El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no va a quedarse sin los investigadores del 'caso Koldo' por mucho que el Gobierno vaya a descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como se sospecha en el cuerpo. Así de contundentes se muestran voces del alto tribunal que refieren que existen mecanismos en la ley para que el magistrado pueda retener a los agentes hasta que la instrucción termine.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas han surgido informaciones que apuntan a movimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para dar una 'patada hacia arriba' a los jefes de la UCO, la Unidad que ha liderado la investigación contra su hermano, contra su mujer, Begoña Gómez, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ahora contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

El descubrimiento del modus operandi de Leire Díez, una militante y exconcejal del PSOE, evidenció lo que llevaba siendo un secreto a voces en los últimos meses en el Instituto Armado. Una grabación de esta periodista reveló que mantuvo reuniones con acusados por el fraude de hidrocarburos, entre otros, para pedir material comprometedor de jefe de la UCO como Antonio Balas. "Quiero a Balas", le dijo literalmente a uno de los investigados en la Audiencia Nacional.

El principal objetivo de Moncloa, según publicó El Confidencial, es el coronel Rafael Yuste, máximo responsable de la UCO; y el segundo es el general de brigada Alfonso López Malo, antiguo mando de la UCO y actual jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Yuste completó en invierno el curso de ascenso a general y desde el 1 de julio es elegible para subir en el escalafón, pero lo lógico sería que primero se ascendiera a candidatos de promociones anteriores y que él esperara hasta 2026. El caso de López Malo es distinto porque Interior podría ascenderlo a general de división para forzar su marcha.

Con estas promociones el Gobierno se aseguraría un "premio" para los uniformados a la vez que descabeza la unidad investigadora. Pero fuentes jurídicas explican que el puzle es mucho más complicado. El juez Puente podría utilizar una fórmula que está al servicio de los magistrados y que implica la creación de una suerte de comisión judicial por la que los agentes pasan a depender directamente del juez mientras dura la investigación que tienen en curso.

Esto se ha utilizado en instrucciones que han estado sometidas a muchas presiones políticas y policiales. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'el Pequeño Nicolás'. El juez Arturo Zamarriego constituyó una comisión judicial cuando el comisario de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, que dirigía la investigación fue destituido por una guerra interna en el seno de la policía. Zamarriego ofreció a Martín Blas y al resto de agentes que estaban investigando desde el inicio que siguieran trabajando bajo sus órdenes hasta que terminaran de esclarecer la causa. De esta manera el Ministerio del Interior entonces bajo el Gobierno de Mariano Rajoy perdió la autoridad sobre los investigadores.

En el Tribunal Supremo están decididos a utilizar esta fórmula si a Sánchez se le ocurriera actuar contra la UCO. No obstante, fuentes del cuerpo de uniformados explican que no es tan sencillo que el Ejecutivo pueda llevar a cabo estos movimientos. El jefe que dirija la unidad de élite de la Guardia Civil debe ser un coronel y nadie se atreve a apuntar cuál de los 115 que actualmente integran ese escalafón se va a "prestar" a llevar las riendas de la UCO en tales circunstancias.

Dichas voces explican que para ese puesto se necesita una persona con experiencia en investigación y altas dosis de trabajo y nadie vería con buenos ojos al que pudiera suceder a Yuste en el actual contexto con una promoción trampa del Gobierno.

Además, advierten de que la sentencia del coronel Diego Pérez de los Cobos blinda por completo a los agentes. Recuerdan que el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Pérez de los Cobos fue precisamente por no informarle de un asunto que la Comandancia de Madrid en ese momento estaba investigando. Los hechos se produjeron en 2020 cuando el guardia civil se negó a contarle a Marlaska lo que había en un informe que iba dirigido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investigaba la celebración de 130 actos multitudinarios los días previos de la pandemia.

El Gobierno estaba bajo el foco por permitir estas actividades que, a la postre, supusieron un riesgo para la salud y Marlaska alegó falta de confianza en el coronel por no darle la información pedida. Él recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo alegando que cumplía órdenes de una magistrada y en el alto tribunal le dieron la razón.

Esta sentencia allana el camino para todos aquellos agentes a los que el Ejecutivo exija conocer detalles, por ejemplo, del 'caso Koldo' antes de que lleguen al instructor. Estas voces aseguran, por tanto, que no será tan fácil descabezar a la UCO y que los uniformados cuentan con el aval judicial para oponerse a órdenes ilegales y presiones a través de esta sentencia.

PUBLICIDAD