La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un cara a cara en la Asamblea regional tras defender que su Gobierno aplica la "racionalidad" en la gestión pública. En respuesta a las exigencias de Vox sobre la aplicación de la prioridad nacional en el acceso a las políticas públicas, la dirigente autonómica ha sido tajante durante la sesión de control al asegurar que en la región "nadie deja atrás a ningún español".
Durante el debate, Ayuso ha querido dejar claro que ninguna persona extranjera quita recursos a los ciudadanos nacionales, desmintiendo así los postulados de la oposición. Para argumentarlo, ha recordado que el Ejecutivo madrileño ya exige unos "mínimos de empadronamiento" para acceder a ayudas sociales vinculadas a la vivienda, el empleo o la maternidad, pero ha garantizado que existen ayudas "ilimitadas" para las madres y que en ningún caso van a "negar la cobertura sanitaria absolutamente a nadie".
El principal choque dialéctico se ha producido a raíz de los recientes pactos de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, acuerdos que sí contemplan el concepto de prioridad nacional defendido por el partido de Santiago Abascal. La portavoz de Vox en la Cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado a la presidenta que catalogue esta exigencia de "ilegal" en Madrid mientras sus compañeros de partido la asumen en otros territorios autonómicos.
En este sentido, la líder de Vox en Madrid ha lanzado un desafío directo y contundente: "¿Cuándo va a denunciar usted a su propio partido por haber reflejado una presunta ilegalidad en el acuerdo de gobierno?". Según ha argumentado Moñino, el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid a esta medida migratoria y social no responde a una verdadera "convicción jurídica", sino a la constante búsqueda de protagonismo y de titulares en los medios de comunicación.
La disputa, que se originó a partir de una pregunta sobre las políticas de juventud en la región, también sirvió para visibilizar modelos opuestos en materia de integración. Mientras Ayuso ha sacado pecho por las oportunidades que brinda su Administración a los jóvenes frente a las medidas del Gobierno central, remarcando que en Madrid están a favor de la "integración" y en contra de la "imposición cultural ajena", la portavoz de Vox le ha echado en cara que se niegue a priorizar a los jóvenes españoles.
El tenso cruce de declaraciones ha concluido con una clara advertencia de cara al futuro político e institucional de la región. Pérez Moñino ha asegurado que, tras las próximas elecciones autonómicas de 2027, la prioridad nacional terminará siendo una realidad en las instituciones madrileñas. A modo de sentencia, la portavoz de Vox remató su intervención asegurando que "lo que debería ser ilegal en España es no priorizar a los españoles".
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