Díaz llama a la "movilización social" por la caída del decreto de alquileres y exhibe las diferencias con el PSOE respecto a Junts

No hay duda de que el decreto de prórroga de los alquileres está ya sentenciado por el no de Junts y la abstención del PNV, así que la pregunta, como siempre ocurre tras una derrota del Gobierno, es qué ocurrirá ahora, si el Ejecutivo volverá a llevar al Congreso un texto similar aun a riesgo de que sea tumbado de nuevo. El grupo parlamentario de Sumar ya desliza esa opción, igual que se queja de que el ala socialista no se haya volcado en la negociación. Pero este martes, en la Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, optó por ser más prudente: no cargó las tintas con sus socios y advirtió de que desde el Gabinete se seguirá "trabajando" para buscar una salida al problema de la emergencia habitacional, una cuestión en la que coinciden desde el PSOE. Pero ella sí hizo algo más patentes las diferencias respecto a Junts, porque sí apostó por la transposición de una directiva europea que exonera del pago del IVA a los pequeños autónomos que facturen anualmente menos de 85.000 euros al año —una demanda recurrente de los posconvergentes—, mientras que el titular de Hacienda, Arcadi España, pide no mezclar negociaciones.

El pleno del Congreso matará este 28 de abril el real decreto ley de prórroga de alquileres y de limitación de la subida de la renta a un 2% que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de marzo en medio de la división entre los socios. Díaz, en la ronda de preguntas de los periodistas, pidió a los ciudadanos que sigan el debate, que vean la posición de los grupos respecto a una norma que es meramente "defensiva", "nada revolucionaria". "De esto es de lo que va hoy la votación. Va de colocarse del lado de una medida que ya ha entrado en vigor y que miles y miles y miles de ciudadanos han instado la renovación contractual manteniendo los precios que tenían fijados o de dejarla caer", sostuvo. "Nosotros hemos dicho que esta es una medida pequeña, útil y eficaz y que da esperanza a la ciudadanía", defendió.

Díaz evitó en todo momento responsabilizar al PSOE de no haberse volcado en la negociación: "No es el Gobierno de España responsable de lo que pase esta tarde, Es responsabilidad de quien tumba este decreto, que ya ha entrado en vigor [el 22 de marzo]. No es un sueño". La vicepresidenta advirtió de que precisamente este tipo de cuestiones, medidas de gran respaldo social pero que tropiezan con el muro del Parlamento, son las que generan "desafección ciudadana": "Esto es lo que alimenta a las extremas derechas, claro que sí".

Si deciden tumbar la norma, clamo a la ciudadanía que se organice, porque no hay batalla cuando se tiene sentido común y razón que no consiga avanzar después sin las Cortes", subraya Díaz

Pero el mensaje de Díaz, y de Sumar, es que el Gobierno no se va a "rendir". Como ya dijo con la derrota de la reducción de la jornada laboral —iniciativa que naufragó en septiembre de nuevo por el voto en contra de Junts, PP y Vox—, "hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle". "Por tanto, el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Monclua y con lo que represento, a la movilización social". La titular de Trabajo recordó que los derechos se ganan desde los distintos gobiernos, sí, pero también desde los sindicatos, los colegios profesionales y "movilizándose".

"Si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía que se organice, porque no hay batalla cuando se tiene sentido común y razón que no consiga avanzar después sin las Cortes Generales. Por tanto, ninguna decepción. La decepción paraliza", agregó, para insistir en que hay que fijarse en el debate, en los grupos que se colocan "del lado del daño y de la destrucción y del mal" y los que se alinean con el Gobierno, que "sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente".

Cuando se le preguntó directamente a Díaz si el PSOE había hecho lo suficiente para intentar conseguir el voto de Junts, ella se mantuvo: "Nuestra posición es conocida. Hemos trabajado para defender a la gente en nuestro país. Aquí lo dejo". Una vez más se le insistió: "Doy por reproducido lo dicho". La vicepresidenta, claramente, no quería dirigir acusaciones de ningún tipo en la comparecencia pública junto a sus compañeros de Gabinete. Porque al lado tenía al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; al titular de Hacienda, Arcadi España, y a la ministra portavoz, Elma Saiz.

La vicepresidenta evita en todo momento cargar las tintas contra el PSOE: "No es el Gobierno de España responsable de lo que pase esta tarde, Es responsabilidad de quien tumba este decreto"

La vicepresidenta segunda enfatizó que Sumar no se confundió a la hora de batallar por la aprobación de este decreto ley de prórroga de los alquileres. Hizo, esgrimió, lo que tenía "que hacer". El objetivo era "dar una oportunidad" a los ciudadanos para que pudieran congelar sus alquileres y se ha "acertado", porque "miles de personas" han podido solicitar esa extensión de su contrato en el periodo de vigencia del decreto ley. "Hay normas que sirven para mejorar un poquito la vida de la gente, y esta lo ha hecho" destacó, para señalar que ya se había "prorrogado hasta en ocho ocasiones" tras el estallido de la guerra de Ucrania y la crisis inflacionaria.

¿Y qué hacer a partir de ahora? Aquí hubo coincidencia entre los ministros. "Vamos a seguir trabajando para ayudar a la gente a resolver el problema del alquiler", aseguró Díaz. Cuerpo le echó un capote y reconoció que este decreto, como todas las iniciativas que salen del Gabinete, "son proyectos del Gobierno", de todo el Gobierno. El vicepresidente primero también indicó que le corresponde a cada partido "explicitar y explicar el sentido de su voto". Y, si no hay convalidación, como ya es claro, el Ejecutivo seguirá "trabajando ante una emergencia habitacional" como la actual, continuará "remangándose y buscando soluciones".

Cuerpo coincide con Díaz en que hay que seguir "trabajando ante una emergencia habitacional" como esta. Le echa un capote al defender que este decreto, como todos, son "proyectos del Gobierno"

Donde se apreciaron diferencias fue respecto a cómo abordar la negociación con Junts. Ayer, en TVE, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, hizo una oferta de última hora a los posconvergentes: Sumar se abría a las bonificaciones fiscales a los caseros (que siempre había rechazado) y a la negociación, a través del PSOE, del llamado IVA franquiciado —la posibilidad de no repercutir ese IVA a aquellos pequeños autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año—, una exigencia de la derecha independentista. Junts respondió con un portazo. Un sonoro no.

Díaz aseguró que su grupo está a favor de la transposición de las directivas europeas, y la del IVA franquiciado —la 2020/285— es una de ellas en un país que tiene 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, con importantes diferencias de renta entre ellos. "Y lo que dice Europa en su directiva", explicó, "es que las rentas inferiiores a 85.000 euros pueden quedar exentas en términos de IVA. Yo hace meses, en un desayuno informativo, ya lancé esa medida. Es nuestra posición, pero por justicia social [...]. Hay que transponer el IVA franquiciado, y después es verdad que la directiva la puedes cumplir al 100%, la puedes cumplir un poco menos, pero es una evidencia que nosotros debemos de transponer esa directiva".

El nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, ofreció una postura más matizada. El eje de su argumentación es no mezclar negociaciones. El ministerio, "de acuerdo con sus criterios técnicos", está "trabajando" en la transposición de la directiva, que ya está tramitándose en el Congreso. Pero "el debate hoy", insistió, "es que cada grupo parlamentario tiene que justificar lo que opina y el sentido de su voto sobre lo importante". "El debate que está pendiente hoy en este país, como muy bien ha dicho la vicepresidenta, es sobre vivienda. Yo creo que no hay que confundir el debate ni de lo que estamos hablando, y cada grupo tiene que asumir su responsabilidad y establecer su su posición", arguyó España. Es decir, que Díaz se mostró más sensible a las demandas de Junts, partido al que no obstante había definido como "racista y clasista", palabras que ofendieron sobremanera a los de Carles Puigdemont.

La vicepresidenta defiende la transposición del IVA franquiciado, aunque no sea al 100%, mientras que el ministro España pide "no confundir el debate", porque el de este martes es sobre vivienda

En Hacienda señalan que no se trata de "intercambiar cartas", de mezclar debates. Pero de fondo subyace que el ala socialista del Gobierno sí comparte que hay que transponer el grueso de la directiva, pero Europa no obliga a que se haga en todos sus términos, y en todo caso los 85.000 euros es el umbral máximo. El IVA franquiciado es "un planteamiento muy diferente al que existe en nuestro país", e implantarlo como tal tendría "muchas consecuencias", para empezar de recaudación, porque si se fijase el listón en ese punto el Estado perdería muchos ingresos. "Marear con los autónomos", concluyen fuentes próximas al ministro España, "no ayuda a nadie", así que "que se retrate la gente y que cada cual asuma su responsabilidad".