El juez instructor del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado cree que hay indicios suficientes para procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos sobre la filtración de datos de la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. Así de categóricas se muestran las fuentes consultadas en el alto tribunal después de que la información pedida a Google y a Whatsapp sobre su teléfono móvil haya sido un fiasco. Pocas fuentes dudan de que aun así, con el sumario tal y como está, el juez podrá sentar en el banquillo al jefe del Ministerio Público.

Había muchas expectativas puestas en la petición de información que se había realizado a Irlanda y a Estados Unidos para recabar los datos del correo (Google) y los mensajes (WhatsApp), respectivamente, borrados por el fiscal general. Cuando hace una semana llegaron tres carpetas zip comprimidas muchos de los letrados personados en el procedimiento dieron por hecho que la solicitud había sido "exitosa". Era extraño porque, por norma general, las compañías no suelen acceder a peticiones de este tipo a excepción de casos remotos de crimen organizado o terrorismo, pero lo cierto es que el material había llegado.

La realidad ha sido que en todas las carpetas no había datos de "interés" para la investigación, bien porque no ha sido posible recuperar los mensajes borrados, o bien porque no tienen interés para la causa. Ambas comisiones rogatorias, por tanto, no han esclarecido nada.

Como viene contando este medio, el éxito de esta petición era la única posibilidad de que la investigación --en la que está imputado no sólo el fiscal general, sino también la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez-- terminara escalando hacia La Moncloa. El asunto dio un giro cuando el diputado del PSOE de Madrid Juan Lobato acudió a declarar y llevó unos mensajes protocolizados que revelaban que a él también le habían enviado la mañana del 14 de marzo material interno del procedimiento contra el novio de Ayuso.

El juez Hurtado descartó imputar al personal de La Moncloa que fue a declarar posteriormente, como la exasesora Pilar Sánchez Acera o el exsecretario de Estado de Comunicación Fracesc Vallès, básicamente porque ellos, al contrario que el fiscal general, no conocieron esa información "por razón de su cargo" y, por tanto, consideraba que su participación en el delito de revelación de secretos era más dudosa. En cambio, fuentes jurídicas no descartaban que si se podían analizar los Whatsapp que mantuvo el fiscal general en el periodo bajo el foco, del 8 al 14 de marzo, igual se agrupaban otros indicios más sólidos que pudieran dar una explicación factible al porqué los emails internos de un fiscal y el abogado del novio de Ayuso terminaron en la prensa. Y, en última instancia, llegar a más responsables.

El oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de este mismo lunes explica, por ejemplo, que Google ha enviado más de 100 correos electrónicos, sin embargo, sólo uno tiene relación con la causa, el que Rodríguez remitió la noche del 13 de marzo a la cuenta personal del fiscal general en Gmail y que, por otro lado, ya constan en el sumario gracias al análisis de los dispositivos de la jefa de Madrid. Las diligencias, por tanto, han sido infructuosas.

Esto, según las fuentes consultadas, indica dos cosas: que las responsabilidades de la filtración terminan aquí y no habrá más investigados, y que el juez podrá terminar la instrucción más pronto que tarde. A ser posible, antes del verano.

Indicios contra García Ortiz

En cualquier caso, dichas fuentes consultadas agregan que Hurtado seguirá el camino que había emprendido y procesará a García Ortiz si nada cambia. El juez del Supremo ya ha escrito gruesas palabras en sus autos, acusando al fiscal general de "desviar el foco de atención" con alegaciones "irrelevantes" o que "hay elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración".

Para él, entre estos elementos se encuentra el hecho de que el jefe del Ministerio Público borrara su teléfono móvil hasta en dos ocasiones el 16 de octubre, el día que el Tribunal Supremo le abrió causa. Él sostiene que era su modus operandi habitual para guardar la intimidad de sus conversaciones más sensibles por el cargo que ostenta y, por ello, ha pedido una prueba pericial que está aún pendiente.

Hurtado ha señalado, igualmente, el hecho de que él accediera a todos los correo electrónicos de la causa contra Alberto González Amador (pareja de Ayuso) solo unos minutos antes de que la Cadena SER publicara los primeros textuales íntegros; y ha dado valor a la declaración de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que aseguró que llegó a sospechar de que el filtrador era su jefe y se lo preguntó directamente la mañana del 14 de marzo.

Con todos estos mimbres, está por ver qué paso más da Hurtado, quien todavía debe tomar declaración a González Amador por orden de la Sala de lo Penal.