Los dos principales acusados en el macrojuicio de las tarjetas black, los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, mantienen su inocencia en los últimos compases del proceso y sus defensas reclaman al tribunal la absolución de ambos por considerar que no se ha demostrado que hayan cometido delito alguno. Pero ambos se quejan de que ya han sido condenados socialmente, que ya se les «ha cortado la cabeza» antes de ser juzgados, y que han sido objeto de un «juicio moral» previo.

El abogado defensor de Blesa, Carlos Aguilar, ha aprovechado la presentación de su informe de conclusiones ante el tribunal para lanzar una queja amarga por el escarnio público al que han sido sometidos los 65 acusados en un proceso de “origen ciertamente oscuro” iniciado a instancias del FROB y de Bankia.

Según el letrado, los acusados, y entre ellos especialmente Miguel Blesa, han visto “ipso facto laminada” su imagen pública y su reputación, se “les ha cortado la cabeza, como en Alicia en el País de las Maravillas”, con una “condena anticipada” decidida por la «justicia pagana», en referencia al escrutinio público. «Se consigue que se les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí”, ha denunciado.

En el mismo sentido, Ignacio Ayala, el abogado defensor de Rodrigo Rato, ha arremetido con el intento de celebrar «un juicio moral», no uno «de verdad» jurídico, y ha criticado que con él se haya tratado juzgar más «una época, un modelo, un concepto», y no tanto unos hechos presuntamente delictivos.

Las tarjetas ya existían

La estrategia de defensa de Miguel Blesa en el caso de las tarjetas black se ha mantenido sin cambios sustanciales desde la fase de instrucción del caso. Los argumentos del que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 pasan por subrayar que él no creó el sistema de tarjetas opacas, sino que se lo encontró ya en marcha; que estaba convencido de que se trataba complemento retributivo legal y que la caja declaraba a Hacienda esos gastos; y que la famosa tabla Excel en que se incluyen todos los gastos está manipulada y no puede considerarse como una prueba veraz.

La estrategia de Rodrigo Rato, primero presidente de Caja Madrid y luego de Bankia entre 2010 y 2012, es muy  similar: él no adoptó ninguna decisión para cambiar el sistema de tarjetas de Caja Madrid y el entonces director financiero le entregó una tarjeta como a cualquier consejero. «Todo permaneció como estaba», ha sentenciado su abogado. Ya al frente de Bankia, distribuyó sus propias tarjetas que, según su versión, eran sólo instrumentos de liquidez o anticipos para algunos miembros de la cúpula. Y el defensor de Rato también considera que el Excel en ningún caso tiene validez alguna.

La defensa de Blesa ha insistido en que el sistema de tarjetas de empresa de Caja Madrid se creó con anterioridad a la llegada de su defendido a la presidencia, durante el mandato de su predecesor, Jaime Terceiro. «La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012; nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo», ha dicho, en referencia a que ni Banco de España ni CNMV ni Hacienda ni los auditores pusieron pegas durante ese tiempo.

En este sentido, el defensor del expresidente ha cargado la responsabilidad de creación del sistema de tarjetas en el propio Terceiro, al haberse aprobado en 1988, y ha puesto en duda la veracidad del testimonio que el expresidente de Caja Madrid realizó como testigo. Aguilar se ha referido a la certeza que mostró Terceiro sobre la no existencia de número pin para las tarjetas durante su mandato porque todos los gastos con ella era de representación y no privados, aunque posteriormente el tribunal aceptó como prueba documentos internos desvelados en exclusiva por El Independiente que mostraban que al menos una parte de las Visas sí tenían contraseña para poder sacar dinero en efectivo de los cajeros.

Pruebas manipuladas

Asimismo, la defensa de Blesa ha reiterado su denuncia de que el caso se fundamenta en pruebas “manipuladas”, que han sido utilizadas “de manera indebida “ y “sin respeto a la buena fe”. Una manipulación que se habría producido, singularmente, en la elaboración del Excel en el que se incluyen todos los gastos efectuados con las tarjetas opacas y del informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG. “En absoluto existe una prueba legítima de cargo”, ha apuntado, para calificar el Excel de mera «manipulación informática sin validez probatoria». “Los hechos no han quedado acreditados y por tanto no se ha demostrado la existencia del hecho delictivo”.

En el mismo sentido se ha manifestado el abogado defensor de Rato. Ayala ha apuntado que el Excel elaborado por Bankia «no tiene garantía alguna», son «meras fotocopias» y en ningún caso puede «considerarse un documento mercantil». Y, en cualquier caso, se trata de una documentación que sólo habría «enseñado un poquito» de la información de que dispone Bankia, y no de la totalidad.

Miguel Blesa se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía por un delito de apropiación indebida (que asciende a una solicitud de pena de10 años en el caso de la acusación popular, al incluir otro delito de administración desleal). Y el fiscal reclama para Rodrigo Rato una pena de cuatro años y medio (y también de 10 años en el caso de la acusación popular).

Blesa gastó en total 436.688 euros durante los diez años que se enjuician –de 2003 a 2012, los gastos anteriores se consideran prescritos- y Rato, 90.000 euros durante los tres años en que estuvo al frente de la entidad. Ambos directivos han consignado integramente ante el juzgado las cantidades gastadas con su tarjeta opaca antes de que arrancara el juicio, en un intento de que se le reconociera la atenuante de reparación del daño causado y, con ello, se le rebajara la pena. Ni fiscal ni acusaciones han apreciado esa atenuante, al haber sólo consignado ante el juzgado la cantidad (por lo que se les reintegraría en caso de ser absueltos) y no haberla devuelto a fondo perdido a Bankia o al FROB.