No ha empezado todavía el ciclo presupuestario y tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Govern de Salvador Illa tienen ya una primer input. Y, si no cambia, es preocupante para las dos administraciones: Oriol Junqueras, presidente de ERC, ya ha advertido de que si los socialistas no cumplen "sus compromisos en materia de recaudación fiscal y, en particular, en la cuestión del IRPF y en el modelo de financiación", no habrá nada de qué hablar. Ni el jefe del Ejecutivo ni el president de la Generalitat tendrán sus Presupuestos. Es su mensaje.
Es el aviso del líder de los republicanos, el que formalizó este miércoles ante los medios en Barcelona, y lo hacía dos días después de que Gobierno y Generalitat firmaran las bases de la financiación singular catalana, un modelo que supone un "cambio de paradigma", según lo interpreta el Govern, ya que en el centro se situaría la recaudación, gestión, liquidación y gestión de impuestos, que pasaría a ser competencia de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). La Generalitat haría después una aportación al Estado para cubrir sus gastos en la comunidad y otra cuota para la solidaridad entre territorios. El Estado, tras la nivelación, abonaría una financiación adicional a Cataluña y a las CCAA que disfruten de competencias específicas —caso de prisiones o los Mossos d'Esquadra—. Los dos gobiernos pactaron un diseño singular pero a la vez "generalizable", extensible a todas las comunidades. Sin cifras por ningún lado, sin calendarios. Todo aún muy inconcreto. Un modelo que, según repite el Ejecutivo central, no supone ningún "privilegio" para ningún territorio.
ERC aún no se ha recuperado de las heridas que dejó su congreso del año pasado, por el que Junqueras recuperó las riendas del partido con el 52% de los votos, por el 42% de su rival, Xavier Godàs
Dos días después. Ese dato es relevante por cuanto también indica qué ha ocurrido dentro de su partido, aún herido tras las primarias que él ganó en segunda vuelta en diciembre por un 52% de los votos de los militantes, frente al 42% que cosechó Xavier Godàs, de la corriente Nova Esquerra Nacional (NEN) y que aglutinaba al sector crítico en el que se alistaron los afines a Marta Rovira, la que fue número dos del propio Junqueras durante 13 años. La presión interna había ido a más en las últimas 48 horas. "Una tomadura de pelo", había expresado en X la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quien en el último congreso de ERC apoyó la candidatura de Nova Esquerra Nacional.
El propio Godàs advertía también en la misma red social de que el partido no podía "tolerar rebajas". "Poca concreción y, de lo que se concreta, incumplimientos y rebaja de exigencias. Esto no es lo que refrendó la militancia de ERC en la consulta del pasado agosto", la que la dirección interina pilotada por Rovira convocó para que las bases avalasen el acuerdo suscrito con los socialistas para investir a Illa como president, un texto que tenía como eje la financiación singular para Cataluña. "El acuerdo [de la comisión bilateral Generalitat-Estado] solo habla de gestión, mientras que el acuerdo político inicial [de PSC y ERC] incluía también la recaudación, inspección, liquidación y disponibilidad de todos los impuestos. Además, implica un aplazamiento sine díe de la asunción del IRPF por parte de la ATC, y una renuncia al modelo singular a favor de uno multilateral. Esto es un retroceso en la voluntad de soberanía", escribió también Godàs en su breve hilo en X.
Los críticos con Junqueras hablan de que el pacto de la bilateral Generalitat-Estado es "una tomadura de pelo", porque no se acopla a lo acordado el año pasado y se habla de "gestión" de impuestos, no de soberanía
Mismo parecer de la exconsellera Dolors Bassa, que se mostró "enfadada y angustiada". "Ni lo que pactaron ERC y el PSC para la investidura de Illa se cumple. Ni financiación singular, ni ordinalidad, ni bilateralidad, ni la llave de la caja. Ahora solo se habla de gestión". Helena Solà, cabeza de lista de Foc Nou, la otra candidatura que rivalizó con la de Junqueras y la de Godàs, también se mostró crítica: "Ya advertimos de que no se trataba de un acuerdo de investidura sino de legislatura. Que nos hipotecaba. No me sorprende, pero sí me indigna y mucho. Los valores republicanos, como el asamblearismo, se practican, no se predican". El exdiputado Jordi Orobitg, de la misma lista, también se acogía a la expresión de Forcadell: "Una tomadura de pelo".
El fuego interno en ERC obligó a Junqueras a moverse. Y eso que el lunes el portavoz adjunto del partido, Isaac Albert, decía que la música del acuerdo de la bilateral le sonaba "bien", aunque sí apreció falta de concreción y exceso de "escenificación" en el Palau de la Generalitat, donde las dos administraciones celebraron la bilateral. El dirigente republicano sí admitió que el principio de ordinalidad es "innegociable" y avisó de que no habrá nuevos pactos con Sánchez si no cumple con la financiación. Había pegas, pero el sentido general era que ERC daba oxígeno a Illa y a Sánchez.
La ordinalidad que solo aparece en el preámbulo
El acuerdo de Gobierno y Generalitat, aunque soliviantó a las comunidades del PP y también puso en contra a las dos del régimen común que lideran los socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, modula, y mucho, el texto que suscribieron hace un año PSC y ERC. Para empezar, porque el llamado principio de ordinalidad —es decir, que las comunidades que más aporten al sistema más reciban una vez se haya producido el reequilibrio territorial— no aparece en la parte dispositiva del texto, y cuando se menciona es para recordar que esa es la posición de Cataluña, no la asumida por el Ejecutivo.
El acuerdo de la bilateral modula, y mucho, el texto que suscribieron hace un año PSC y ERC. No aparecen plazos, y ya el Govern adelanta que no podrá asumir la recaudación de la campaña de la renta 2025
Tampoco aparecen plazos. Se indica que las dos administraciones trabajarán para que se puedan presentar las declaraciones de la renta del ejercicio 2025 ante la ATC y también que intensificarán la participación de esta, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de cara a la próxima campaña de IRPF, para "prestar un mejor servicio a los contribuyentes catalanes". El Govern ya ha adelantado que no podrá asumir el año que viene la recaudación del IRPF 2025 porque no tiene músculo suficiente: sus 839 funcionarios son muchísimos menos que los 4.400 que tiene la AEAT en la comunidad. Y la ATC pasaría de captar 5.000 millones a en torno a 30.000 solo con el IRPF. Pero es que es bastante probable que la reforma del modelo de financiación no pueda aprobarse porque ahora mismo no tiene los apoyos suficientes. Junts ya ha adelantado que "de ninguna de las maneras" respaldará la proposición de ley que se registre en el Congreso, porque defiende un verdadero concierto a la catalana y no un "acuerdo de mera gestión administrativa".
La indefinición del acuerdo de financiación singular, las críticas internas y la presión de Junts hicieron que Junqueras lanzara este jueves su advertencia diáfana: "No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal y, en particular, en la cuestión del IRPF, y también respecto al modelo de financiación". Más aún, "no puede haber compromisos futuros si el Partido Socialista y el Gobierno español incumplen los presentes". "No tiene ningún sentido negociar unos Presupuestos si el PSOE y el Gobierno impiden que Cataluña disponga de aquello que necesita y de aquello que merece", manifestó el líder de ERC, que recordó que el modelo de financiación lleva caducado desde hace 11 años. Desde 2014.
No puede haber compromisos futuros si el Partido Socialista y el Gobierno incumplen los presentes, no tiene ningún sentido negociar unos Presupuestos si el PSOE y el Gobierno impiden que Cataluña disponga de lo que necesita y merece", sostiene Junqueras
En el Govern sí se sienten más urgidos por tener unas nuevas cuentas autonómicas, porque las vigentes, las de 2023, las aprobó el anterior president, el republicano Pere Aragonès, aunque con los votos del PSC. Es decir, son heredadas de la anterior administración catalana. En el equipo de Illa añaden que le hacen falta unos nuevos Presupuestos para poder disponer de 4.000 millones de euros anuales. De conseguir amarrarlos, el dirigente socialista se garantizaría además poder acabar la legislatura con cierta tranquilidad. En un año de mandato, Illa se ha asentado como president: como demostraba la última oleada del CEO, el CIS catalán, el PSC continúa en cabeza (40-42 diputados, por los 42 actuales). Junts bajaría de los 35 escaños actuales a los 28-30, ERC subiría de 20 a 21-23 actas, el PP se estabiliza (14-15), con Vox muy cerca (12-14) y con una Aliança Catalana, el partido de ultraderecha independentista, que podría quintuplicar sus resultados de 2024, al pasar de dos a 10-11 escaños, adelantando a los comunes (5-6) y a la CUP (3-4).
Las dificultades de aprobación
En el PSC, por ahora, mantienen la calma y creen que no todo está hecho. "El giro de Junqueras obedece, creemos, a temas internos de ellos. No todos en ERC estarán contentos, eso es normal. Han de mantener sus propios equilibrios. Lo de que no tendremos Presupuestos es un tema prematuro. Nosotros trabajaremos para que los haya y creo firmemente que los habrá. Es pronto para hablar de más propuestas. Es un proceso aún largo de negociación", aseguran fuentes del núcleo duro del PSC.
No todos en ERC estarán contentos, eso es normal. Han de mantener sus equilibrios. Lo de que no tendremos Presupuestos es un tema prematuro. Trabajaremos para que los haya y creo que los habrá. Es pronto para hablar de más propuestas", señalan en el núcleo duro del PSC
Pero el problema añadido que tiene el Govern es que ni siquiera está claro que el modelo pueda aprobarse. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí podría sacar la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), porque Hacienda dispone de entrada del 50% de los votos y le basta con el apoyo de una sola comunidad, en este caso Cataluña, aunque sería muy arriesgado alumbrar un sistema con el no del resto de CCAA. Pero luego llegaría la prueba del Congreso, y ahora mismo Montero no tiene números, no solo por la oposición de Junts —y sus siete votos son imprescindibles—, sino también por el rechazo de Compromís y Chunta, ambos integrados en Sumar, que exigen al Gobierno que resuelva también la infrafinanciación que sufren sus comunidades, Valencia y Aragón. Y Podemos también siente recelos. "Todo era muy difícil o imposible y al final todo ha ido saliendo. Cada cosa en el momento que toque. Ya veremos si sale o no", sostienen desde las alturas del PSC.
"Es que aquí todos están apretando. ERC y Junts para conseguir más y fuera de Cataluña para que no se haga —valoran por su parte en el Govern—. Habrá que limar muchas asperezas. De todos modos, una cosa es impulsar el cambio del modelo y arrancar un acuerdo al Gobierno y otra es que el Congreso te lo apruebe. Pero ahí ya no depende de nosotros solo". En el Ejecutivo recuerdan, no obstante, que faltan todas las cifras: la consellera de Economía, Alícia Romero, espera recibir los informes técnicos del grupo de expertos que le asesora para "septiembre u octubre". Y, con ellos, se seguirá la negociación con Hacienda. "En cualquier caso, aunque se empezará a trabajar en ello, el año que viene todavía no se podrá asumir la recaudación del IRPF. Lo que se firmó el lunes en la bilateral cumple el acuerdo con ERC porque es un pacto para sentar las bases de un nuevo sistema de financiación, y ahora hay que seguir trabajando", añaden desde el equipo de Illa.
En el caso del Gobierno, la pendiente hacia los Presupuestos Generales del Estado ya estaba muy empinada. Casi impracticable. Sánchez no ha logrado sacar adelante ningunas cuentas en esta legislatura por la dificultad de casar los intereses de sus socios, a izquierda y derecha. Pero en la Moncloa han venido insistiendo en que, aunque perseguirán disponer de unos nuevos PGE, los vigentes, los de 2023, están demostrando que permiten a la economía crecer sin problemas y además acomodan los fondos europeos. Montero no solo tiene difícil conseguir el sí de ERC y Junts. Cada vez da mayores síntomas de distanciamiento Podemos, que ya ha advertido de que no avalará ningún aumento del gasto militar, y Hacienda necesita consolidar la inversión del 2% que se ejecutará en 2025 para los años posteriores.
Ya la aprobación de las cuentas del Estado para 2026 se presentaba muy complicada, no solo por Junts y ERC sino también por Podemos, que promete no apoyar ningún aumento del gasto militar
En el Ejecutivo recetan prudencia, adelantan que queda mucho aún por hablar y por negociar. La vicepresidenta primera ni siquiera ha presentado aún el nuevo techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Previsiblemente, lo dejará para septiembre, aunque el camino será igual de incierto, y las palabras de Junqueras no hacen sino certificar que tener unos Presupuestos nuevos será una empresa casi imposible para Sánchez en esta legislatura. Se suma, además, la incertidumbre del caso Cerdán. Los socios ya lanzaron avisos serios al presidente la semana pasada en el pleno. No le abandonan, no votarán una moción de censura del PP (con Vox como compañero imprescindible), no piden una cuestión de confianza, pero sí que han avanzado que si el caso escala el fin del Ejecutivo puede acercarse.
Con unas nuevas cuentas, el propósito de Sánchez de llegar a 2027 sería más alcanzable. Sin ellas, el escenario se oscurece, pero entre quienes conocen mejor al líder socialista señalan que podrá continuar hasta el final incluso sin Presupuestos. Porque la economía marcha bien y la ley de 2023 le permite funcionar sin estrecheces. Pero hacer cábalas en un mandato tan duro para los socialistas se convierte en una misión tal vez temeraria.
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