La Audiencia de Madrid descarta crear una macrocausa en el 'caso residencias'

La Audiencia Provincial de Madrid ha descartado unificar las causas judiciales abiertas por los fallecimientos de ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por las familias, por lo que cada caso seguirá su curso en decenas de juzgados de toda la región en lugar de agruparse en una macrocausa.

En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, la Sección Primera confirma el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que rechazó acumular en su causa las diligencias que también se siguen en los juzgados de otros municipios madrileños, como Navalcarnero, Valdemoro o Collado Villalba.

La magistrada instructora sostenía en su resolución que cada procedimiento se refiere a una víctima distinta y está marcado por circunstancias médicas, asistenciales y personales específicas que deben analizarse de forma individualizada. "De ahí que no se acceda a la acumulación de pretendida", precisa.

Ahora, los magistrados de la Audiencia consideran que en este caso no concurren las circunstancias de conexidad que exige la ley. Aunque señalan que coinciden tres de los investigados en la mayoría de las denuncias —como son los tres exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca—, en otras hay otros imputados.

Al respecto, destaca la Sala que los sujetos pasivos son diferentes con padecimientos distintos, por lo que resulta "imprescindible analizar en cada caso las circunstancias diferentes".

"Ni siquiera a efectos prácticos sería conveniente la acumulación, pues lo cierto es que dada la existencia de múltiples querellas y denuncias a las que pueden agregarse más, el conocimiento de todas ellas en una misma causa añadiría más complejidad, dilataría más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto".

La posible unificación de los procedimientos respondía a la petición de familiares de las víctimas, asociaciones y Fiscalía, que defienden que una macrocausa permitiría analizar de forma conjunta los hechos y depurar responsabilidades con mayor coherencia.

En esta línea, el Ministerio Público calificaba la actual de "caótica" y perjudicial tanto para las víctimas como para los investigados, mientras que las familias sostuvieron que todos los procedimientos comparten un mismo elemento central: que a los fallecidos se les habrían aplicado los llamados protocolos de no derivación hospitalaria desde las residencias durante la primera ola de la pandemia.

Según defendían en su recurso, la fragmentación de los procedimientos dificulta investigar el origen y la aplicación de esas decisiones y obliga a los implicados a declarar repetidamente en distintos juzgados por los "mismos" hechos.

La denuncia de 109 familias

El origen de este escenario se remonta a octubre de 2024, cuando 109 familias de fallecidos presentaron, a través de la asociación Marea de Residencias, una denuncia colectiva ante la Fiscalía. La querella señalaba al que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Viú; a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo; al exasesor sanitario Antonio Burgueño; y al responsable del servicio de ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca, atribuyéndoles una "política discriminatoria" en el acceso a la sanidad. 

Según recoge el escrito de la jueza Durántez, la Fiscalía optó entonces por desglosar las actuaciones e incoar diligencias respecto a cada uno de los denunciantes por separado, remitiéndolas a los juzgados donde ya se tramitaban procedimientos relacionados con cada fallecimiento. El delito que centra la mayor parte de las investigaciones es el denegación discriminatoria de un servicio público.

Fue en ese contexto cuando varios de esos juzgados comenzaron a remitir sus causas al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para su posible acumulación. Sin embargo, la magistrada titular rechazó asumir esos procedimientos al considerar que cada fallecimiento debía analizarse de forma individual y que una instrucción conjunta de todos los casos resultaría difícilmente manejable desde el punto de vista procesal.

Dos resoluciones de distintas secciones

La cuestión llegó entonces a la Sección 16ª de la Audiencia Provincial, que respaldó el criterio de la jueza y rechazó la inhibición planteada por otro juzgado, al entender que cada fallecimiento debía vincularse a sus circunstancias concretas. En su resolución, emitida en diciembre de 2025 y consultada por este periódico, los magistrados advertían además de que una investigación que pretendiera englobar todos los fallecimientos denunciados podría resultar "inabarcable".

No obstante, las familias recurrieron el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid con el apoyo de la Fiscalía, y esa cuestión es la que ha resuelto ahora la Sección 1ª de la Audiencia Provincial.