Cuando la "autodeterminación" muta en estigma en el Sáhara Occidental

En el otoño de 1975, la España de Carlos Arias Navarro y del príncipe Juan Carlos de Borbón, coaccionada por Hasan II y su "Marcha Negra", decidió sacrificar su provincia 53 —Sahara Español—, troceándola entre Marruecos y Mauritania mediante la firma del humillante Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de noviembre. Con este acto, España dejó inconclusa la descolonización de un territorio que venía administrando desde las últimas décadas del siglo XIX.

El 26 de febrero de 1976 se arrió, por última vez, la bandera de España en el emblemático Parador Nacional de El Aaiún (número 79 de la Red Nacional de Paradores, inaugurado el 20 de septiembre de 1968 por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne).

En respuesta a esta traición sin precedentes, al día siguiente, 27 de febrero, haciendo efectivo el legítimo derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación e independencia (consagrado en la Resolución 1514 de la Carta de las Naciones Unidas), El Uali Mustafa Sayed, secretario general del Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la localidad de Bir Lehlu.

España no solo incumplió su ineludible responsabilidad internacional de descolonizar el territorio, sino que permitió y facilitó su invasión por dos Estados que irrumpieron a sangre y fuego, allanando hogares, masacrando familias y bombardeando a los civiles indefensos que trataban de huir; crímenes de lesa humanidad que justificaron aún más el ejercicio de un derecho ya reafirmado por la Misión de las Naciones Unidas que visitó la región el 12 de mayo de 1975, en virtud de la Resolución 3292.

Esta misión —compuesta por los diplomáticos Simeon Aké (Costa de Marfil), Marta Jiménez Martínez (Cuba) y Manouchehr Pishva (Irán)—, tras recorrer durante una semana el territorio en su totalidad (de norte a sur y de este a oeste) y visitar los países limítrofes, concluyó: "La población del Sahara Español, al unísono, está claramente a favor de la independencia". Asimismo, llegó a la conclusión de que el Frente Polisario era el verdadero y legítimo representante del pueblo saharaui, algo que quedó patente en las inmensas manifestaciones con las que fue recibida, donde una multitud ilusionada —que reunía a todas las edades— se fusionaba en el mar de banderas cuatricolores del Frente. Destacó especialmente la concentración de El Aaiún el 13 de mayo, que congregó a 15.000 personas: el 20 por ciento de los habitantes del territorio.

Con la proclamación de la RASD, los saharauis habían expresado su genuina voluntad nacional y elegido, libre y voluntariamente, su destino. Cuando el Frente Polisario nació en 1973, su acrónimo ya definía su razón de ser: un frente para la liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro. Por consiguiente, lo que procede es hacer prevalecer, de forma irreversible, la República Saharaui como Estado soberano que es.

Fiel a su compromiso, el pueblo del Sahara Occidental se enfrentó a los ejércitos de Hasan II y Moktar uld Daddah en una guerra abierta que abarcó desde las laderas australes del Atlas hasta los confines meridionales de Mauritania con un único objetivo: expulsar definitivamente al invasor de las fronteras de la RASD reconocidas internacionalmente.

En el verano de 1979, Mauritania capituló y se retiró de la franja sur del Sáhara que había ocupado. Su presidente había sido derrocado el año anterior por sus propios soldados, contrarios a una aventura anexionista que, además de enfrentarlos a un pueblo hermano, arruinó el país y se saldó con graves pérdidas humanas y materiales.

En paralelo, la RASD, que en el año de su fundación había sido reconocida por diez países, cerró 1979 con el respaldo de 33 Estados. Ese mismo año, la diplomacia saharaui —anclada en el derecho internacional y volcada enteramente en la tipicidad jurídica de la ocupación— logró un hito trascendental el 21 de noviembre: la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU, que deploraba la persistencia de la invasión e instaba a Marruecos a "poner fin a la ocupación militar del territorio". A efectos del derecho internacional público, Marruecos era una potencia ocupante beligerante, sujeta a las estrictas obligaciones del IV Convenio de Ginebra de 1949.

El Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS), que había clausurado la gran ofensiva Chahid Luali con la rendición de Mauritania, se centró entonces en las huestes de Hasán II y lanzó dos grandes ofensivas (Houari Boumedien y Magreb Árabe) concebidas específicamente para destruir la potencia de fuego de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) e impedir su despliegue en el territorio. El monarca alauí ya no tendría ninguna noche de paz: las noticias que llegaban del frente a Palacio informaban constantemente de unidades aniquiladas y de aviones y helicópteros de combate derribados.

A finales de los ochenta, la acción del ejército marroquí —neutralizado en el terreno y destruido moralmente— se reducía a parapetarse detrás de una serie de muros defensivos que, lejos de ponerlo a salvo, se convirtieron en una cárcel opresiva que menguaba sus posibilidades de sobrevivir a los duros combates que se libraban en el desierto. Estas murallas de arena, alambradas y minas —cuyo coste incalculable desangraba la resentida economía del reino— solo sirvieron para aislar a los territorios ocupados en una zona de silencio donde el Majzén se ensañaba con la población civil, pero no impedían los mortíferos ataques del ELPS, que seguía dominando en el campo de batalla.

Mientras tanto, la República Saharaui, que en esa fase de la contienda acumulaba ya el reconocimiento de 74 países, fue aceptada como miembro de pleno derecho en la Organización de la Unidad Africana (OUA), y Marruecos, impotente, abandonó la organización panafricana. Aislado internacionalmente y con las FAR al borde del desastre, Hasán II dio por perdida una guerra cuyo coste era ya inasumible. En un cambio repentino de estrategia, decidió apelar a la ONU en busca de una tregua que le permitiera recuperar el aliento. Se accedió a su petición y, el 27 de junio de 1990, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad un "Plan de Arreglo" encaminado a lograr un alto el fuego entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, y llevar a cabo un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Aquí comienza la guerra política sucia, que tendría consecuencias aún más devastadoras para los saharauis que la propia guerra que el Polisario ganó.

El propósito oculto del "Plan de Arreglo" era simular la aplicación de la hoja de ruta que Kurt Waldheim, a la sazón secretario general de la ONU, había diseñado en 1975 para la correcta descolonización del territorio. Se trataba, en el fondo, de presentar un plan disfrazado de aquella propuesta original, pero vaciado de contenido para que la potencia ocupante suplantara a la potencia colonial —administradora de iure— y, de este modo, diluir el estatus de Territorio No Autónomo (TNA) del Sáhara Occidental y legitimar de facto la ocupación militar.

El plan ideado por Waldheim en 1975, frustrado cuando España claudicó ante Hasán II y consumó su retirada, comprendía lo siguiente:

1. España anunciaría su salida del Sahara en una fecha por determinar.
2. La ONU asumiría la administración del territorio por un período de seis meses. En ese tiempo constituiría una autoridad transitoria, bajo el mando de un alto comisario auxiliado por un grupo reducido de funcionarios.
3. Para mantener el orden, España dejaría diez mil legionarios que sustituirían su gorra verde por el casco azul de las Naciones Unidas.
4. En el referéndum previsto, los saharauis podrían optar por la independencia o la integración en "otro país", incluida España.

En el "Plan de Arreglo" ni se contemplaba la retirada del ejército invasor ni el traspaso de la administración del territorio a la ONU. Por si esto fuera poco, se forzaba a los saharauis a elegir entre la independencia o la "integración en Marruecos", con lo cual la potencia ocupante lograba legitimarse como "parte" en un referéndum —ahora reducido a mero simulacro— cuyo único sujeto de derecho es la población autóctona de ese mismo TNA que Marruecos invadió.

Para ejecutar el doble mandato del plan —supervisar el alto el fuego y organizar la consulta—, el Consejo de Seguridad estableció la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). Asimismo, el órgano determinó expresamente que la lista de votantes estaría compuesta por los inscritos en el censo español de 1974, una vez revisado y actualizado por la misión.

A tenor de todo esto, es imperativo plantearse las siguientes preguntas: ¿Por qué el Frente Polisario aceptó un plan de estas características que somete a los saharauis a un referéndum de autodeterminación, si su pueblo ya había ejercido legalmente el derecho inalienable de elegir su destino el 27 de febrero de 1976 al proclamar la RASD —un Estado soberano reconocido en esos días por más de 74 países y miembro de pleno derecho de la OUA—? ¿Cómo es posible que se ponga sobre la mesa un proyecto que es la antítesis del plan original de Waldheim de 1975 y en el que se sitúa al Estado invasor en el lugar de la potencia colonial, ignorando los crímenes de lesa humanidad que cometió y sigue cometiendo? ¿Qué sentido tiene celebrar un referéndum bajo una ocupación militar y un régimen policial que reprime, encarcela, tortura, asesina impunemente y expolia los recursos naturales del territorio? Y, sobre todo, ¿por qué el Frente Polisario se involucró en este nebuloso y opaco escenario justo cuando tenía ganada la guerra?

Es difícil responder a estos interrogantes. Lo que sí queda claro es que los saharauis cayeron de lleno en la trampa y, pese a su opacidad, el "proceso de paz" siguió adelante. Así, en noviembre de 1991, la MINURSO, encabezada por el diplomático suizo Johannes Manz, cumplió con su cometido y concluyó que las personas con derecho a voto eran 72.361, tras detectar en la revisión del censo español 1.498 fallecidos y 484 duplicados.

Todo estaba listo para acudir a las urnas y, en unas cuantas semanas, el proceso habría concluido. Sin embargo, en un movimiento calculado y aparentemente inesperado, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dispuso que la lista de votantes, en lugar de limitarse a la población autóctona inscrita en el censo español, debía ampliarse para incluir a los cientos de miles de colonos que Marruecos había introducido en el territorio. Esta decisión no solo contraviene lo acordado e invalida la labor de la MINURSO, sino que además vulnera flagrantemente el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir partes de su población civil al territorio ocupado.

Era evidente que, cuando el Consejo de Seguridad dispuso que el padrón electoral debía basarse rigurosamente en el censo español de 1974, no buscaba la transparencia de la consulta. Con premeditación y alevosía, pretendía, por un lado, enmascarar la manipulación estructural en la formulación de la pregunta —con la que se blindaba la personación de Marruecos como parte interesada en el referéndum— y, por el otro, seducir al Polisario lanzándole este "anzuelo" en forma de un compromiso que nunca tuvo la intención de cumplir, para inducirlo a aceptar el "Plan de Arreglo".

En un acto que lo honra y dignifica como diplomático y como persona, Johannes Manz presentó su dimisión. No estaba dispuesto a formar parte de esta vil maniobra en la que el mismo secretario general que lo había designado saboteaba impúdicamente la MINURSO cuando estaba a punto de lograr la meta marcada.

La peregrina instrucción de Pérez de Cuéllar vició por completo el plan y lo privó de toda fuerza vinculante para los saharauis. Era la oportunidad del Polisario para desvincularse legalmente de un proyecto que distaba de ser imparcial, devolviendo así el conflicto al marco de la citada Resolución 34/37 de la Asamblea General —del cual nunca debió desviarse—, que define a Marruecos como potencia ocupante.

Al no secundar al jefe de la MINURSO y excluirse del proceso, el Polisario se vio inmerso en una trama pensada intrínsecamente para favorecer a Marruecos, mantener el statu quo y eternizar el exilio saharaui en la inhóspita hamada argelina. Un bucle que gira perennemente en torno a un derecho que el pueblo saharaui ya había ejercido hacía quince años, cuando El Uali Mustafa Sayed eligió con acierto el momento histórico preciso para ello, apenas tres meses y doce días antes de su caída en el campo de batalla.

El problema del Sahara se sustancia en una invasión militar no resuelta y no en un asunto de libre determinación que El Uali dejó zanjado en 1976. Al desplazar el eje de la lucha desde la liberación nacional y la expulsión del invasor hacia la exigencia perpetua de un referéndum que los saharauis no necesitan —pero que Marruecos instrumentaliza para suplantar a la potencia colonial y legitimar la ocupación—, el ardid del "Plan de Arreglo" ha logrado diluir el espíritu fundacional del Frente Polisario mediante una de las trampas retóricas más eficaces del último medio siglo.

Esta mutación conceptual no ha sido inocua: convirtió un derecho inalienable ya ejercido en un estigma paralizante que, lejos de acelerar la liberación del Sahara, abre una puerta burocrática procesal que oxigena la estrategia de Rabat y ampara sus hechos consumados.  

El "Plan de Arreglo" cumplió con creces su función: primero, dio lugar a un alto el fuego que salvó a Hasan II de la guerra; después, convirtió a Marruecos en "parte interesada" en el referéndum y, acto seguido, condicionó la celebración de este a la aprobación de Rabat, erigiéndose, no ya en la potencia colonial —que de iure sigue siendo España—, sino en la misma ONU, al arrogarse la potestad de decidir cómo, cuándo y quién tiene derecho a la autodeterminación. Mientras tanto, los saharauis, como incautos incorregibles, seguían reclamándole al Majzén una consulta que nunca necesitaron. Esta situación surrealista roza el cenit del absurdo cuando Marruecos, envalentonado y convencido de la sumisión del Polisario al falsario proceso de paz, "deniega" la autodeterminación y ofrece a cambio una "autonomía marroquí".

Lejos de acelerar la liberación del Sahara, abre una puerta burocrática procesal que oxigena la estrategia de Rabat y ampara sus hechos consumados

Es indignante constatar cómo, al final de cada octubre, la opinión pública aguarda expectante para comprobar si el informe anual del secretario general de la ONU menciona la autodeterminación de los saharauis o la renovación de la MINURSO. Los derechos inalienables del pueblo saharaui no dependen de una frase trucada plasmada en un papel ni de una misión obsoleta que simboliza el fracaso rotundo y el derroche de recursos de las Naciones Unidas; son derechos con los que ha nacido, al igual que los demás pueblos libres y soberanos del mundo. Por lo tanto, la única postura legítima que debería exigirse y esperarse del secretario general es la condena categórica a la ocupación ilegal del Sahara Occidental.

Este nefasto recorrido acontece porque los dirigentes saharauis carecieron, en aquel entonces, de la altura de miras para seguir el ejemplo de Johannes Manz, quien se desmarcó de un proceso que, por turbio y sospechoso, no auguraba nada bueno. En la coyuntura actual, corresponde asumir la responsabilidad y entender que la rectificación estratégica siempre es un acto de lucidez política. Para revertir esta situación, solo hace falta una dosis elemental de coherencia y el máximo compromiso con la memoria de quienes entregaron su vida por un Sahara libre.

En consecuencia, es primordial:

1. Declarar solemnemente que el pueblo saharaui ya ejerció su derecho a la libre determinación el 27 de febrero de 1976, cuando El Uali Mustafa Sayed proclamó la República Árabe Saharaui Democrática tras la retirada de la potencia colonial española.
2. Reafirmar que la cuestión del Sáhara Occidental es la de un Territorio No Autónomo ocupado militarmente por Marruecos en pleno proceso de descolonización. Su solución no radica en una autodeterminación ya hecha efectiva, sino en la expulsión definitiva e innegociable del invasor de las fronteras de la RASD reconocidas internacionalmente.
3. Declinar la participación en cualquier negociación o diálogo que no contemple, de entrada, los puntos anteriores.
4. Fijar como objetivo único de la lucha del pueblo saharaui la expulsión del ocupante marroquí y el respeto absoluto a la integridad territorial de la República Saharaui.
5. Erradicar por completo el término "autodeterminación" y romper terminantemente con esa dinámica ambigua de las portavocías del Polisario que, obviando la ocupación, dicta que "el objetivo de la causa saharaui es la autodeterminación". Ese no es el anhelo de los saharauis —quienes ya lo ejercieron—, sino el del "Plan de Arreglo" concebido para legitimar la presencia de Marruecos en el Sahara.
6. Activar la vía penal internacional invocando el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra —que prohíbe a la potencia ocupante trasladar partes de su población al territorio ocupado o expoliar sus recursos— y la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU (1979), que cataloga explícitamente a Marruecos como potencia ocupante.