Los grandes grupos del turismo español vuelven a la carga contra el desbordamiento del fenómeno del alquiler turístico. Al calor del éxito de plataformas como Airbnb, Homeaway o Wimdu, la demanda de turistas extranjeros y nacionales de pisos de uso turístico para sus viajes se ha disparado y la proliferación de viviendas destinadas a este negocio, también.

Y en este nuevo parque de apartamentos de alquiler, según los gigantes del turismo patrio, son legión los que hacen negocio de manera ilegal. Es por ello que desde Exceltur, el lobby turístico que agrupa a una treintena de las mayores empresas del sector nacional, se exige al Gobierno que lidere una verdadera política de estado en coordinación con las comunidades autónomas –que son las que tienen competencias reales sobre la materia- para poner freno al “desmadre total y generalizado” de este tipo de oferta.

“No es un problema de los hoteleros, que ahora están viviendo un momento dulce para su negocio, el crecimiento descontrolado del alquiler turístico se trata de un problema social”, sostiene José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. “La oferta ilegal se está extendiendo como una metástasis y está generando problemas en las zonas en que se concentra: gentrificación de los barrios, expulsión de los vecinos por haber menos pisos para el alquiler a largo plazo, encarecimiento del alquiler y del precio de compra de la vivienda… Es un problema social”, subraya.

No prohibiciones, sólo cumplir la ley

Las compañías turísticas urgen al Gobierno a liderar la “unidad de acción en todo el Estado” para poner orden en la dispersión de criterios de las normativas regionales –donde las hay- y para asegurar el cumplimiento de la legislación, por lo que piden la convocatoria de una conferencia sectorial de Ejecutivo y CCAA para bordar el asunto. “Existe una vergonzante impunidad. Sólo pedimos el cumplimiento de la legalidad”, dice Zoreda, que denuncia el “descarado incumplimiento del que hacen gala algunos intermediarios clave para la expansión de este gran negocio”.

El lobby reclama que a Airbnb y Homeaway se les considere corresponsables de las infracciones cometidas por los dueños que alquilan sus viviendas de manera ilegal (sin estar inscrito en los registros oficiales, por ejemplo) y que se les impide publicitar la oferta que no cumpla con la normativa. “No pedimos que se prohíba el alquiler, sólo que cumplan las normas y que esas normas sean las mismas para todos”.

Por su parte, Airbnb, Homeaway y el resto de plataformas online contraponen que su labor es la de meros intermediarios entre el dueño de una vivienda y el turista que quiere alojarse en ella. Sólo intermediarios. Se declaran como simples tablones de anuncios globales en los que se publicitan las viviendas en alquiler, a cuyos propietarios ponen en contacto con los viajeros que quieren alojarse. Y como intermediarios, según su argumentario, la legislación comunitaria les exime de la responsabilidad de determinadas ilegalidades que puedan cometer los dueños de las viviendas, como por ejemplo no contar con la preceptiva licencia que se exige en algunas regiones para alquiler turístico o una eventual falta de tributación fiscal de los ingresos percibidos.

En paralelo, las empresas turísticas muestran su preocupación por el sentimiento de rechazo contra el turismo en general que se está generando en algunas ciudades y destinos saturados, a pesar de que la masificación y las incomodidades y problemas de todo tipo serían –según su criterio- consecuencia del boom del alquiler. “Se está produciendo una estigmatización generalizada, y no se distingue entre los que generan riqueza y crean empleo… y otros”.

Más y más pisos en alquiler

Según las cifras que maneja la propia Exceltur, el crecimiento es tan acelerado que los pisos turísticos concentran ya un tercio de toda la oferta alojativa de España. El número de plazas en viviendas de uso turístico se disparó un 74,8% el año pasado, hasta alcanzar un total de 1,76 millones.

Por el contrario, la oferta de alojamiento reglado se ha estancado, y el año pasado sólo creció un 1,6%, hasta alcanzar los 3,3 millones de plazas tras varios años de parón aún más evidente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este grupo no están incluidas tan sólo las plazas hoteleras, también las de apartamentos turísticos, campings y casas rurales, que cada vez ven cómo se quedan con menos cuota del negocio del alojamiento turístico en el país.