Doce meses es la duración máxima de un baja a partir de la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisa la situación médica del trabajador para la prórroga o no de la incapacidad temporal (IT). A los 18 meses finaliza esa prórroga de la IT y, en teoría, es el momento de la resolución de la baja, bien con el alta definitiva o con el paso a la situación de incapacidad permanente.

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En 2023, el 65% de los procesos finalizados que superaron los 18 meses de duración se cerraron con la denegación de la incapacidad permanente (frente al 51,2% de 2018), mientras que solo se aprobó en el 33% de los casos. Así consta en el Estudio socioeconómico de la evolución de la IT y la siniestralidad, publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y Umivale Activa.

Las cifras obtenidas en base a microdatos de la Seguridad Social llaman la atención de los investigadores. "Además de haberse incrementado el número de casos que alcanzan mayores duraciones, su resolución es mayoritariamente la denegación de la Incapacidad Permanente, lo que hace replantearse si estos casos debieran haber durado menos y haberse resuelto antes de alcanzar estas largas duraciones", explican.

Por su parte, en los procesos finalizados de 12 meses, los casos en los que se deniega la incapacidad permanente han pasado de un 29,9% en 2018 a un 50,1% en 2024. Y solo en el 26% de los casos se concedió la incapacidad permanente, frente al 32,3% de 2018.

La incapacidad temporal y el alza de duración de los procesos es un problema que está intentando atajar el ministerio que dirige Elma Saiz, debido al coste no solo para las arcas públicas sino también para las empresas. No en vano, en 2024 se perdieron 368,7 millones de días de trabajo por las incapacidades temporales. Y de ellos, 110 millones se deben a los procesos de larga duración de IT es decir, las bajas laborales superiores a un año.

Aunque los procesos de larga duración representan solo el 2,4% del total de casos finalizados, concentran el 34,1% de los días totales de baja y suponen la mitad del aumento de estos entre 2018 y 2023. Concretamente, los días perdidos correspondientes a este tramo han aumentado un 87% en los últimos seis años, mientras que los días perdidos por bajas inferiores a los 12 meses solo se han elevado en conjunto un 35%.

Las cifras han hecho saltar las alarmas a los investigadores. El aumento de las bajas de larga duración y el aumento de las denegaciones de baja permanente fija un patrón que "sugiere la existencia de márgenes potenciales para reducir la duración de las bajas sin afectar a la salud de los trabajadores, en la medida que una parte parece corresponder al modelo predominante de gestión y no a los propios requerimientos de la patología que da lugar a la baja".

En este sentido, los investigadores remarcan que "la duración de los procesos podría aumentar como consecuencia de problemas de saturación, falta de recursos, listas de espera, cambios normativos en la gestión y control de la incapacidad temporal u otras ineficiencias del sistema sanitario".

Respecto a la correlación entre la duración de las bajas y las listas de espera por comunidades autónomas, ya que las competencias de sanidad están transferidas a las autonomías, aseguran que "la duración es algo menor en las comunidades con menos problemas de espera en la atención especializada" y "algo mayor en las comunidades con más problemas de espera para una intervención no urgente".

En la misma línea, el Consejo Económico y Social (CES) exponía hace unos días en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2024 que las listas de espera del sistema sanitario público se han convertido en un problema estructural. "El volumen de pacientes en espera se ha mantenido en cifras elevadas, esta situación repercute negativamente en otras prestaciones del sistema como las bajas por incapacidad laboral".

El estudio del CES cifra en casi 850.000 (846.583) pacientes que han tenido que esperar para ser intervenidos quirúrgicamente en 2024 y con un tiempo medio de espera de 4,2 meses. En lo referente a consultas externas con especialistas, casi 4 millones de personas tuvieron que esperar 3,5 meses para ser atendidos y en las consultas de especialistas posteriores a la primera, el promedia fue de 6,3 meses.

El proceso de consultas se alarga hasta los 16 meses

Por su parte, Funcas organizó este miércoles una jornada sobre las posibles mejoras que podrían abordarse en la gestión de las listas de espera. Joan Barrubes, consultor sanitario y socio de Antares Consulting, puso el foco en el tiempo promedio de espera en la consulta desde la entrada del paciente hasta su salida: "Un proceso de atención especializada en consulta tarda 16 meses en resolverse".

Mercedes Alfaro, subdirectora general de información sanitaria en el Ministerio de Sanidad, aseguró que en 2018, el 28% de los pacientes eran vistos por el médico de familia o pediatra en las primeras 48 horas y el 72% restante recibían atención médica en cuatro días. Los datos para 2024 muestran un empeoramiento en la atención primaria, el número de personas que han sido vistas en las primeras 48 horas se ha reducido al 21% y para el resto, se ha duplicado el tiempo medio de duración en ser atendido, hasta los ocho días.

Para paliar la situación, Salvador Peiró, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomedica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), propuso más recursos (centros, personal, incentivos a la sanidad privada) y planes de choque, reducción de estancias medias, optimización de tiempos en quirófanos, sistemas de incentivos o priorización clínica.

Sin embargo, las mejoras organizativas pueden ser más eficaces que el aumento de los medios. Según apuntó Peiró, los estudios muestran que las medidas tomadas de cara a incrementar la oferta no reducen las listas de espera, si no todo lo contrario, las hacen aumentar. Así, los informes señalan "que quien opera más, tiene más lista de espera", concluyó.


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