En las últimas horas, el Gobierno ha logrado mover varias piezas en su intento de recuperar la estabilidad con sus socios. Ha cerrado un acuerdo muy trascendente con Podemos para la regularización de unos 500.000 inmigrantes, y con ello amarra los apoyos de sus cuatro diputados en el Congreso, fundamentales en cualquier votación. Pero con esa entente, anunciada por los morados ayer lunes (y por sorpresa), el Ejecutivo también se acerca, de facto, a otro objetivo: la delegación de las competencias migratorias a Junts, cuya redacción cerró con los posconvergentes hace un año y que fracasó en su paso por la Cámara baja precisamente porque Podemos rechazó el texto. Ahora, la posibilidad de que esa iniciativa sí salga adelante está más presente que nunca: la formación de Ione Belarra se abre a negociarla, Junts da la bienvenida a ese cambio de posición y la Moncloa, mientras, se muestra prudente aunque insiste en que su objetivo es cumplir con los acuerdos con todos sus socios. Sin dar nada por sentado, claro, precisamente para no soliviantar a su aliado más rebelde, Carles Puigdemont.

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La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, detalló los extremos del consenso rubricado con Podemos en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de este martes. En síntesis, lo que hizo el Gobierno fue iniciar la tramitación urgente del real decreto que reformará el reglamento de extranjería y que permitirá que medio millón de inmigrantes que estuvieran ya en España antes del 31 de diciembre de 2025 puedan tener documentos legales, siempre que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en nuestro país. El texto no necesitará del refrendo parlamentario. Según explicó Saiz, el Ejecutivo calcula que las peticiones podrán comenzar a registrarse en abril y la ventanilla quedará abierta hasta el 30 de junio de 2026. El plazo de tramitación será, como máximo, de tres meses, pero ya con la admisión a trámite de las solicitudes, que deberá resolverse como mucho en 15 días hábiles, las personas podrán empezar a trabajar de manera provisional "desde el primer día". Y eso, dijo la ministra, "beneficia al trabajador" pero también a las empresas, que "ganan seguridad jurídica".

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Las peticiones podrán registrarse a partir de abril y hasta el 30 de junio de 2026. El plazo de tramitación será de tres meses aunque la admisión de la solicitud deberá resolverse en 15 días

Aquellos que participen en el proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Pasado ese plazo, los afectados podrán incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de la Ley de Extranjería y eso permitirá una "integración plena y progresiva en el sistema". La regularización alcanzará también a los solicitantes de asilo y a los hijos menores. En este caso, el permiso será de cinco años. El objetivo es que el procedimiento sea "sencillo" en su diseño, para "romper barreras burocráticas del pasado", y por eso se pondrán todo tipo de facilidades.

El acuerdo con Podemos, según relató la líder de la formación, Ione Belarra, anoche en Hora 25 (Cadena SER), se cerró este fin de semana y es fruto de una intensa negociación mantenida con su interlocutor habitual, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pero esta puerta abre, en principio, más puertas. Y la más obvia es con Junts. Los morados tumbaron en septiembre la delegación de las competencias migratorias a Cataluña por considerarlo un texto "racista".

Irene Montero reconoce que hay "algo a cambio" del real decreto de regularización masiva que Podemos deberá asumir, pero que aún no puede revelar. La iniciativa con Junts se pulirá para que no tenga pasajes "racistas", ni en el texto ni en el preámbulo

Ahora, se ofrecen a discutirlo. Lo reconoció Belarra y esta mañana también, en SER Catalunya, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero. El pacto con el PSOE, admitió, incluye una contrapartida que deberá asumir su partido pero que no quiso desvelar: "Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa". Montero sí explicó que Podemos está dispuesta a negociar la delegación de competencias migratorias a Cataluña, "modificando" el texto que consensuaron el PSOE y Junts (y que los morados bloquearon en el Congreso) para que "no tenga ningún contenido racista", no solo en la exposición de motivos, sino también en el articulado, informa EFE. "Siempre hemos reclamado poder tener las competencias de inmigración en Cataluña y lo que teníamos es que Podemos nos vetaba. Ahora mueven su posición, bienvenidos sean, ya tendrían que haberlo hecho desde el primer momento", aseguró por su parte Salvador Vergés, portavoz de los posconvergentes en el Parlament, este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Todo, pues, parece confluir en lo mismo, en que el Ejecutivo logrará desatascar una iniciativa que era capital para Puigdemont y que perseguía insistentemente. Pero en público y en privado la Moncloa respondió con prudencia: "Somos el Gobierno del diálogo, el Gobierno del acuerdo, y además acuerdos que cumplimos se alcanzan con total transparencia", señaló Saiz. "Vamos partido a partido, pero siempre encontrando espacios de confianza, espacios de acuerdo para mejorar la vida de la gente, como como el que hemos traído hoy a este Consejo de Ministros", agregó. La portavoz no quiso ser más explícita: los acuerdos se cumplen cuando "se materializan del todo", y el Gobierno "trabaja" para cumplir esos compromisos con los grupos.

En la Moncloa insisten en que son el Gobierno del "diálogo" y del "acuerdo". Trabajan para hacer posible la delegación de competencias, pero recuerdan que la interlocución con Junts está rota

Fuentes de la Moncloa apuntaban que esa reconstrucción de puentes con Junts no es, sin embargo, ni tan rápida ni tan obvia. La interlocución está "rota" desde el pasado octubre, y por tanto no existen canales oficiales de diálogo. "Trabajamos en ello [en hacer posible la delegación de competencias a Cataluña], pero no es todo tan sencillo", recuerdan en el núcleo duro del presidente, Pedro Sánchez, cuando se les pregunta si pronto podrá retomarse la tramitación de la proposición de ley que hace un año acordaron PSOE y Junts y que ahora Podemos se abre a negociar para pulir sus aspectos más "racistas".

Saiz calificó el de este martes como un día "histórico", en el que se recupera el "espíritu" de la iniciativa legislativa popular, que ha estado "demasiados meses" bloqueada en el Congreso, sin que se pudiera tramitar por la oposición de las derechas, pese a que en su admisión a trámite, en abril de 2024, solo Vox se opuso.

La portavoz sostuvo que el futuro real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes tiene "tres legitimaciones". En primer lugar, la política, porque la ILP contaba con 700.000 firmas de apoyo y solo la ultraderecha se opuso a su tramitación hace casi dos años. Dos, la económica, por el respaldo de los agentes sociales. Y tres, la legitimación social, por el diferente perfil de los impulsores y también de quienes han defendido la medida, empezando por la Iglesia. Este martes, la Conferencia Episcopal la aplaudió sin ambages: "Consideramos que es un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular".

Saiz subraya que la normalización administrativa de medio millón de inmigrantes cuenta, entre otros, con el apoyo de la Iglesia y los agentes sociales, y que se trata de "dignificar" a los que están ya aquí

Lo que está haciendo el Gobierno, dijo Saiz, es "no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país, y dar respuesta a una realidad", con la "coherencia" de la política migratoria del Ejecutivo, que pone "en el centro los derechos humanos y que trabaja por una migración regular, ordenada y segura".

La apuesta de Pedro Sánchez, en ese sentido, es diáfana. En un momento de repliegue, de cierre de fronteras, en el que la derecha y en mayor medida aún la ultraderecha preconizan discursos muy duros contra la inmigración, España lanza el mensaje contrario. Muy distinto al de otros países europeos. De regularización extraordinaria, de puertas abiertas, de "dignificación" de las condiciones de vida de quienes ya están en nuestro país. España "pretende ser y de hecho es un faro que guía a muchos países", señaló la portavoz, para añadir que buena parte del desempeño de la economía española y de las cifras de empleo —este martes, la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimeste de 2025 reveló que la tasa de paro está por debajo del 10% por primera vez en 17 años— es atribuible a la política migratoria del Ejecutivo y al "aporte" de la población extranjera, más de un 14% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Sánchez presume de su política migratoria y hace una apuesta en sentido contrario al de otros países europeos y en pleno auge de la ultraderecha: España pretende ser "faro", "semilla y germen para luchar contra el avance de la ola ultraderechista"

"Quiero pensar que vamos a ser semilla y germen para luchar contra el avance de esa ola ultraderechista que intenta abrirse paso y contra en que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla, con coherencia, con valores y con lo que ha sido siempre nuestro país, un país que tiene memoria, un país que ha sido emigrante, que hoy es un país de oportunidades", sentenció la portavoz, en línea con lo que ya había manifestado Sánchez el pasado domingo en un mitin de campaña en Huesca, junto a la candidata en Aragón de su partido, Pilar Alegría: España, dijo, es la "semilla de una nueva Europa".

El PP, que apoyó en 2024 la toma en consideración, viró su discurso y lleva meses, por su competencia con Vox, claramente en contra de la regularización extraordinaria. El lunes, calificó el acuerdo con Podemos de "cortina de humo para no hablar del accidente de Adamuz". "La disyuntiva para el PP es clara: ¿está con la sociedad, la Iglesia y la CEOE, o está con Vox?", le preguntó Saiz este martes en La hora de La 1 (TVE). En cualquier caso, el real decreto no necesitará de la convalidación del Congreso. Pero el apoyo de los morados permite a Sánchez ir recomponiendo su mayoría de investidura en la recta final de este mandato.