La muerte de un subinspector de la Policía Nacional y de su perra durante una intervención en Oviedo ha vuelto a enfrentar a los sindicatos policiales con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mandos de la policía y distintas asociaciones han exigido su dimisión tras el fallecimiento del agente y las graves heridas sufridas por otro policía, perteneciente a la unidad TEDAX. "Y todavía dirán que no somos profesión de riesgo", lamentan fuentes policiales después de un suceso que vuelve a poner sobre la mesa una de las principales reivindicaciones de los cuerpos de seguridad.
La intervención se produjo este lunes después de que varios vecinos alertasen a la Policía de la presencia de una mochila sospechosa en el portal de una vivienda. Según explican fuentes de la Policía Nacional, el dispositivo contenía un artefacto explosivo cuyo mecanismo parpadeaba, lo que había despertado la alarma entre los residentes de la zona.
El subinspector, integrante de la unidad de Guías Caninos, acudió al inmueble acompañado de su perra para comprobar el contenido de la mochila. Cuando ambos se aproximaban al artefacto, el temporizador se activó y se produjo la explosión que acabó con sus vidas. La detonación alcanzó también a otro agente de la Policía Nacional, perteneciente a la unidad de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), que resultó herido de extrema gravedad.
Una pistola del calibre 22
La peligrosidad de la intervención quedó marcada también por los episodios que, según las fuentes policiales consultadas, se habían producido antes de la explosión. La persona que habría colocado la mochila había sacado una pistola del calibre 22 y comenzado a efectuar disparos, alcanzando a una menor de edad herida por una bala. Estas mismas fuentes explican que el sujeto había manifestado que "odiaba a todos los vecinos" y que iba a poner una bomba para acabar con todo.
La tragedia ha provocado una contundente reacción del SPP, que ha dirigido sus críticas contra Grande-Marlaska por la negativa del Gobierno a reconocer a la Policía Nacional como profesión de riesgo. "Hoy es un día de luto para la Policía Nacional", ha trasladado la organización en un comunicado. Cabe recordar que el SPP, sindicato de mandos de la Policía, no suele hacer este tipo de reivindicaciones. El sindicato considera que la muerte del subinspector y las lesiones sufridas por el segundo agente vuelven a demostrar los peligros que afrontan los policías en el ejercicio de sus funciones.
"El fallecimiento de uno de nuestros mandos y las graves heridas de otro vuelven a poner de manifiesto los riesgos que asumen cada día quienes velan por la seguridad de todos", sostiene el SPP. La organización reprocha al ministro que haya negado reiteradamente a la Policía Nacional el reconocimiento que reclama y advierte de que "hay momentos en los que la responsabilidad política no puede seguir eludiéndose". Por ello, el sindicato ha reclamado expresamente la dimisión de Marlaska. "La Policía Nacional merece respeto, reconocimiento y protección", concluye el comunicado.
La profesión de riesgo en Interior
La reivindicación, sin embargo, va mucho más allá de la Policía Nacional. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil también llevan tiempo reclamando que el Gobierno reconozca la peligrosidad de su trabajo y permita aplicar coeficientes reductores que faciliten el acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones en la pensión.
El pasado 6 de noviembre, los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles integrados en la unidad de acción reactivaron sus movilizaciones para exigir al Ejecutivo el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna. Las organizaciones denunciaron la falta de avances en las negociaciones con Interior y anunciaron nuevas protestas para reclamar respuestas a sus principales reivindicaciones.
La reclamación también ha llegado a las Fuerzas Armadas. Las asociaciones militares ASFASPRO, AUME y UMT reclamaron el pasado 22 de octubre a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo. Las tres organizaciones advirtieron de que los militares podían quedar al margen de las mejoras reclamadas para policías y guardias civiles y exigieron garantías concretas sobre la aplicación de la medida.
Un frente abierto para el Gobierno
El debate se extiende así a los tres grandes colectivos que desarrollan labores de seguridad y defensa del Estado. Mientras policías nacionales y guardias civiles mantienen sus exigencias ante Interior, las asociaciones militares denuncian la falta de avances en Defensa. La reivindicación de la profesión de riesgo se ha convertido en un frente abierto para el Gobierno, con reclamaciones diferenciadas según el colectivo y sin que exista todavía un reconocimiento efectivo común para los tres.
La presión sobre el departamento de Marlaska coincide, además, con el anuncio realizado este martes por el Consejo de Ministros de una nueva programación de inversiones para las infraestructuras policiales. Interior ha elevado a 740 millones de euros el presupuesto ordinario destinado a "mejorar comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil", frente a los 262,8 millones previstos en la programación anterior. El incremento es de 477 millones, un 177% más, y permitirá financiar 302 actuaciones hasta 2034.
Esta partida se suma a los 900 millones del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado Extraordinario (PLISE II), aprobado en marzo. En conjunto, Interior calcula que dispondrá de más de 1.600 millones de euros para renovar las dependencias de ambos cuerpos durante los próximos ocho años, contando, claro, con que el PSOE se mantenga durante las próximas legislaturas.
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