El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando han sido llamados este lunes como testigos por el juez Eduardo Zamarriego en el marco del 'caso fontanera'. El magistrado investiga a la exconcejal socialista Leire Díez por, presuntamente, reunirse con fiscales y empresarios para ofrecerles privilegios. Su finalidad era obtener información que pudiera torpedear las investigaciónes que afectan al PSOE.

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El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid llamó a Cerdán y Hernando tras escuchar a Díez y al empresario Javier Pérez Dolset, que también participó en esos encuentros, y está igualmente imputado. La 'fontanera' declaró que se reunió dos veces con Cerdán en la sede del PSOE en la calle Ferraz en abril de 2024 y que, en al menos una ocasión, acudió acompañada de Dolset y la periodista Patricia López, a quien señaló como la intermediaria con Cerdán.

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Dolset explicó que las reuniones en la sede de los socialistas se produjeron durante dos días consecutivos y que en una de ellas estuvo presente Hernando, que por aquel entonces era adjunto al director de gabinete de Pedro Sánchez. La visita duró alrededor de 40 minutos, que sirvieron para que el empresario pudiera hacer entrega a los socialistas de varios audios del 'caso Villarejo'.

Díez siempre ha negado trabajar directamente para Ferraz y defendió que su labor se ceñía a actividades propias de periodista. También niega haberse reunido con el presidente del Gobierno, con quien sólo ha manifestado que coincidió en un mitin durante las primarias de 2017.

El magistrado investiga si Díez encabezaba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" orientada a recabar información comprometedora o irregular sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sobre fiscales de Anticorrupción, con el objetivo de "anular o malbaratar" investigaciones en curso que afectan a dirigentes políticos y empresarios.

Tanto Cerdán como Hernando están obligados a decir la verdad, dada su condición de testigos. Esto toma relevancia en el caso del exnúmero tres del PSOE, que tiene otra causa penal abierta en los juzgados de Madrid después de presuntamente mentir en una Comisión de Investigación en el Senado en 2024, cuando dijo no conocer al exasesor ministerial Koldo García.

Cabe destacar que las declaraciones como investigados de Díez y Dolset se produjeron antes de que el Instituto Armado detuviera a la primera en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos amaños sobre contratos públicos de la SEPI en los que habría estado implicada la 'fontanera'. En aquella operación fueron detenidos el socio de Cercán y dueño de la empresa Servinabar, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Reuniones con fiscales

La Fiscalía identifica al menos cuatro reuniones clave para el 'caso Fontanera'. La primera tuvo lugar el 25 de febrero en un despacho de abogados de Madrid, donde la exmilitante socialista trató de convencer, "a cambio de favores procesales", al empresario Alejandro Hamlyn para que le facilitara información sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas.

La segunda se produjo dos días después, el 27 de febrero, en el mercado de Barceló, en Madrid, entre el periodista Pere Rusiñol —también imputado en esta causa— y el fiscal José Grinda. Según la Fiscalía, Rusiñol le ofreció ventajas profesionales y económicas a cambio de datos que perjudicaran al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, señalando a Díez como garante de la operación.

La tercera reunión se celebró el 7 de mayo, cuando Díez y Dolset se entrevistaron con el fiscal Ignacio Stampa para ofrecerle, supuestamente en nombre del Gobierno, compensaciones vinculadas a distintos litigios pendientes relacionados con su situación profesional en Anticorrupción. El objetivo, según el Ministerio Público, era detectar presuntas irregularidades en informes policiales y actuaciones de fiscales anticorrupción.

Durante ese encuentro con Stampa, ambos llegaron a afirmar que Pedro Sánchez había ordenado una "limpieza" en el ámbito judicial tras el estallido de la causa que afecta a su esposa, Begoña Gómez, en abril de 2024, fecha en la que se produjeron las reuniones en Ferraz con Santos Cerdán.