El suicidio de los policías podrá ser un accidente laboral: Europa presiona a Marlaska para responsabilizar al Estado

En España el suicidio vinculado al trabajo no tiene una regulación expresa. Esto ha generado que cada órgano judicial vaya dando respuesta a cada caso de forma individual y particular.

Un informe jurídico al que ha tenido acceso El Independiente advierte sobre la responsabilidad de las administraciones públicas frente a la salud mental de los agentes armados. El documento analiza cómo la ausencia de una norma específica ha obligado a los tribunales a suplir ese vacío legal con criterios jurisprudenciales cada vez más extensos.

Según el texto, “la jurisprudencia ha avanzado de forma significativa en esta cuestión. Sin embargo, lo ha hecho fundamentalmente a través de la interpretación judicial, cubriendo con criterios jurisprudenciales un vacío normativo que el legislador no ha abordado de manera suficiente o efectiva”. Ese desarrollo, advierte el informe, está empezando a impactar de lleno en los cuerpos de seguridad, donde la exposición al estrés operativo, el acceso a armas y la presión institucional elevan el nivel de riesgo psicosocial.

El debate sobre el suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha dejado de ser, según el documento, una cuestión exclusivamente individual para convertirse en un problema estructural que interpela directamente al Estado. La clave está en la progresiva consolidación de una doctrina internacional que vincula salud mental, condiciones laborales y responsabilidad pública.

Responsabilidad directa del Estado

Uno de los pilares jurídicos más relevantes del informe se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El documento recoge la sentencia del TEDH de 12 de julio de 2016 en el caso Kotelnikov v. Rusia, donde se analizó el suicidio de un policía que utilizó su arma reglamentaria.

Aunque el Estado ruso intentó desligarse del caso alegando la naturaleza “personal” del suicidio, el tribunal fue claro al establecer que el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos impone “obligaciones positivas a los Estados cuando actúan como empleadores de personas trabajadoras que desempeñan funciones sensibles o presentan acceso a instrumentos peligrosos”.

El fallo es especialmente relevante porque sitúa el foco no en el acto final, sino en la prevención. El TEDH concluyó que la administración tiene el deber de identificar señales de vulnerabilidad y actuar en consecuencia. En el caso analizado, el tribunal reprochó que “no evaluaron adecuadamente el estado mental de la persona trabajadora ni limitaron el acceso al arma, pese a tratarse de un riesgo particularmente sensible”.

La resolución es contundente al afirmar que “la falta de supervisión, la ausencia de evaluación psicológica y la inexistencia de medidas preventivas razonables contribuyeron al suicidio de la persona trabajadora”. Este criterio abre la puerta a que la omisión de controles psicosociales pueda generar responsabilidad directa del Estado.

El estrés operativo como factor determinante

El informe también recoge jurisprudencia comparada en América Latina que refuerza esta línea interpretativa. En una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina, la Justicia reconoció el suicidio de un policía como consecuencia directa de su actividad profesional.

El tribunal consideró probado que el agente sufría “un deterioro mental progresivo asociado al alto nivel de exigencia, estrés operativo y presión profesional característicos de la función policial”. Frente a la aseguradora, que negaba la relación causal, los jueces concluyeron que “el trabajo fue un elemento determinante en la evolución del trastorno psíquico que desembocó en la muerte”.

El fallo introduce un elemento clave: la normalización del estrés extremo en entornos policiales puede convertirse en un factor de riesgo jurídicamente relevante si no se adoptan medidas de prevención.

No cualquier suicidio

Sin embargo, el propio estudio advierte de que no todos los suicidios en el ámbito policial o de seguridad pueden calificarse como accidente laboral. La causalidad debe acreditarse de forma rigurosa.

En este sentido, el documento cita una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Uruguay, donde se rechazó la responsabilidad del empleador al demostrarse que el trabajador atravesaba una “situación personal compleja de carácter estrictamente privado, ajena a la relación de trabajo”.

En ese caso, el tribunal subrayó que, aunque el arma perteneciera a la empresa, “ello no significa que el trabajo haya generado el riesgo determinante del suicidio”. La conclusión refuerza la idea de que los tribunales exigen una conexión directa entre el entorno laboral y el deterioro mental.

Un debate abierto sobre el Estado

El informe concluye con un aviso claro sobre la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de riesgos psicosociales en entornos especialmente sensibles. Subraya la importancia de que las administraciones públicas asuman plenamente sus obligaciones preventivas, “incorporando de manera efectiva la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales y organizativos, como una herramienta clave para la protección de la salud mental en el trabajo”.

En este contexto, la evolución de la jurisprudencia internacional apunta a un cambio de paradigma en el que el suicidio en determinados entornos laborales podría dejar de ser considerado algo individual para convertirse en un posible supuesto de responsabilidad institucional.

Mientras los tribunales avanzan en esta dirección, el debate político queda abierto. El informe advierte de que la inacción normativa ya no es neutra. En palabras del propio análisis jurídico, el sistema está siendo construido por los jueces caso a caso, mientras la ley sigue sin dar una respuesta uniforme a una realidad cada vez más compleja.