La jueza que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada ha acordado elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal por la actuación del político el día de la catástrofe, que dejó 230 víctimas mortales. Aprecia una "absoluta negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia" por parte del dirigente del Partido Popular.

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Así consta en el escrito de la magistrada, al que ha tenido acceso El Independiente. Mazón continúa aforado, ya que tras renunciar a la presidencia autonómica conservó su acta de diputado en Les Corts. Por ello, la competencia para investigarle corresponde al Tribunal Superior de Justicia, que tendrá que pronunciarse al respecto. Ruiz sostiene que existe un "nexo causal" entre esta presunta "inactividad negligente" y la muerte de personas por falta de avisos a la población.

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La instructora subraya que la DANA "no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que había sido anunciada con días de antelación, y recalca que la investigación debe extenderse al entonces jefe del Consell por su posición de garante y por las funciones de coordinación que le atribuye la normativa en materia de protección civil. Sostiene que la responsabilidad que puede derivarse no es política o moral, sino penal.

La magistrada narra dos escenarios igualmente "indicativos de una negligencia clara": que Mazón diera órdenes a través de su jefe de gabinete en relación con el envío del ES-Alert —discutiendo, entre otras cuestiones, el alcance territorial del mensaje o la procedencia del confinamiento— o que permaneciera "totalmente ajeno" a lo que estaba ocurriendo en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Explica que en ambos casos se evidencia una grave falta de dirección y coordinación durante el momento más crítico de la emergencia.

A lo largo de la instrucción, la togada ha ofrecido a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente en varias ocasiones, opción que el exjefe del Consell ha rechazado siempre. Por el momento, las únicas personas que permanecen investigadas por la gestión de la catástrofe son la exconsejera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

"La negligencia se prolongó durante largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable, sin que se tomaran decisiones básicas, con una falta de coordinación en la Administración Autonómica presidida por Mazón", describe la juez, que aprecia indicios contra el expresident en el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta de interacción con los responsables autonómicos".

La decisión de Ruiz se produce en una jornada en la que la instrucción ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad política y judicial, después de que OKDiario publicara este martes unos audios en los que, supuestamente, se escucha al marido de la jueza —también magistrado— participar en algunos de los interrogatorios a víctimas. Uno de los abogados personados en la causa, Rubén Gisert, se ha querellado contra la magistrada y ha pedido que sea apartada tanto de la instrucción. También pide la expulsión y la de su marido de la carrera judicial.

La instructora denunció el pasado mes de septiembre una campaña en su contra, después de que el abogado de Argüeso "insinuara" en un escrito que el procedimiento estaba siendo dirigido en la sombra por su marido. De hecho, llegó a abrir una pieza separada para investigar al letrado. "A través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repiten y difunden informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria", aseguró Ruiz, quien también denunció la publicación de artículos con un marcado "machismo atroz".

La semana pasada, la defensa de Pradas pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que diera un impulso a la resolución de las quejas pendientes que presentó en su día contra la instrucción de la juez, a la que acusa de falta de imparcialidad. La primera queja se retrotrae al 14 de mayo.