El respaldo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía era esperadísimo por el Gobierno desde el minuto uno. Y finalmente lo consiguió. De ahí la valoración positiva de la sentencia de este jueves, que llega poco más de un año después de la entrada en vigor de la norma. El aval del TC es una "magnífica noticia" para España y para la "convivencia" en Cataluña, celebró desde Bruselas el presidente, Pedro Sánchez, y sobre todo es la señal de que el "esfuerzo" ha merecido "la pena" pese a los "ataques" que ha recibido el Ejecutivo. Pero la Moncloa también lanza otra idea muy relevante, en la línea de lo manifestado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, que la ley debe aplicarse en su integridad, como quiso el legislador, y que por tanto alcance a los líderes del procés. O sea, básicamente a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras.

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"Lo que yo siempre reproché a la anterior Administración, del PP, es haber renunciado a la política y haber descargado en el Poder Judicial toda la respuesta a la crisis territorial y constitucional que vivió España desde 2011 hasta 2017 o incluso 2019, con la sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, es una magnífica noticia para España, para la convivencia, para la coexistencia", subrayó el presidente a su llegada a la reunión del último Consejo Europeo del verano, en la capital belga.

El presidente destaca el valor de la "política", porque es la que ayuda a resolver conflictos y la que aporta soluciones a crisis tan graves como la que vivió España entre 2011 y 2019, hasta el fallo del TS

España, reivindicó, es un Estado social y democrático de derecho, y la iniciativa de la amnistía "salió del Congreso, avalada por una mayoría de la Cámara elegida por los ciudadanos", luego fue recurrida ahora el TC ha refrendado que es constitucional, como siempre dijo el Gobierno, subrayó. Sánchez también destacó la importancia del "valor de la política, porque la política es esto, una palanca de transformación y de resolución y aportación de soluciones a conflictos muy difíciles" como el procés, que tuvo momentos "aciagos, particularmente 2017", el año en que Puigdemont declaró la independencia de Cataluña y hubo que aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El jefe del Ejecutivo, como ya asegurara ayer desde La Haya, al término de la cumbre de la OTAN, insistió en que es "muy consciente de los ataques que está recibiendo el Gobierno de España". "También tienen que ver con lo que hoy se ha fallado, pero creo que merece la pena. A pesar de todos los pesares, lo que está haciendo este Gobierno es muy importante para algo que es fundamental si queremos garantizar la unidad de España y también nuestro desarrollo y nuestra prosperidad, que es la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios", algo que cree que está "avalando de alguna manera" el TC con su sentencia de este jueves.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también expresó desde el Congreso, al término de la sesión plenaria, la "profunda satisfacción" del Gobierno con la sentencia del TC y por el "trabajo bien hecho del Poder Legislativo". "Dijimos que la ley de amnistía entraba constitucional en el Congreso y saldría constitucional en el Boletín Oficial del Estado y así ha sido. El Estado de derecho en nuestro país funciona", recalcó para poner en valor dos aspectos nucleares de la sentencia, apoyada por seis magistrados progresistas frente al voto negativo de cuatro conservadores. Por un lado, que el TC reconoce la facultad de las Cortes Generales de aprobar una ley de amnistía, "como han hecho todas las democracias de nuestro entorno" —"es decir, se reconoce la capacidad del Parlamento para resolver un conflicto político a través de una ley"—. Y por otro, que el Constitucional avala que amnistía responde a un "fin legítimo", que es la "convivencia democrática en Cataluña". Así que la ley de amnistía es "legal, constitucional, legítima y útil porque la normalización en Cataluña es ya una realidad".

La sentencia dictada este jueves, en consecuencia, "culmina un proceso" que asumió el Gobierno cuando Sánchez llegó al poder, que era el de enterrar la división existente en Cataluña, solucionar la fractura que dejó el procés, y para ello el Ejecutivo tomó "decisiones valientes, arriesgadas", y hoy la realidad le "da la razón", porque "la normalización en Cataluña es absoluta", aseguró el ministro.

Bolaños apunta que la amnistía "no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del 'procés', "incluyendo por tanto a sus líderes", porque esa fue la "voluntad" del Poder Legislativo

"El objetivo último era devolver a la política lo que nunca debió salir de la política —presumió Bolaños—. La amnistía que hoy valida el Tribunal Constitucional es el broche de esa apuesta por la convivencia y es también un mensaje político de enorme fuerza para la sociedad española: tenemos herramientas constitucionales para afrontar y resolver problemas constitucionales, como todos los países de nuestro entorno democrático".

Bolaños calificó la ley de amnistía de "uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia". Ahora bien, aunque la amnistía haya "cambiado ya la realidad en Cataluña y en el conjunto de España", cree que "no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del procés independentista, incluyendo por tanto a sus líderes". "Esa fue la voluntad del Poder Legislativo", recordó.

Apenas minutos antes, el president Illa había pronunciado una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, en la que pidió al Supremo, "con respeto pero con claridad", que aplique la norma "con diligencia". El TC, dijo el jefe del Govern, "ha hablado" y por tanto ahora "no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley". Illa no mencionó ningún nombre, tampoco lo hizo Bolaños, pero lo cierto es que la ley no se ha aplicado a Carles Puigdemont, expresident catalán y líder de Junts, a Oriol Junqueras, presidente de ERC y exvicepresident del Govern, o a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín —huidos de la Justicia española—, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull —indultados como Junqueras pero con la pena de inhabilitación todavía activa—.

El ministro sí recuerda que los tribunales son los que han de aplicar las leyes, y hay "recursos pendientes". "Dejemos que su tramitación siga su curso hasta su definitiva resolución", señala, más prudente

El ministro de Justicia no fue tan expeditivo, pero sus palabras casaban con las de Illa. El fondo era el mismo. Cuando se le preguntó si secundaba al president, Bolaños insistió en que la ley se diseñó para que se aplicara a "la totalidad de los protagonistas" del procés, "también de los líderes". "A partir de ahí, la ley, como en un Estado de derecho pasa siempre, han de interpretarla y han de aplicarla los tribunales de nuestro país. Hay recursos pendientes en tribunales de este país y, por tanto, dejemos que la tramitación de esos recursos siga su curso y siga hasta su definitiva resolución", añadió, recetándose más prudencia.

"Cuando llegamos al Gobierno, Cataluña era un elemento de crisis dentro de una sociedad en fase pesimista. Y hoy Cataluña es la locomotora de una España que crece en economía, que crecen empleo, que crecen derechos, que crecen convivencia", aseveró el ministro.

El Ejecutivo pone en valor que la política de "acuerdos y diálogo" que ha promocionado "no solo es posible, es positiva para nuestro país". Son los efectos que van "más allá" de esta norma, recalca Bolaños

Para el Ejecutivo, los "efectos" de la ley van "más allá". "En una época como la actual, donde proliferan los profesionales de la división, los que demonizan al adversario para llegar al Gobierno, los que persiguen al discrepante, los que agravan las crisis para mantenerse en el poder, España demuestra que una política de acuerdos y de diálogo no solo es posible, es positiva para nuestro país", rubricó el ministro. "Demostramos que el diálogo, que las instituciones, que la ley es la mejor manera de afrontar los problemas que tienen nuestras sociedades y que las sociedades plurales no están condenadas a la división y al enfrentamiento. Están obligadas a hablar, a dialogar y a respetarse. Las sociedades que restauran la convivencia son las que más futuro tienen y esa será siempre la prioridad del Gobierno de España. Acuerdos, diálogo y convivencia. Hoy es un día histórico para el diálogo, para la convivencia, para los acuerdos entre diferentes, para Cataluña y para el conjunto de España", remachó.

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