El órdago de Vox a Infancia no impedirá que las comunidades donde gobierna reciban a menores migrantes

Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura, que cuentan con competencias en Infancia, trasladaron en las últimas horas formalmente el primer órdago contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raiz de la crisis de Ceuta. En un envío simultáneo de misivas al Ministerio de Juventud e Infancia, tanto Carlos Pollán, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández negaron los potenciales traslados de menores migrantes no acompañados a sus autonomías, cogobernadas con el PP. Es más advirtieron de que impugnarían cada uno de los expedientes de derivación que se hagan antes de concluir los estudios individualizados de cada caso.

La inmigración es el eje político estrella del partido ultraconservador, y durante los primeros seis meses de este año, electorales, cada pacto tejido con los populares fijó en los documentos que todos los Gobiernos de coalición recurrirían a todos los medios a su alcance para oponerse a ese tipo de acogidas o a la inmigración irregular en general. Aunque hay coincidencia en la máxima entre Génova y Bambú, el PP de momento evita hablar de instrumentos legales aunque anteriormente trasladó que cumplirán la ley, espera a movimientos certeros del Ejecutivo y sí comparte con Vox que está crisis debe cerrarse con el traslado inmediato de todas las personas que entraron por El Tarajal a finales de julio. "Mando único y retornos", exigió hace tan solo una semana desde Ceuta el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Vox, en todo caso, abre este debate a las puertas de que se celebre en las próximas horas la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como una forma de marcar perfil en un debate que están monopolizando el Ejecutivo central y el PP, al estar a los mandos del gobierno de Ceuta. La coincidencia entre PP y Vox ha llevado incluso a que Feijóo adopte términos como "invasión" o crisis de "soberanía", compitiendo con Santiago Abascal por el relato.

En ese encuentro sectorial está previsto que se aborde la dotación de 25 millones de euros extra a las comunidades para las acogidas. Pero en ese encuentro, la ministra Sira Rego propondrá incluir en el orden del día el debate del traslado "urgente" de 500 niñas migrantes que su ministerio planteó la semana pasada por entender que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad por poder caer en redes de trata. Se contempla que gestionen la acogida ONG privadas -con tutela ceutí– y no las regiones, aunque deben estar al corriente. A esa reunión está previsto que acudan el resto de consejeros del PP, aunque algunos como los de Baleares o Cantabria lo harán por videollamada. Se opondrán a ambos asuntos y reiterarán en la necesidad de que se produzcan esos retornos.

Incluso lo hará Loles López, consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de Andalucía. Como distinción, aunque hay una coalición con Vox, las competencias las tiene el PP de Juanma Moreno. Hay compromiso de oposición con todos los medios a la inmigración ilegal, pero los populares andaluces esperan para seguir una línea conjunta con el resto de consejeros del ramo de su partido en otras comunidades.

Respecto a la sectorial, aunque la ley contempla un acuerdo unánime de esa conferencia para fijar estos criterios, la reforma de la legislación de Extranjería de marzo de 2025 establece qué ocurre si ese consenso no existe: el Estado puede aplicar el mecanismo previsto en los artículos 35 bis a 35 quinquies. Todo en una situación de contingencia extraordinaria. Cuando la capacidad de acogida de la comunidad triplica las plazas disponibles, y Ceuta, con 27 –81 con esa premisa– ya supera el 1.850% de ocupación en vista de los nuevos datos de Interior, que hablan de 1.500 filiados. Se ha llegado a hablar anteriormente de entre 2.500 y 2.900 menores, lo que incrementaría a 3.000% esa sobrecarga.

Vox, dispuesto a abrir la vía judicial

Cuando los de Abascal hablan de "impugnar los expedientes" de todos los que no sean retornados quieren decir que buscarán por vía judicial paralizar o declarar ilegales cualquier tipo de desplazamiento de menores a sus comunidades. Una acción ante un proceso reglado desde el año pasado que obliga a las comunidades a esa atención inmediata de iniciarse el trámite, garantizando los medios para la acogida, recalca el articulado mencionado anteriormente. De ahí que el Gobierno ya planteen dotaciones económicas para la contingencia. Hay un dato importante: la semana pasada se produjo el traslado de cuatro menores de Ceuta que ya se encontraban allí antes de la crisis, sin que los acuerdos de PP y Vox lo pudiesen impedir [lo que no quita que pueda recurrirse].

El acuerdo de PP y Vox no ha impedido traslado de menores a Extremadura en agosto

Para los repartos, el real decreto-ley establece criterios como la población o la renta per cápita de los hogares y eleva la previsión de plazas que tendrían que tener disponibles esas comunidades, algo que no coincide con el criterio de las autonomías. De las de signo contrario, pero incluso de las socialistas. Este miércoles Emiliano García-Page aludió a la sobrecarga del sistema de acogida castellano-manchego y denunció que no se refuercen las fronteras a la vez que se cumplen los requisitos legales.

Ante el cruce de posiciones, ¿de qué medios dispone Vox? –y en su defecto el PP si las comunidades donde gobiernan en solitario deciden recurrir unas hipotéticas futuras acogidas–. Una vez se activa el mecanismo, los gobiernos autonómicos, en este caso sus departamentos de Infancia, tiene un plazo de alegaciones de tres días naturales –según el decreto de julio de 2025 que regula la actuación en situación de contigencia–. Antes de que se produzcan resoluciones de los traslados que se determinen, las comunidades de destino deben ser escuchadas –así como los intereses del propio menor o los criterios del Ministerio Fiscal–. En ese periodo, Vox puede hacer hincapié en cuestiones como la "saturación" de la que hablan sus cargos de gobierno, en la falta de medios, o en una vulneración de criterios, derechos o de leyes. Son alguna de las cuestiones trasladadas en esas cartas a Rego.

Los vicepresidentes –y consejeros en esas competencias– de Vox recalcan que prioriza el interés del menor resolver los expedientes en Ceuta, cuando la distancia con Marruecos es mínima, en lugar de apostar por traslados que pueden conllevar hasta "800 kilómetros" de distancia de los familiares. Para insistir en que "el interés superior del menor" es está con sus familias o lo más cerca posible, se alude a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Las consejerías de estas comunidades, según el artículo 5.3 del decreto, podrían aportar información que respaldase estos argumentos.

En el caso de que no se acepten esas alegaciones, los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León podrían trasladar un recurso administrativo potestativo de reposición para revisar cada caso. O bien directamente pasar a la ofensiva judicial con un recurso contencioso-administrativo para la impugnación de la resolución, como contempla la legislación tras la reforma de extranjería del año pasado.

Recurrir los traslados

En este segundo caso, los Ejecutivos autonómicos que siguiesen esta vía podrían solicitar medidas cautelares para paralizar los traslados mientras se estudian los casos. Aunque en vista a situaciones de crisis precedentes de menor impacto, o que la propia Administración del Estado puede apelar a ese mismo "interes superior del menor" para agilizar la resolución de la crisis, es complicado. Las consejerías dependientes de Vox podrán recurrir, pero no es garantía que se consigan esas cautelares.

En todo caso, con la resolución en firme, el artículo 6.4 del real decreto ley del año pasado obliga a que "la comunidad de destino reciba a los menores en la fecha, hora y lugar notificados" y a que se haga "cargo de la efectiva realización de las actuaciones de su competencia" para "garantizar que reciba atención integral y acogimiento adecuado". Ello, salvo excepciones, en cinco días naturales. De negarse explícitamente Extremadura, Aragón o Castilla y León, abriría un escenario de conflicto jurídico e institucional mucho más grave, al incumplir las obligaciones que la ley impone a la comunidad de destino. Hasta el punto de que tuviesen que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer la entrega en los lugares de destino y con las respectivas consecuencias judiciales para los responsables autonómicos.

En paralelo, otra de las opciones a las que los gobiernos pueden acudir directamente es la de plantear un conflicto de competencias con el Estado a los tribunales para oponerse sin caer en desobediencia. Debería presentarse ante el Tribunal Constitucional. Los Ejecutivos deberían detallar su exposición, aunque los precedentes no son halagüeños. Si atendemos a las batallas judiciales planteadas entre 2024 y 2025 por algunas comunidades tras la crisis migratoria de Canarias, que conllevó esa reforma legal por parte del Gobierno, no hay precedentes de éxito.

Las tres comunidades mencionadas, que ya estaban en manos del PP en solitario tras la salida de Vox en julio de 2024, durante la legislatura anterior, así como Madrid, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia –además del Gobierno de Page– acudieron al Tribunal Constitucional entre finales de mayo y principios de julio de 2025 para recurrir el real decreto-ley que convirtió en obligatorias las acogidas. Algunas de ellas recurrieron también su convalidación en el Congreso. A finales de julio, Castilla y León, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Madrid acudieron además al Tribunal Supremo para defender que los traslados son contrarios a Derecho. Un año después, ninguno de estos recursos ha recibido todavía un pronunciamiento.

El Supremo denegó la paralización de 12 expedientes en Madrid y sí archivó algunos en Aragón en 2025

Hay dos ejemplos más recientes que permiten ilustrar cómo podría responder la Justicia a lo que plantea ahora Vox. En enero, Madrid reclamó ante el Supremo, sin éxito, la suspensión de 12 traslados concretos de menores procedentes de Canarias y Ceuta. Aragón hizo lo mismo a finales de 2025. De los 48 expedientes recurridos, 12 fueron archivados sin que se produjera el traslado por razones como el interés superior del menor o porque los afectados ya habían alcanzado la mayoría de edad. El resto sí llegaron a la comunidad. Aunque puede producirse algún caso de retirada o revisión, no es lo habitual.

El cambio legislativo, baza electoral

La magnitud de la crisis aboca a una extensión del asunto durante semanas, todo en un periodo de aproximación a las elecciones generales que muchos estiman para finales del primer trimestre de 2027. Aunque ambos partidos preparan su oposición política y judicial a los repartos, coinciden en situar en una futura reforma legislativa la solución definitiva al mecanismo de acogida al llegar a Moncloa. Algo que, en vista de los sondeos, tendrán que hacer en coalición.

Cualquier acción de los ejecutivos regionales en los tribunales irá de la mano de esa promesa electoral para llegar a unos comicios donde la inmigración apunta a ser uno de los temas cruciales.