"Es una exageración", "es todo un disparate, van a pelo". El Gobierno encajaba este martes con sorpresa y también indignación la última decisión del Tribunal Supremo: no tanto la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, con la que ya contaba, sino la fianza de 150.000 euros que le impuso y que deberá depositar en un plazo de cinco días. Para el ala socialista del Ejecutivo, es una prueba, otra más, creen, de la "batalla" política que hay detrás, de cómo una parte de la Justicia sí tiene enfilado al presidente, Pedro Sánchez, y a su entorno.

La cifra, los 150.000 euros, que también ha sorprendido en el mundo judicial, es lo más destacado, la novedad, del auto del Supremo conocido este martes, el que abre la puerta a una de las vistas con más carga política de la democracia, dado que será la primera vez que se siente en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado. Con su resolución, no recurrible, el instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado envía a juicio oral a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos en el caso de fraude fiscal y falsedad documental que pudo haber cometido Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El auto no es recurrible e impone un plazo de 10 días al abogado de García Ortiz para que presente escrito de defensa frente a las acusaciones, que piden para él entre cuatro y seis años de cárcel. Y le impone una fianza de 150.000 euros a pagar en cinco días

Hurtado da al jefe del ministerio público un plazo de 10 días para que su abogado presente su escrito de defensa frente a las acusaciones, que piden para él entre cuatro y seis años de cárcel. No le suspende de sus funciones, como quería la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, porque la regulación que existe y que permite acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por la vía administrativa no afecta, en cambio, al fiscal general del Estado. Hay un "vacío legal", entiende el magistrado, pero no obstante remite su caso a la Inspección Fiscal para que resuelva como estime.

El juez fija esa fianza de 150.000 euros para García Ortiz para afrontar sus responsabilidades pecuniarias, es decir, a la responsabilidad civil (la indemnización a González Amador o las costas, por ejemplo), que le pudiera corresponder en caso de que finalmente fuera condenado. Si no la entrega en un plazo de cinco días, se le embargarán sus bienes para asegurar esa cantidad. La pareja de Ayuso reclamaba una indemnización de 300.000 euros por perjuicios morales, pero el instructor considera excesivo ese montante.

En el Gobierno sí esperaban la resolución, porque ya se sabía que saldría después del acto de apertura del año judicial, que se celebró el viernes pasado. Pero la sorpresa ha sido la cuantía. "Un disparate", "una exageración", "denota la batalla política" de fondo, aseguran distintos ministros

En el corazón del Ejecutivo, ya esperaban el auto de apertura de juicio oral. Era el paso siguiente y el obvio, recuerdan, una vez que la Sala de Apelación respaldó en julio, con el apoyo de dos magistrados y el voto discrepante de un tercero, la decisión de Hurtado de enviar a García Ortiz al banquillo. En el Gobierno, igual que en el mundo de la Justicia, daban por hecho que el Supremo dejaría pasar el acto solemne de apertura del año judicial, celebrado el pasado viernes y en el que intervino el propio fiscal general, para firmar el auto de juicio oral. Y lo hizo este martes. "Era lo esperable. Pero la sorpresa ha sido la fianza", indican fuentes muy próximas a Sánchez.

Distintos miembros del Gabinete, en privado, manifiestan ese mismo estupor y enfado con la elevada fianza impuesta por el instructor. Un ministro califica la cuantía de 150.000 euros de "exageración". Otro, de "disparate". "Lo que denota es la batalla política que hay detrás", añade otra integrante del Gobierno, "si por decir la verdad hay que sentarse en el banquillo, nos lo tenemos que hacer mirar". Desde la Moncloa dan un dato para dimensionar la cuantía pedida al fiscal general: el Supremo condenó en 2019 a los cinco agresores sexuales del caso de La Manada a abonar colectivamente a la víctima de violación múltiple a 100.000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

El voto particular del magistrado discrepante

El Ejecutivo sigue defendiendo a capa y espada la "inocencia" del fiscal general del Estado, y ha manifestado su coincidencia de argumentos con el magistrado de la Sala de Apelación que no compartía la tesis de sus otros dos compañeros de que había que procesar a García Ortiz, porque entendía que no había indicios sólidos. "No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado", aseguró el juez discrepante Andrés Palomo. "Es que no sé qué secretos ha revelado", ironiza un ministro que, como considera el conjunto del Gabinete, no ve que el alto tribunal haya soportado con pruebas la acusación al jefe del ministerio público.

Van [en el Supremo] a pelo, con toda la fuerza. ¿Podría acabar este caso en una sentencia condenatoria? Pues no me sorprendería nada", apunta un miembro del Gabinete de Sánchez

"[En el Supremo] van a pelo, con toda la fuerza. ¿Podría acabar este caso en una sentencia condenatoria? Pues no me sorprendería nada. En otro momento, me habría sorprendido, pero ahora no me extrañaría. Es todo un disparate", denuncia otro prominente miembro del Ejecutivo.

La noticia del auto de Hurtado se conoció mientras estaba en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, manifestó primero el "máximo respeto" a la resolución del Supremo. Y a continuación reiteró que el Ejecutivo mantiene "la confianza" en García Ortiz "y, por supuesto, también en su inocencia". "Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por lo tanto, todo respeto, como le digo, a esta resolución y también, con las mismas, toda la confianza hacia el fiscal general del Estado", remachó la ministra.

El Ejecutivo vuelve a manifestar su "total confianza" en el fiscal general y en su inocencia, y también recalca su "confianza en los magistrados del TS que van a juzgarle". "El Estado de derecho funcionará seguro", indica el ministro Bolaños

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subrayó en los pasillos del Senado, a preguntas de los periodistas, su "total confianza" en García Ortiz y su "total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle". "Dejémosles trabajar, porque el Estado de derecho funcionará seguro", acabó, dando a entender que al final se impondrá la tesis, defendida por el Ejecutivo, de que no hay pruebas de que el jefe del ministerio público filtró el correo que el letrado de González Amador se cruzó con el fiscal encargado de su caso para demostrar que fue el primero, y no al revés, el que buscó un pacto de conformidad con la Fiscalía para eludir la cárcel.

Un juicio previsto para noviembre

Sin embargo, en el Gobierno hay quienes empiezan a ver que es posible que el juicio, que se espera que arranque en noviembre y se prolongue pocos días por su sencillez, acabe en una sentencia condenatoria. Y eso sería un mazazo no solo para García Ortiz, sino para el propio Ejecutivo que ha sacado la cara por él en todo momento y que considera que él es de las últimas barreras que protege al propio presidente Sánchez, y que por tanto no puede ceder esa pieza a la derecha. El Gobierno no puede legalmente destituir al fiscal general del Estado, pero si quisiera sí podría presionarle para que dimitiera. No lo ha hecho en ningún momento, y él también se ha negado a dar un paso atrás. "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman —aseguró el pasado viernes en el acto de apertura del año judicial—. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

El ministro más expresivo, Óscar Puente: "A mí me parece excesivo todo. Comparto el criterio del voto particular del magistrado del Supremo que dice que a se lo va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba"

El titular de Transportes, Óscar Puente, fue el miembro del Ejecutivo más expresivo, el que mejor dejó traslucir la irritación del conjunto del Gabinete. Cuando los periodistas le preguntaron en la Cámara alta si le parecía excesiva la fianza impuesta a García Ortiz por el instructor, su contestación fue diáfana: "A mí me parece excesivo todo. Comparto el criterio del voto particular del magistrado del Supremo que dice que a este señor se lo va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba".

La decisión del TS muy probablemente aflorará este miércoles en la primera sesión de control del curso político en el Congreso. Un pleno que arrancará apenas hora y media antes de que la esposa del presidente, Begoña Gómez, comparezca por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, esta vez como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, en la Moncloa. Una citación que ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid por la propia Gómez, igual que la decisión de Peinado de recabar sus correos desde 2018, desde que su marido llegó al poder.

"Hay jueces que hacen política", afirmó el pasado 1 de septiembre Sánchez en TVE, ante la periodista Pepa Bueno. Una valoración de la que no se apean en el Gobierno incluso después de que la censurara, el viernes pasado, la presidenta del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló —rechazó las "inoportunas" e "insistentes descalificaciones" a los jueces—. "Lo de este miércoles es un paso más en la cacería judicial contra la familia del presidente del Gobierno y que busca su destrucción personal. Un paso más en un proceso que creemos que responde a una persecución política y judicial a la familia de Sánchez", recalcan con dureza desde la Moncloa.

Este miércoles, comparece de nuevo ante el juez Peinado la mujer de Sánchez. Es "un paso más en un proceso que es una persecución política y judicial a la familia del presidente", valoran en la Moncloa

La irritación, la tensión entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y la Justicia, está en máximos en esta legislatura, en máximos en la reciente historia democrática del país. Y puede ir a más si la sentencia que afecte al fiscal general, la decisión final que en principio está más próxima en el tiempo, es adversa para él mismo y para el Gobierno.