La organización criminal de Ábalos y las razones por las que en el Supremo se habla de todo menos de mascarillas

Hemos cometido un error al bautizar como 'caso mascarillas' la serie de hechos que durante estas semanas se ha juzgado en el Tribunal Supremo. Las irregularidades en la compraventa de material sanitario en el Ministerio de Transportes constituyen solo una parte de lo que realmente se enjuicia. El núcleo del procedimiento reside en la actividad de la presunta organización criminal que integraban el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, cuyo origen se sitúa aproximadamente un año y medio antes de que estallara la pandemia.

Esa es la razón por la que Aldama se explayó tanto durante su declaración y el motivo por el que habló casi de todo menos de contratos de mascarillas, operaciones con las que obtuvo ingresos millonarios. El fiscal, Alejandro Luzón, le pidió que explicara cómo nació su relación con los otros dos acusados y de qué manera comenzaron a desarrollar actividades ilícitas. El empresario relató que les conoció a través de su hermano, integrante de la escolta del predecesor de Ábalos en Transportes, Íñigo de la Serna.

Tras ganarse su confianza a finales de 2018 organizando un viaje oficial a México, Koldo le trasladó a comienzos del año siguiente que le iban a presentar a una serie de constructoras a las que pretendían concederles contratos millonarios de obra pública a cambio de comisiones. "No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido", aseguró Aldama ante los jueces del Supremo.

Al margen del empresario, quien ha dado más detalles del funcionamiento de la operativa fue el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien describió al triángulo criminal de la siguiente forma: Aldama "pagaba y exigía", Koldo era el intermediario, mientras Ábalos era "fundamental", el "miembro cualificado", puesto que tenía la capacidad de llevar a Aldama a sitios por los que él mismo no llegaba. "Por eso cobra lo que cobra y le daban lo que le daban". Aldama, en su línea de colaboración con la Justicia, reconoció los hechos, pero apuntó más alto al ubicar a Pedro Sánchez en la cúspide del entramado, ya que según su versión el presidente del Gobierno era consciente y toleraba que el PSOE se financiara con dinero negro.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, interrumpió la declaración en cuanto escuchó la palabra "constructoras" para advertir al tribunal de que los supuestos amaños de obra pública no forman parte de este procedimiento. Y, en sentido estricto, tenía razón. Como también la tiene quien sostenga que Aldama no podía describir su dinámica criminal con sus compañeros de banquillo omitiendo precisamente el origen de la misma. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le permitió continuar.

Por qué las obras públicas no se juzgan en el Supremo

La pregunta es inevitable: ¿por qué los presuntos amaños en contratos de obra pública no forman parte de este juicio si surgen de la misma operativa? La respuesta está en el complejo laberinto procesal del 'caso Koldo', que continúa instruyéndose en la Audiencia Nacional a través de tres piezas distintas. En una se investigan las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario. En otra, los presuntos amaños de obra pública, donde está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Y en una tercera, que fue la última en abrirse, la supuesta financiación irregular del Partido Socialista. El juicio del Supremo corresponde únicamente a una parte de la primera pieza.

El origen formal del 'caso Koldo' se remonta, además, a una denuncia del PP de Madrid presentada en 2022, que llevó a la Fiscalía a investigar a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, por seis contratos públicos de material sanitario. A partir de ahí, con el tiempo, llegó todo lo demás. Dicho de forma sencilla: se descubrió antes la presunta operativa de la trama por su actividad de 2020 —mascarillas— que por la de 2019 —obra pública—, y eso, unido a la rapidez con la que instruye el Supremo respecto de otros tribunales, ha provocado una duplicidad sin precedentes.

Cuando estalló el caso, en febrero de 2024, Ábalos seguía siendo diputado y, por tanto, aforado. A los miembros del Congreso solo puede investigarles el Tribunal Supremo. Eso impedía al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que sí imputó a Koldo y Aldama, actuar directamente contra el exministro. En octubre de ese año elevó una exposición razonada al alto tribunal para que investigara a Ábalos por su "papel principal" en la organización criminal vinculada a la compra de mascarillas. Después, el magistrado Leopoldo Puente pidió el suplicatorio al Congreso, que fue concedido, e imputó formalmente al exdirigente socialista.

El Supremo asumió solo la parte de los hechos que afectaban directamente al aforado. El resto permaneció en la Audiencia Nacional. Era enero de 2025 y entonces el caso constaba todavía de una sola pieza, aunque ya dividida entre dos tribunales. Aún no habían aflorado con la misma intensidad los indicios sobre obra pública ni se habían profundizado las pesquisas patrimoniales sobre Ábalos y Koldo que después revelarían, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ingresos no justificados y entregas recurrentes de efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.

Aldama, tanto en el Supremo como en una comparecencia voluntaria previa en la Audiencia Nacional, aseguró que había cobrado comisiones de constructoras e implicó por primera vez a Cerdán. Puente ordenó entonces a la UCO analizar dispositivos intervenidos y comunicaciones que pudieran afectar al exnúmero tres del PSOE. Aquello desembocó en el conocido informe del Instituto Armado que puso contra las cuerdas al Gobierno, obligó a Pedro Sánchez a dar explicaciones y terminó con el ingreso en prisión provisional de Cerdán.

En ese atestado, entregado en junio de 2025, la Guardia Civil reunió numerosos indicios de que el exsecretario de Organización formó parte de una trama asentada en el Ministerio de Transportes destinada a amañar contratos de obra pública a cambio de comisiones. Pero los agentes fueron más allá al apuntar la posibilidad de que Ábalos y Koldo hubieran sido apartados del Gobierno por percibir mordidas a espaldas del partido. Citaban, en concreto, una conversación en la que se hablaba de los "heridos inocentes" y de la "gente fuera del baile". También recogían la hipótesis de que algunas aportaciones económicas vinculadas a contratos públicos terminaran en el partido bajo la fórmula de un "impuesto", según expresiones atribuidas a Koldo.

Esa duplicidad procesal ha dejado escenas poco habituales: en el Salón de Plenos del Supremo han declarado como testigos varias personas que figuran imputadas en la Audiencia Nacional en alguna de las ramas del 'caso Koldo', como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el socio de Aldama Juan Carlos Cueto.

Sobres, efectivo y Ferraz: por qué también se habla de dinero

En septiembre, Puente tenía muy avanzada la investigación relativa al material sanitario, mientras que la rama de obra pública se encontraba todavía en una fase embrionaria. Por ello decidió separar ambas líneas. Pocas semanas después, en octubre, la UCO le entregó los informes patrimoniales de Ábalos y Koldo, en los que detectó descuadres, ingresos sin justificar y, sobre todo, referencias a entregas de sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.

La Guardia Civil explicó que no podía determinar el origen de esos fondos. Ello llevó a Puente a citar como testigo al exgerente socialista Mariano Moreno. Aunque negó irregularidades, al magistrado le quedaron dudas sobre la procedencia de ese dinero en metálico y remitió el testimonio a la Audiencia Nacional por exceder ya del marco estrictamente vinculado a Ábalos.

Y ahí reside otra de las razones por las que en este juicio se ha hablado tanto de sobres, efectivo o billetes de 500 euros —las famosas "chistorras"—. Las cuentas de Ábalos y Koldo, así como su supuesto enriquecimiento ilícito, no pueden desligarse por completo de las del PSOE, entre otras cosas porque durante buena parte del periodo investigado el exministro era también secretario de Organización del partido.

Pero antes de que estallara la parte relativa a las obras públicas y a la financiación de los socialistas, entre enero y junio de 2025, Puente continuó avanzando en la investigación de la operativa Ábalos-Koldo-Aldama. Tomó declaración a testigos por la colocación de mujeres del entorno del exministro en empresas públicas, por el rescate de Air Europa o por las gestiones para alquilar un chalet en Cádiz tras las maniobras para que la empresa Villafuel obtuviera licencia para operar con hidrocarburos. Todas esas cuestiones, junto a las irregularidades en la compra de material sanitario, son las que hoy se enjuician en el Supremo.

Lo que se diga en el Supremo no se quedará en el Supremo

Que determinadas materias no formen parte formalmente de este procedimiento no significa que las declaraciones y contradicciones escuchadas en la Sala vayan a caer en saco roto en la Audiencia Nacional. Fuentes de las acusaciones explican a este periódico que lo habitual sería que el Supremo deduzca testimonio de algunas testificales relevantes. Entre ellas, por ejemplo, la de Mariano Moreno, que negó que en Ferraz se manejasen billetes de 500 euros frente a la versión ofrecida por Koldo.

En un procedimiento sin aforados, la causa probablemente habría permanecido íntegra en la Audiencia Nacional y todas estas ramas habrían avanzado de forma coordinada, quizá incluso con un solo juicio. Pero Ábalos, pese a los consejos de su primer abogado, con el que acabó mal, mantuvo su acta de diputado hasta que el procedimiento ya había tomado velocidad de crucero. Cuando Puente dictó auto de apertura de juicio oral sobre la pieza original, no había vuelta atrás: tendría lugar en el Supremo. Además, en una vistilla celebrada en noviembre, ordenó el ingreso provisional en la cárcel del exministro y su antiguo asesor ante el riesgo de fuga.

Aunque el exministro terminó renunciando al escaño, el reloj procesal ya había comenzado a correr. Y esa decisión explica buena parte de por qué hoy en el Supremo se habla de todo menos de mascarillas. Luzón sostiene que Ábalos, Koldo y Aldama integraban una organización criminal que habría pactado la comisión de delitos conforme fueran surgiendo oportunidades, sin necesidad de concretar desde el inicio cada operación. De hecho, ese es el delito más grave que les atribuye.

En el caso de Ábalos y Koldo, la Fiscalía les acusa además de cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación. A Aldama, que abandonó la prisión provisional por otra causa tras comprometerse a colaborar en este procedimiento, le atribuye organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. En su escrito de acusación, Luzón subrayó también su vocación de permanencia, al considerar que operó durante varios años y proyectó su actuación en distintas esferas ilícitas bajo una misma estructura, que solo comenzó a debilitarse tras la salida simultánea de Ábalos y su asesor del Ministerio.

Si el exministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez hubiera renunciado a su escaño antes de ser procesado, posiblemente se encontraría en libertad y sin un juicio a corto-medio plazo, puesto que el caudal indiciario y la magnitud del 'caso Koldo' habrían tardado tiempo en investigarse en la Audiencia Nacional.