"La sensación es de incertidumbre", comentan fuentes de la industria de defensa a El Independiente, después de que este medio publicase este lunes en exclusiva que la Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en contratos de Defensa por más de 6.000 millones de euros. La noticia ha despertado a empresas del sector en un mar de "sorpresa" y "preocuación", ya que los contratos que investiga la Fiscalía corresponden a los adjudicados en el año 2025, mientras, a su vez, el Ministerio de Defensa ha aprobado este mismo mes los nuevos Programas Especiales de Modernización de 2026 con los que la cartera de Margarita Robles alcanzará el 2% del gasto del PIB en Defensa.
La investigación inquieta a la industria porque afecta a los mayores contratos adjudicados el año anterior, ejercicio en el que Defensa abrió el grifo presupuestario para alcanzar los objetivos acordados con la OTAN. De hecho, entre los programas investigados se encuentran los de los obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas (ATP) adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en una Unión Temporal de Empresas (UTE). Estos fueron los proyectos que Santa Bárbara Sistemas impugnó ante el Tribunal Supremo porque consideraban que la adjudicación a dedo a esta UTE había dejado fuera a su empresa, que tiene amplia experiencia en la fabricación de blindados terrestres. La filial de General Dynamics ofrecía su Némesis.
Mientras tanto, Indra, con reducida experiencia en el sector de vehículos militares terrestres, se adjudicó en el año que creó su división Indra Land Vehicles, con Ángel Escribano como presidente de Indra, los dos programas de ATP. Es decir, el madrileño consiguió mientras era presidente ejecutivo de la cotizada los dos contratos que superaban los 7.200 millones de euros. Pero también los consiguió como propietario de EM&E. Escribano firmó un memorando de entendimiento con la surcoreana Hanwha para emplear el diseño de los obuses K9. Esta decisión, aplaudida en las oficinas de Alcobendas, fue también criticada por algunos sectores militares e industriales, ya que uno de los objetivos de los PEM era utilizar tecnología nacional, en lugar de buscar la industria fuera de España. Solo una semana después de validar la unión entre las dos compañías, Escribano presentaría su dimisión como presidente de Indra tras las presiones del Gobierno por los conflictos de intereses aflorados por la operación de la fusión entre Indra y EM&E. Y un mes después de esto, los hermanos Escribano salieron del accionariado de Indra, vendiendo su 14% de la compañía, habiendo obtenido, a repartir entre entidades financieras, una plusvalía de 875 millones de euros.
Y ahora, la investigación de la Fiscalía también se centra en la adjudicación del 8x8 a Tess Defence, un consorcio formado por Indra, Santa Bárbara, Sapa y EM&E. En su momento, cuando se adjudicó el programa 8x8 para construir el futuro blindado del Ejército de Tierra para sustituir a los obsoletos BMR, las cuatro empresas tenían la propiedad de la compañía temporal a partes iguales. Es decir, 25% de propiedad cada una. Sin embargo, en 2025 Indra decidió comprar otro 26% hasta sumar el 51% del accionariado de Tess Defence con el objetivo de liderar el proyecto del 8x8. Fuentes consultadas del sector consideran que la investigación en torno a la adjudicación de Tess Defence para construir los blindados 8x8 genera "duda" porque en el momento de la adjudicación, las cuatro compañías se repartían la UTE de forma equitativa. Además, en la parte que compete a las cuatro participadas, las fuentes señalan que cada compañía se dedica a construir una parte en la que es conocida por su experiencia. En el caso de Santa Bárbara, la barcaza; en el caso de Indra, los sistemas electrónicos; Sapa se encarga de la transmisión y el grupo motor; y EM&E, en el punto de mira en la adjudicación de los contratos de 2025, se centra en la torre de armas del 8x8, tecnología en la que tiene experiencia.
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