Los órganos consultivos cuestionan la reforma del Gobierno que favorece casos como el de Cerdán

La reforma anticorrupción que impulsa el ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha recibido sucesivos varapalos de los diferentes órganos consultivos del Estado antes de entrar en las Cortes Generales. La Comisión General de Codificación, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado han emitido diferentes informes en los que se cuestiona la norma y se alerta de que podría debilitar los mecanismos de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.

El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública remitido al Congreso contempla que las transmisiones de participaciones sociales se tengan que inscribir obligatoriamente en una nueva sección del Registro Mercantil. Y eso hace que la adquisición de la condición de socio de una empresa dependa de esa inscripción. Sin embargo, permite formalizar las operaciones mediante documentos privados electrónicos con firma cualificada, lo que convierte la intervención notarial en algo voluntario.

Precisamente, esto último aspecto concentra buena parte de las críticas. La Comisión General de Codificación aprobó en marzo por unanimidad un informe especialmente duro en el que remarca errores jurídicos y técnicos de la propuesta normativa. A su juicio, el texto presenta "graves errores de concepciones básicas y de técnica legislativa" que "impiden absolutamente" incorporar las modificaciones mercantiles a la ley en los términos planteados.

Así, el citado órgano lanza un aviso de que la utilización generalizada de documentos privados electrónicos supondrá "una considerable merma de la seguridad jurídica". Y considera que la inscripción obligatoria provocará "un aumento extraordinario del coste" de las transmisiones para las empresas y sus socios, además de resultar "plenamente ineficaz" para combatir la utilización delictiva de la opacidad societaria. En este sentido, considera que quienes pretendan eludir los controles podrían optar por constituir sociedades anónimas, que quedan fuera de la reforma.

Por su parte, el CGPJ pidió en su informe que se reconsidere la eliminación de la escritura pública, pues el órgano de gobierno de los jueces entiende que el documento privado electrónico no ofrece las mismas garantías que la intervención presencial de un notario. En este sentido, el CGPJ advierte de que el anteproyecto "elimina el control notarial ex ante" y lo sustituye por un control registral posterior que tiene "un alcance e intensidad distinto al control presencial en sede notarial".

Los fedatarios públicos comprueban la identidad de los contratantes, su capacidad legal, la legitimación de sus representantes, la autenticidad del consentimiento y los medios de pago. Y toda la información de cada operación que realizan la vuelcan en el Índice Único Informatizado del Notariado. Una herramienta que, como resalta el CPGJ, resulta clave para investigar delitos económicos por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria o hasta el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Consejo Fiscal

Por su parte, el Consejo Fiscal no solo comparte estas objeciones sino que introduce otro aviso más. Un documento privado como el que contempla la reforma puede reflejar aquello que sus firmantes quieran declarar. Pero nadie garantiza después quién se encuentra realmente detrás de una sociedad. "Un documento privado únicamente reflejará lo que las partes quieran que refleje, pero no quién ostenta en realidad la condición de socio y la titularidad real de la participación", advierte el informe del Ministerio Público.

Por ello, el Consejo Fiscal propone conservar la escritura pública obligatoria para la transmisión de participaciones sociales y añadir la inscripción en el Registro Mercantil como requisito adicional. Además, reclama extender los mecanismos de transparencia a las sociedades anónimas, donde considera que la opacidad puede ser igual o mayor.

El Consejo de Estado

Las críticas a la reforma impulsada por el departamento que dirige Bolaños también salen del último órgano consultivo en pronunciarse; el Consejo de Estado. La institución presidida por la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo aprobó su dictamen el 20 de julio. Y lo hizo sobre una versión ya modificada del anteproyecto, en la que el Gobierno había introducido la escritura pública como alternativa al documento privado electrónico.

Pese al cambio, el Consejo de Estado se muestra muy cauteloso con lo que implica el texto que pretende sacar adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, pone en cuestión que se haya acreditado suficientemente la eficacia del nuevo sistema para combatir la corrupción y advierte de que el expediente carece de un análisis detallado de sus consecuencias económicas y jurídicas.

En concreto, el organismo señala que "no resulta claro que los loables objetivos de lucha contra la corrupción puedan lograrse de ese modo". Y denuncia además la "falta de información detallada" sobre los costes del sistema actual, los que generaría la reforma y los ahorros que el Ejecutivo espera conseguir con el cambio.

Y a todos esos interrogantes se añade que la escritura pública podría quedar gravada por la cuota variable del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), a diferencia del documento privado. Precisamente, esa carga fiscal encarecería la intervención de los notarios, lo que a ojos del órgano consultivo desincentivaría su utilización, pese a que el Gobierno la haya incorporado como alternativa.

"La modificación mercantil que se ha insertado en el Anteproyecto requiere un estudio sosegado y cauteloso, que ha de desarrollarse con el tiempo proporcionado a la dimensión de la cuestión y con una participación reflexiva de todos los agentes afectados, sin que tales condiciones se hayan alcanzado en el expediente que ahora se dictamina", concluye el dictamen.

Los Registradores defienden la reforma, mientras que los notarios llevan meses poniendo el grito en el cielo por el riesgo de que los cambios faciliten el fraude y debiliten la lucha contra la corrupción, el blanqueo o incluso la financiación del terrorismo.

La controversia tiene especial relevancia por su relación con el denominado 'caso Cerdán', que afecta al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La investigación sobre su presunta vinculación con la empresa Servinabar, la relacionada con el empresario Antxon Alonso, puso el foco en un documento privado relativo a la adquisición de participaciones que no había sido elevado a escritura pública. Es decir, que permanecía guardado en un cajón.

El Gobierno pretende ahora que situaciones semejantes no puedan mantenerse al margen del Registro Mercantil. Con el nuevo modelo, la inscripción será necesaria para que las transmisiones produzcan los efectos jurídicos previstos. Algo que, a ojos del Ejecutivo, mejorará la publicidad y la trazabilidad de las operaciones societarias. Sin embargo, los órganos consultivos advierten de que esta exigencia, por sí sola, no garantiza que se conozca al verdadero titular de las participaciones ni impide necesariamente el recurso a acuerdos ocultos o sociedades interpuestas.

La iniciativa está actualmente en proceso de tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. El Congreso ha ampliado el plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo 30 de septiembre, así que los grupos todavía pueden introducir modificaciones en el texto. Buena parte de ellos se han mostrado contrarios a la reforma, según explican fuentes conocedoras del proceso. Algo que complica mucho que esta salga adelante, dada la compleja situación parlamentaria que tiene el Gobierno entre PSOE y Sumar.