La batalla por la central de Garoña les está saliendo cara a sus dueñas. A Endesa e Iberdrola, que controlan a partes iguales de la nuclear más vieja de España a través de la sociedad Nuclenor, les ha costado 304 millones de euros en los tres últimos años mantener la planta en una suerte de estado de hibernación: desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento. Esto es, sólo costes, y ningún ingreso.

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica. Apenas un año y medio después, y tras varias reformas legislativas ad hoc promovidas por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor solicitó la renovación de la licencia de explotación y pidió su reactivación hasta 2031, justo cuando la central cumplirá 60 años desde su construcción.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de aprobar el informe que supone dar un aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que Endesa e Iberdrola no realizaron las reformas e inversiones que el propio organismo hasta entonces exigía como condición previa. Ahora es el Gobierno el que cuenta con un plazo de seis meses para decidir si aprueba la autorización para que Garoña vuelva a funcionar y con qué condiciones.

Las eléctricas asumieron en sus cuentas un agujero de 76 millones el año pasado, de otros 116 millones en 2015 y de 112 millones más en 2014

Durante este proceso, y a la espera de lo que decida el Ministerio de Energía, Endesa e Iberdrola han ido incluyendo en sus cuentas de los tres últimos ejercicios provisiones a partes iguales por importes millonarios para seguir cubriendo los costes de su filial Nuclenor (incluidas parte, sólo parte, de las reformas que exigía el CSN).

Las cuentas de Endesa e Iberdrola correspondientes a 2015 incluyen sendos impactos negativos de 38 millones de euros por las provisiones destinadas a “cubrir el sobrecoste estimado en el que incurriría Nuclenor por el plazo adicional en la emisión del informe del CSN y la decisión del Ministerio de Energía sobre la solcitiud de renovación de la autorización” de Garoña.

En conjunto, a ambas eléctricas la particular situación de impasse de Garoña les supuso un golpe de 76 millones de euros el año pasado. Un importe que previsiblemente se corresponderán con unos números rojos de igual cuantía por parte de Nuclenor al cierre del ejercicio.

Y este golpe se suma a las pérdidas de 116 millones que la empresa propietaria de la central registró en 2015 (58 millones de Endesa y otros 58 millones de Iberdrola) y al agujero de 112,8 millones de euros en 2014 (a razón 56 millones para cada eléctrica en provisiones en los resultados de ese ejercicio). En total, estos tres últimos años Endesa e Iberdrola han asumido 304 millones de manera conjunta por su participación en la vieja central nuclear.

Curiosamente, en 2013, el primer ejercicio en que Garoña no tuvo ninguna actividad, Nuclenor registró un beneficio de 22 millones de euros. Un resultado positivo consecuencia de la reversión de provisiones realizadas en años anteriores por la empresa.

Las reformas seguirán sin ejecutarse

El CSN condiciona la futura reactivación de Garoña a que se realicen nuevas modificaciones para mejorar su nivel de seguridad y prohíbe que la central recargue combustible y se ponga en marcha sin cumplir con todas las exigencias. El visto bueno del supervisor condiciona la futura reactivación de la planta a que se realicen nuevas modificaciones para mejorar su nivel de seguridad y prohíbe que la central recargue combustible y se ponga en marcha sin cumplir con todas las exigencias.

A pesar de que hasta hace apenas unos meses las modificaciones eran condición previa para obtener el visto bueno del CSN, las reformas no están completadas… y así seguirán durante mucho tiempo. Porque los dueños de la central no están dispuestos a retomarlas y terminar las mejoras hasta tener la autorización de renovación de licencia que debe aprobar el Ministerio de Energía.

La central de burgalesa primero quiere conocer los requisitos finales exigidos por el Gobierno y el plazo de validez que se establece para la nueva licencia de explotación antes de seguir invirtiendo en la central. No habrá más reformas –paralizadas ya desde hace meses- hasta que el Ejecutivo apruebe la reactivación.

Y una vez que se conozcan las condiciones, entonces las eléctricas echarán sus cuentas para cerciorarse de que la reapertura de Garoña se trata de una operación rentable. Así que incluso con el ‘sí’ del Ministerio, las modificaciones pueden quedarse sin ejecutar porque los dueños de la planta acaben renunciando a su reactivación. Una opción que, hoy por hoy, es con mucho la más probable.

Según confirman fuentes conocedoras del estado de los trabajos, a las eléctricas les quedaría por invertir unos 20 millones de euros para completar sólo para cumplir las mayores reformas que exigía el CSN. Pero el coste total de otras modificaciones y del conjunto de labores ligadas a una eventual reactivación (entre ellas, la muy costosa recarga de combustible) podría dispararse entre los 130 y los 150 millones de euros adicionales. Un importe que se sumaría a esos 304 millones que Endesa e Iberdrola ya han asumido como pérdidas.