Alejandro Betancourt: el empresario venezolano que sirvió de nexo entre Delcy y Trump y que aparece en los papeles de Leire Díez

Alejandro Betancourt es un empresario de 46 años que amasó buena parte de su fortuna en la Venezuela de Hugo Chávez, primero en el sector eléctrico y, después, al abrigo del negocio petrolero. El emprendedor, cuyo nombre vuelve ahora a las cabeceras de los periódicos tras aparecer en las agendas de Leire Díez, señalada como presunto núcleo duro de las cloacas del Estado, desarrolló previamente su carrera en la compañía ICC-OEOC, Guruceaga Group, —filial británica de una empresa estadounidense—, y BGB Energy, sociedad dependiente en Venezuela de la multinacional Kawasaki Heavy Industries. Fue precisamente tras su paso por estas compañías y después de varios años vinculado al sector energético cuando decidió dar el salto al emprendimiento.

No había alcanzado la treintena cuando fundó, junto a su primo Pedro Trebbau, Derwick Associates, una de sus compañías más conocidas especializada en proyectos de ingeniería y construcción. Una empresa que adquirió especial protagonismo durante la crisis energética venezolana tras obtener contratos públicos para la construcción de plantas termoeléctricas.

Mientras Betancourt continuaba impulsando su trayectoria empresarial, comenzó a popularizarse en Venezuela el término "bolichicos", utilizado para describir a una nueva generación de jóvenes empresarios que emergió durante la crisis energética. El concepto, un juego de palabras que combina los términos "bolivarianos", "boliburgueses" y "chicos", aludía a la juventud de muchos de sus integrantes y se empleaba para identificar a empresarios que amasaron importantes fortunas gracias a negocios y contratos públicos adjudicados durante los gobiernos de Chávez y Maduro, entre ellos, Alejandro Betancourt.

A medida que el joven venezolano ganaba notoriedad, su empresa Derwick Associates, recibió 12 contratos del Estado adjudicados por vía directa para ejecutar proyectos eléctricos durante la crisis energética venezolana, según información de El Confidencial. Pero, algo pasó después para que el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Transparencia Venezuela colocasen estas operaciones bajo la lupa; las investigaciones permitieron determinar que los 11 proyectos analizados tenían un coste estimado de 2.100 millones de dólares, frente a los cerca de 5.000 millones que el estado venezolano acabó pagando por por su ejecución. A partir de esos datos, el OCCRP calculó un sobrecoste del 138%. Derwick rechazó esas acusaciones y sostuvo que los importes de sus contratos se ajustaban a los precios internacionales.

De los contratos eléctricos al negocio petrolero

El salto del sector eléctrico al petrolero llegaría pocos años después. OCCRP continúo investigando las operaciones de Betancourt, esto, le capacitó para reconstruir la entrada en el negocio petrolero a través de Derwick Oil & Gas, compañía que posteriormente quedó vinculada a Gazprombank Latin America Ventures. Una estructura empresarial que paralelamente, acabaría conectada con PDVSA en la creación de Petrozamora, una empresa mixta constituida en 2012, según refleja la documentación presentada ante la SEC estadounidense. La compañía fue creada para desarrollar actividades de explotación petrolera en la zona del Lago de Maracaibo, y contaba inicialmente con una participación del 60% para PDVSA y del 40% para la parte vinculada a Gazprombank.

La entrada de Betancourt en el negocio petrolero quedó vinculada posteriormente a Petrozamora a través de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures. La compañía mixta, participada por PDVSA y la estructura rusa, acabarían siendo objeto de una investigación de la Fiscalía venezolana en 2017. El entonces fiscal general, Tarek William Saab, ordenó investigar presuntas irregularidades en sus operaciones, una causa que llevó a la detención de varios funcionarios de PDVSA y, posteriormente, de Eulogio del Pino, expresidente de la petrolera estatal y exministro de Petróleo. Según la Fiscalía, las irregularidades investigadas habían provocado pérdidas millonarias y una caída de la producción de Petrozamora.

La investigación sobre Petrozamora situó a Betancourt en el entorno empresarial vinculado a la estructura societaria de la compañía, aunque no entre los investigados o detenidos por las irregularidades atribuidas a ella. A partir de entonces, su trayectoria empresarial tomó un rumbo más internacional: tras sus negocios en los sectores eléctrico y petrolero, amplió sus inversiones a través de O’Hara Administration, con participaciones en compañías de los ámbitos energético, financiero y tecnológico. Su cartera se diversificó con participaciones en empresas como Hawkers, Playtomic y Auro, reforzando así una trayectoria empresarial cada vez más orientada al ámbito internacional.

Esa expansión también llevó parte de su actividad a España. El digital venezolano La Gran Aldea recogió que Betancourt tenía en propiedad el castillo de El Alamín, una finca de 1.400 hectáreas situada en Toledo y valorada en 23 millones de euros.

Betancourt en las agendas de Leire Díez

Pero la huella empresarial de Betancourt en España no termina en Hawkers ni en sus propiedades. Su nombre aparece ahora en el marco de las investigaciones que apuntan a la exmilitante socialista: las agendas incautadas a Leire Díez. En una información adelantada por Artículo 14 y confirmada por este medio, bajo el título "Inversiones Iberoamericanas", figura el nombre de Betancourt junto al de Alberto Cortina, en una relación de referencias empresariales vinculadas a Venezuela. La misma anotación incluye otros nombres, entre ellos Luis Alfonso de Borbón, Alejandro Sag y Morodo.

La documentación contiene, además, otra referencia que relaciona directamente a Betancourt con el ámbito de los medios de comunicación: "Debate (Betancourt)", junto a una mención a The Objective y a personas del entorno de los Capriles —una familia que fundó la 'Cadena Capriles' en Venezuela, un gran conglomerado mediático que fue liderado por Miguel Ángel Capriles Ayala—.

En este sentido, es oportuno recordar que la estrategia atribuida a Leire Díez se habría basado en recabar información sobre policías y fiscales y buscar vías para desacreditarlos. Un interés por Alejandro Betancourt y por determinados medios de comunicación conservadores que podría interpretarse, presuntamente, como la búsqueda de contactos, información y canales que pudieran resultar útiles para sus objetivos.

En cualquier caso, la figura del empresario venezolano, añade con esta información, una nueva pieza al mapa de contactos en torno a Betancourt y sirve de punto de conexión con una trayectoria que según sabemos hoy, además de su vínculo con la marca de gafas, habría llegado a España.

El puente entre Delcy Rodríguez y Washington

Esa proyección internacional adquiere una nueva dimensión en su relación entre Caracas y Washington, donde aparece una figura que sirve de nexo entre el empresario y el Gobierno venezolano: Mauricio Claver-Carone, antiguo asesor de Donald Trump y enviado especial para Latinoamérica durante su segundo mandato.

Según explicó el propio Claver-Carone a Reuters, Estados Unidos recurrió a Betancourt como interlocutor con el Gobierno de Delcy Rodríguez, en parte por su conocimiento del negocio petrolero tanto en Venezuela como en Estados Unidos y por su capacidad para facilitar contactos entre ambos países.

Un papel que adquiere especial relevancia teniendo en cuenta la posición de Betancourt en North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía vinculada al empresario que en 2024 entró en la explotación de campos petroleros venezolanos. En abril de ese año, NABEP formalizó un acuerdo con PDVSA y su filial, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), para asumir la operación de campos de Petrozamora, en el Lago de Maracaibo. El acuerdo, suscrito también por Betancourt y el empresario petrolero estadounidense Harry Sargeant III, estableció las nuevas condiciones para la explotación y comercialización del crudo.

Según informó la comunidad de periodistas venezolanos Armando.info, el contrato, articulado mediante los llamados "Contratos de Participación Productiva", otorgó al socio privado condiciones favorables, entre ellas la posibilidad de recibir hasta el 57% del valor de la producción correspondiente a su participación y comercializar ese volumen de crudo.

A día de hoy, el empresario venezolano, ya no mantiene activa la orden internacional que le obligaba a no moverse de sus propiedades en Londres, después de que, según informó The Times, en mayo de 2026 fuese retirada la solicitud de extradición suiza — solicitada por la investigación relacionado con blanqueo de capitales en el marco de PDVSA—y le devolvieran sus pasaportes. En España, la investigación por presunto blanqueo de capitales en el 'caso Atlantic' fue archivada provisionalmente por el juez Santiago Pedraz en marzo de 2026. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión y, tres meses después, la Audiencia Nacional acordó que las pesquisas debían continuar según informó el medio caraqueño El Pitazo. A día de hoy nada indica que haya cesado su papel como intermediario entre Caracas y Washington salvo que Mauricio Claver-Carone dejó su función sobre Venezuela a finales de julio.

Con todo esto, la trayectoria de Betancourt vuelve a cerrar el círculo: el empresario que comenzó su ascenso con los contratos eléctricos del chavismo terminó entrando en el negocio petrolero y hoy ocupa una posición en la explotación privada de crudo en Venezuela, mientras su nombre aparece en redes empresariales con ramificaciones en España y mantiene canales de interlocución con Washington.