El Tribunal Constitucional acaba de tumbar algunos de los preceptos clave de la regulación del autoconsumo del Gobierno. Una decisión que puede acabar poniendo patas arriba el negocio de la generación eléctrica doméstica y que deja en manos de las comunidades autónomas –que han venido boicoteando la aplicación de la normativa durante el último año y medio- la elaboración de una nueva normativa para allanar el desarrollo de esta forma de producir y consumir electricidad.

La ley hacía hasta ahora inviable el autoconsumo en bloques de viviendas al prohibir el uso de placas por varios clientes

El Constitucional ha anulado la prohibición impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 de que varios vecinos pudieran compartir las instalaciones para generar electricidad y repartirse el consumo realizado. Hasta ahora la norma exigía que cada instalación sólo estuviera ligada a un único contador de consumo.

Los detractores de la regulación del autoconsumo vigente –que son legión entre las patronales fotovoltaicas, asociaciones ecologistas y defensores de un modelo energético alternativo al actual- denunciaban que la prohibición del autoconsumo compartido suponía de facto convertir la generación doméstica en algo rigurosamente marginal, al hacerla viable prácticamente sólo en viviendas unifamiliares.

Y es que España es el país de la Unión Europea con mayor proporción de población que vive en pisos de comunidades de vecinos, el 65,9% del total (unos 31 millones de ciudadanos), según datos de Eurostat correspondientes a 2015. Y la normativa hasta ahora vigente impedía que en esos bloques de viviendas los vecinos compartieran las instalaciones, condenando a que en este tipo de edificios las placas sólo las utilizara una de las viviendas (que también era difícil por otras trabas técnicas y burocráticas) o que se utilizaran sólo para el consumo eléctrico de zonas comunes (escalera, ascensor, parking…) de la finca.

En manos de las CCAA

El Alto Tribunal tumba ahora la prohibición, y deja en manos de cada comunidad autónoma la regulación de esta materia al dar la razón a la Generalitat de Cataluña en el conflicto de competencias que había denunciado. Cada región tiene potestad para decidir cómo regular el autoconsumo compartido, pero de momento se ha levantado la prohibición establecido en la norma estatal.

“Por ley, lo que no está prohibido está permitido. Hasta ahora ninguna comunidad autónoma podía permitir en su territorio el autoconsumo compartido porque el decreto del Gobierno central lo prohibía. Al levantar la prohibición el Tribunal Constitucional, las regiones ahora se puedan lanzar a regularlo e impulsarlo”, explica Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

El 65,9% de los españoles vive en comunidades de vecinos. La mayor proporción de toda la UE

El Tribunal Constitucional anula el artículo 4.3 del decreto (“En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”) porque no encuentra “razón algún que justifique imponer una prohibición de este cariz”, y subraya la potestad de las comunidades autónomas para regular que pueda producirse electricidad de forma compartida en urbanizaciones, edificios de viviendas o cualquier otro complejo comunitario. Que el Ministerio de Energía impida a las administraciones autonómicas regularlo es pues “inconstitucional y nulo”.

En realidad los magistrados del Tribunal no entran en el fondo de la cuestión, y sólo dirimen en la sentencia el conflicto de competencias entre el Gobierno central y la Generalitat catalana. Sin embargo, en el texto sí se subraya que la prohibición dificulta alcanzar los objetivos medioambientales y de eficiencia energética a los que obligan diferentes directivas de la Unión Europea.

«El Constitucional no establece ninguna pega al planteamiento del real decreto como política energética», ha subrayado el ministro de Energía, Álvaro Nadal. De hecho, fuentes del Ministerio subrayan que no cuestiona el contenido mismo del decreto, sino que sólo establece qué materias han de estar gestionadas por las regiones y cuáles por el propio Gobierno central.

En cualquier caso, el desarrollo normativo que ahora queda en manos de las comunidades autónomas va a ser difícil de ejecutar, ya que el aval al autoconsumo compartido choca con otros decretos y leyes en vigor, advierte Daniel Pérez, abogado experto en el sector energético. “Todo el sistema está montado para hacer posible el autoconsumo individual y todo el sistema de comercialización eléctrico está diseñado para que el titular de un contador sea el consumidor efectivo de la energía”, indica Pérez. “Permitiendo que varios consumidores compartan una misma instalación todo el sistema salta por los aires. Probablemente habrá que reformar otras normas españolas para regular cómo compartir la red, los contadores y la energía misma”.

En duda la vía para cobrar el ‘impuesto al sol’

El TC también tumba el artículo que obliga a todos los autoconsumidores a tramitar su inclusión en un registro de generadores eléctricos, un paso que los detractores de la regulación del Gobierno consideraban una traba burocrática innecesaria. El Tribunal considera que la gestión y control de un registro de estas características debe recaer en todo caso en las comunidades autónomas, y no en el Ejecutivo central.

El registro centralizado es la vía diseñada por el Ministerio para poder cobrar el denominado ‘impuesto al sol’, el peaje específico creado por el Gobierno y que deben pagar los autoconsumidores por estar conectados a la red eléctrica.

El TC levanta la prohibición y deja en manos de las CCAA cómo regular el autoconsumo compartido

Según fuentes del sector, hasta ahora la mayoría de las comunidades autónomas estaban boicoteando ese registro y no realizaban inspecciones para asegurarse de que las instalaciones de autoconsumo estuvieran inscritas. El resultado es que, según estimaciones oficiosas,  apenas un 15% de todas las instalaciones están registradas. Y ahora esas mismas administraciones regionales son las que deben controlar qué instalaciones deben registrarse.

Fuentes del Ministerio de Energía defienden la necesidad de que exista un registrado centralizado para poder gestionar la red eléctrica, y confirman la disposición del departamento comandado por Álvaro Nadal de trabajar con las comunidades para articularlo y para buscar fórmulas que sirven para aligerar los trámites. Sin registro, a priori, no habría manera de cobrar el impuesto al sol (aunque el Gobierno aún debe aprobar el reglamento para regular cómo cobrarlo de manera efectiva).