Tragsatec vuelve a escena bajo la lupa de la trama Forestalia. La empresa pública está en el centro de la investigación que el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel dirige por la presunta tramitación irregular de proyectos en el sector de las energías renovables. Un entramado "realmente complejo" que, según los investigadores, habría eludido los controles internos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y colocado a Tragsatec al servicio del exsubdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, favoreciendo a Forestalia en la obtención de proyectos millonarios.

PUBLICIDAD

La compañía ya había sido una de las protagonistas en el 'caso Koldo' por la presunta contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según recoge en un auto del pasado noviembre el instructor de esta causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, Rodríguez empezó a trabajar en Tragsatec el 2 de marzo de 2021 "sin haber pasado ningún procedimiento de selección relevante". Allí permaneció hasta el 1 de septiembre del mismo año, cobrando casi 1.200 euros al mes y, según consta en el escrito, "sin haber acudido un solo día" a su puesto de trabajo.

PUBLICIDAD

En la trama que investiga ahora el Juzgado turolense, Tragsatec aparece como un elemento clave del "sistema de tramitación paralelo" que, según la Guardia Civil y el juez, Eugenio Domínguez habría creado para favorecer a Forestalia durante la etapa en la que la actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dirigía el departamento.

Según se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) al que ha tenido acceso El Independiente, el papel de Tragsatec habría cambiado sustancialmente durante la etapa de Domínguez al frente de la Subdirección, pasando de ser un "apoyo opcional" a la "herramienta central" para tramitar los proyectos de Forestalia. Así, el ex alto cargo de Ribera habría utilizado a esta empresa pública como su propia "guardia pretoriana", con un equipo de técnicos que elaboraba informes ya redactados para su firma, "consolidando un circuito de trabajo cerrado" y que dejaba al margen a consejeros y funcionarios del Ministerio.

Los investigadores sostienen que Domínguez llegó a asumir personalmente la práctica totalidad de los expedientes de energías renovables vinculados a Forestalia, una situación que técnicos del propio Ministerio calificaron de "extraordinaria" por apartarse del reparto habitual de trabajo. Esta "autoasignación" de proyectos permitió crear una especie de "caja negra" administrativa: los expedientes desaparecían del circuito ordinario de supervisión y quedaban concentrados bajo el control de Domínguez, que actuaba simultáneamente "como gestor y supervisor" del proceso.

Así, el que fuera subdirector de Evaluación Ambiental llegó a controlar la tramitación de hasta 52 proyectos renovables en las provincias aragonesas de Zaragoza y Teruel. Según las sospechas de la UCOMA, esta estructura habría permitido que Domínguez cobrase 5,2 millones de euros por estas gestiones, aunque no descartan que se produjeran más ingresos.

Así, el que fuera subdirector de Evaluación Ambiental llegó a concentrar bajo su control la tramitación de hasta 52 proyectos de energías renovables en las provincias aragonesas de Zaragoza y Teruel. Según las sospechas de la UCOMA, este sistema habría permitido a Domínguez percibir al menos 5,2 millones de euros por su intervención en los expedientes, una cifra que los investigadores no descartan que pudiera ser incluso mayor.