinculación con el PSOE, se recurriría al instrumento que se está usando durante los primeros coletazos de la legislatura: la querella en el Supremo. Ya se ha hecho contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y el PSOE y Junts. Se hará contra el letrado mayor del Congreso y, de no rectificarse, contra la cuota de izquierdas de la Mesa del organismo, que la semana pasada calificó favorablemente la amnistía.

Por otro lado, si el PP no atiende a esa petición de Vox y califica la ley a su llegada de las Cortes, los de Abascal también se querellarán contra Rollán y los suyos -en añadido a los socialistas-. Si el informe del letrado mayor del Senado es favorable a la norma, también contra él. El camino de Vox es el de la "guerra total". Y reivindican que si el planteamiento que se hace es de "golpe de Estado", hay que creérselo e ir de la mano del PP para hacer frente a la mayoría institucional del Congreso.

Europa, el último recurso para Vox

Fuentes de Vox consultadas indican que la última baza a explotar contra la amnistía será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De momento, la alternativa es la de ir al TC mediante recursos de amparo individuales de cada uno de sus diputados. Igualmente, ir al tribunal junto al PP en aquellas comunidades donde cogobiernan mediante recursos de inconstitucionalidad.

Otra de las plazas serán los procedimientos abiertos, y en los que participa, como el propio procés o la causa contra Tsunami Democràtic. Las fuentes consultadas aseguran que, cuando los jueces pidan opinión a las partes sobre la aplicación de la ley, interesará la presentación de cuestiones prejudiciales al TJUE.