Bruselas da luz verde al consorcio de ACS, Telefónica y el Santander para la gigafactoría de IA en España

La Comisión Europea (CE) aprobó este jueves la creación de la Sociedad Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, una empresa conjunta (joint venture) constituida por AI Infrastructure Development (ACS AIID), Telefónica, Banco Santander y la entidad pública Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en el marco de la normativa comunitaria de control de fusiones.

La nueva sociedad, notificada a Bruselas el pasado 17 de julio, optará a la futura convocatoria de propuestas del Ejecutivo comunitario para desarrollar infraestructuras de alto rendimiento destinadas a la inteligencia artificial (IA).

El proyecto, recoge Efe, contempla la construcción de una gigafactoría de IA en el polígono industrial de El Molló, en Móra la Nova (Tarragona), con la que se busca desarrollar "capacidades soberanas y sostenibles" de cómputo de IA en la UE y prestar servicios a la propia Comisión, entre otros clientes, según la información del registro de competencia.

La Comisión Europea abrió el 30 de julio la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de IA en la UE, de las que España aspira a conseguir una, con doble sede en Móra la Nova y San Fernando de Henares (Madrid). La licitación estará abierta hasta el próximo 12 de noviembre.

Para apoyar la candidatura, el Consejo de Ministros autorizó a mediados de junio una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT en el consorcio público-privado, que se suma a una contribución voluntaria adicional de 300 millones a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC).

La CE concluyó que la operación notificada no plantea problemas de competencia, tras un examen realizado mediante un procedimiento simplificado, dada la posición limitada que tendrían las empresas en el mercado tras la fusión.

Bruselas espera que las adjudicaciones se resuelvan a principios de 2027 y que las gigafactorías seleccionadas estén operativas en un plazo máximo de 18 meses desde la firma de los contratos.