Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados dentro de las cárceles, generando un mercado negro que amenaza "seriamente" el orden interno. Así lo denuncia Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en un comunicado, en el que alerta de la magnitud del problema: entre 2020 y 2024 se han incautado 12.882 terminales en centros penitenciarios de toda España. Sólo el año pasado se requisaron 2.884 dispositivos, una cifra que evidencia una “preocupante estabilidad” en su presencia en prisión.

Según el sindicato, muchos de estos teléfonos acaban en manos de internos “especialmente peligrosos”, como condenados por terrorismo, violencia de género o miembros de bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por razones legales o de seguridad. El acceso a estos dispositivos les permite no solo mantener su actividad delictiva desde prisión, sino también provocar conflictos internos, generar deudas entre reclusos y desencadenar episodios violentos por su control.

La organización denuncia que los funcionarios de prisiones afrontan este desafío con medios “claramente insuficientes”. Muchos de los móviles introducidos son extremadamente pequeños, fabricados con materiales plásticos que escapan a los detectores de metales y pueden ocultarse en los lugares más insospechados. Su detección requiere requisas exhaustivas, formación especializada y suficiente personal, algo que, advierten, no está garantizado en todos los centros.

Acaip también alerta del uso creciente de drones para introducir teléfonos móviles en prisión, lo que supone una amenaza “grave” para la seguridad. La capacidad de estos aparatos para sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión los convierte en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar los actuales sistemas de vigilancia.

Asimismo, el sindicato exige una inversión urgente en tecnología de seguridad, puesto que los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos frente al avance de las telecomunicaciones, y reclama la renovación de estos sistemas por otros más avanzados que bloqueen el uso de móviles dentro de las cárceles y que impidan el vuelo de drones en zonas restringidas.