Cientos de jueces y fiscales, convocados por todas las asociaciones salvo las de corte progresista, se han concentrado este sábado a las 12:30 frente al Tribunal Supremo para protestar contra las dos reformas que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas y que, según denuncian, suponen una amenaza para la independencia judicial. La manifestación es el preludio de la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

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Las reformas en cuestión —la que regula el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal— han sido bautizadas como 'leyes Bolaños', en alusión al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su principal promotor. Las asociaciones consideran que introducen cambios que alteran el equilibrio institucional y comprometen la autonomía de la Justicia. Han elegido el Supremo por su "carga simbólica", al ser el lugar donde culminan los años de oposición quienes acceden a la carrera. Aseguran que no es una protesta contra ningún poder del Estado, sino una advertencia sobre la relevancia del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales.

Bajo el lema "Sin Estado de Derecho no hay democracia", los concentrados han leído un manifiesto con el compromiso de mantener un tono estrictamente institucional y al margen de cualquier filiación partidista. En el manifiesto se destaca el papel de la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real", algo que está "bajo amenaza" por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Sobre el primero, han indicado que "no responde a demanda social alguna" y que está siendo tramitado por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello". Según defienden las organizaciones, esta reforma va a "rebajar la excelencia" de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.

En cuanto al segundo anteproyecto, han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno "sin ningún filtro previo", así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, "reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes". Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará "el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos" en sustitución de los jueces de instrucción. Con todo, han indicado que estas reformas tienen lugar "en un ambiente de continuo ataque del poder judicial" con declaraciones políticas que "deslegitiman" las resoluciones judiciales, lo que "mina la confianza de los ciudadanos".

Por su parte, Bolaños ha calificado de "infundadas" estas críticas y sostiene que las reformas son imprescindibles para modernizar la Justicia, y que es natural que un sector "reacio al cambio" exprese reticencias. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad este jueves que no puede dar por formalmente convocada la huelga de jueces y fiscales prevista para la próxima semana, ya que, si bien la Constitución reconoce el derecho a huelga, no existe una regulación específica para estos cuerpos, lo que no quiere decir que no tengan derecho a realizarla.

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