En el Día Mundial de la Salud asistimos a lo que desde Medicusmundi podemos definir como la 'ecuación letal': menos recursos para la cooperación y la ayuda humanitaria, más guerras activas que alcanzan máximos históricos y más ataques contra quienes cuidan, unido a la carencia de personal sanitario. Estos tres factores se están produciendo simultáneamente, y están dinamitando el derecho a la salud. El resultado es una crisis que ha dejado de ser coyuntural, pasando a ser crónica, y que supone el desmantelamiento programado del derecho a la salud para los más vulnerables.
Crecen los conflictos y las necesidades, pero la cooperación y la protección tanto a la población como al personal sanitario retroceden. ¿Qué significa hablar de “derecho a la salud” cuando recortamos la ayuda, bombardeamos hospitales y permitimos que falten millones de profesionales sanitarios?
La OCDE ya avisó de que la ayuda global cayó un 9% en 2024. Para 2025 y el ya en curso 2026, las proyecciones son de un desplome de hasta el 17%. Pero lo más sangrante es la salud. Se estima que la financiación sanitaria internacional podría reducirse en tres quintas partes respecto a la inversión de hace apenas tres años.
¿Qué significa a efectos prácticos la reducción de un 60% de la financiación sanitaria respecto al año 2022? Significa que un programa de tratamiento contra el VIH en un país de renta baja, que depende en un 80% de fondos externos, deja de entregar medicinas. O que la enfermera que hacía el seguimiento de la desnutrición en una aldea remota ya no tiene salario ni gasolina ni moto para llegar. O que no se podrán entregar mosquiteras impregnadas de insecticida antimalárico en las aldeas. O lo que viene a ser lo mismo en términos numéricos: según un estudio de ISGlobal, una caída abrupta de la Ayuda Oficial al Desarrollo podría provocar más de 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030.
En un mundo que todavía se cura las heridas de la pandemia global por el COVID-19, los países con mayores recursos (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania) han recortado sus presupuestos. Si en un principio se esperaban recortes brutales por parte de Estados Unidos, al final parece que no serán tan radicales.
Desde la salida de EEUU de la OMS, la administración Trump ha cambiado la forma de abordar la cooperación: a través de su nueva "Estrategia de Salud Global América Primero" busca reforzar su liderazgo en países africanos a través de la cooperación sanitaria. Los 11 países que a fecha de hoy han firmado acuerdos con EEUU son: Madagascar, Sierra Leona, Botsuana, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Eswatini, Liberia, Mozambique y Camerún. Los programas en los que trabaja son VIH/sida, tuberculosis, malaria, erradicación de la polio, salud materno-infantil y la preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas, como la del virus de Marburgo (similar al del ébola).
Estados Unidos era el mayor contribuyente de la OMS. Los motivos de su salida han sido acusaciones hacia la OMS como la ineficacia, mala administración y la falta de independencia. Pero, sobre todo, que no defendía sus propios intereses, los de Estados Unidos, ni consideraba claras las ventajas que obtenía por su contribución. Esta forma interesada de entender la cooperación ha arrastrado también a Argentina a abandonar la OMS y, sin duda, desvirtúa el sentido de lo que significa cooperación: confianza, apoyo, suma de esfuerzos y solidaridad para lograr resultados superiores a los que se obtendrían individualmente.
Geopolítica del horror: Cuando el hospital es el blanco
Si a la falta de dinero le sumas la violencia, el escenario pasa de crítico a catastrófico. Los datos de la Universidad de Uppsala (UCDP) son demoledores. En 2024 batimos el récord de conflictos activos desde el final de la Segunda Guerra Mundial: 61 conflictos con participación estatal. Pero lo que define esta era no es solo la cantidad de guerras, sino cómo se lucha en ellas.
Antes, los hospitales eran santuarios. De hecho, desde la Convención de Ginebra en 1949 está estrictamente prohibido atacarlos, y son considerados crímenes de guerra según el Estatuto de Roma. Pero hoy, en Gaza, Ucrania, Sudán, Myanmar y en Líbano, las instalaciones sanitarias se han convertido en objetivos estratégicos. Sólo en 2024, la coalición Safeguarding Health in Conflict registró 3.600 ataques contra la asistencia sanitaria. Es un aumento del 62% respecto a dos años antes.
Imagina ser un médico en una zona de conflicto. Tu jornada no consiste solo en decidir a quién operas primero con los pocos recursos que tienes, sino en mirar al cielo, esperando que la siguiente bomba no caiga sobre tu quirófano.
Cuando bombardean un hospital, no sólo destruyen ladrillos. Destruyen el lugar donde se salvaban partos complicados, donde se trataban neumonías infantiles, donde se daba esperanza y futuro. Matar a un médico o detener a una enfermera (más de 900 asesinados y 470 detenidos el año pasado) es condenar a muerte a miles de personas que ese profesional ya no podrá atender. Y esta violación flagrante del derecho internacional humanitario está ocurriendo a plena luz del día, ante nuestros ojos, y con una impunidad que asusta. Como consecuencia, muchos médicos han decidido dejar de ejercer en contextos bélicos por ataques directos, inseguridad y daños psicológicos. En Siria, el 50 % de los trabajadores sanitarios y el 95 % de los médicos que vivían en Alepo abandonaron el país desde 2011; en Irak, casi la mitad de los profesionales sanitarios emigraron desde 2014; en Nigeria, casi todos los trabajadores sanitarios huyeron de las zonas controladas por Boko Haram desde 2012, lo que provocó el cierre de 450 centros sanitarios.
La consiguiente escasez de personal sanitario tiene efectos devastadores en la prestación y el acceso a la atención sanitaria, no sólo durante los conflictos, sino también para la reconstrucción de los sistemas de salud cuando esa guerra termine, en la post-guerra. Cuando termina la violencia, sin profesionales suficientes, cualquier hospital reconstruido es sólo una cáscara vacía: no hay vacunación, ni atención primaria, ni programas de salud materna que funcionen. Por eso, protegerlos y garantizar sus condiciones para que puedan quedarse o regresar mañana es una inversión clave para reconstruir sistemas de salud tras la devastación.
Según los datos más recientes: según la coalición Safeguarding Health in Conflict, la OMS y Médicos sin Fronteras los ataques contra la atención sanitaria están alcanzando máximos históricos: más de 3.600 incidentes de violencia en 2024, y en 2025 hubo al menos 1.348 ataques contra instalaciones médicas, con cerca de 2.000 personas —entre pacientes y personal sanitario— asesinadas en contextos de guerra.
Hambre, agua insegura y enfermedades que se disparan
Los conflictos y el colapso de servicios arrasan también con lo más básico: agua y comida. En 2024, casi 300 millones de personas sufren niveles elevados de inseguridad alimentaria, según el Global Report on Food Crises. En territorios como Gaza, el 100 % de la población está expuesta a inseguridad alimentaria aguda; en países como Sudán, Nigeria, Myanmar o Haití, millones viven en fases de emergencia o catástrofe, con hambre y malnutrición extrema.
La combinación de hambre y agua contaminada abre la puerta a un estallido de enfermedades: diarreas, cólera, infecciones respiratorias, tuberculosis, malaria, desnutrición severa infantil. El mismo informe sobre crisis alimentarias advierte que los conflictos armados, las crisis económicas y los fenómenos climáticos, sumados a los recortes de financiación –especialmente de donantes clave–, seguirán alimentando estas emergencias. Y en un hospital que funciona al límite, un brote de cólera o un pico de casos de desnutrición aguda puede saturar las camas (si las hubiera) en cuestión de días. Sin suficientes enfermeras, sin antibióticos, sin sales de rehidratación oral, sin gasolina para ambulancias, cada retraso se traduce en vidas humanas que se apagan.
Salir del círculo vicioso
Todo esto se retroalimenta: recortes- conflictos-sanitarios- enfermedad. Romper el círculo exige tres compromisos básicos: frenar los recortes y priorizar la financiación de la salud pública, exigir el respeto absoluto del personal y las instalaciones sanitarias en todos los conflictos armados, y garantizar agua, alimentos y cuidados esenciales allí donde hoy sólo llegan bombas y destrucción.
La OMS impulsa medidas concretas enfocadas en protección, resiliencia y captación de fondos. Estas acciones buscan fortalecer los sistemas, proteger al personal y abordar aspectos como el agua y la nutrición. Aboga por el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que obliga a proteger personal médico, instalaciones y transportes sanitarios. Publica informes como In the Line of Fire para documentar ataques y llama a todas las partes en conflictos a respetar la salud como neutral, verificando incidentes y exigiendo investigaciones independientes.
En pleno siglo XXI, cuando pensábamos que avanzábamos en la consecución de la cobertura sanitaria universal, millones de personas están muriendo. Decidamos proteger de verdad la salud como un derecho en tiempos de paz y de guerra.
Por Carlos Mediano, responsable de estudios de medicusmundi, y Teresa Rosario,
responsable de Comunicación de medicusmundi
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