José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor hasta ser adquirido por Popular en 2011 y vicepresidente de este último hasta su venta a Santander, ordenó destruir documentos para tapar un presunto delito de blanqueo de capitales. De esta operativa se habrían beneficiado sociedades investigadas en el marco del Caso Gürtel por importe de más de 1.200 millones de euros.

Según una investigación interna impulsada por el propio Popular el año pasado, a la que ha tenido acceso El Independiente, Yolanda García Cagiao, directora de Auditoría Interna de Popular y, previamente, responsable del mismo departamento en el Pastor, señaló: «Antes de la fusión con Banco Popular Español, José María Arias le dio orden expresa de destruir cuantos documentos internos de trabajo, ya fueran físicos o en soporte informático, hubiera en su unidad en relación con la operaciones de las oficinas de representación, lo que se llevó a efecto por parte del personal de dicha unidad de Auditoría».

La responsable de Auditoría asegura que Arias le pidió destruir pruebas en soporte físico e informático

El documento, citando a empleados entrevistados con conocimiento de las hipotéticas prácticas delictivas, asegura que «tanto el departamento de Auditoría Interna como la Oficina de Prevención de Blanqueo de Capitales advierten de esta operativa a la Presidencia y Alta Dirección del banco [Pastor]», pero éstos hicieron «caso omiso reiteradamente».

La investigación interna, desarrollada con la participación de las áreas de Cumplimiento Normativo, Auditoría y Servicios Jurídicos de Popular, apunta que «algunos correos confirman la relación personal» de clientes ligados a Gurtel, a través de las sociedades Belfast Link y Eves, con, al menos, el director general comercial del banco Amadeo Font Jorba.

Auditoría Interna y Prevención de Blanqueo de Pastor trasmitieron a la cúpula sus dudas sobre ciertas operativas

Popular puso en conocimiento de Arias el borrador de la citada investigación a principios de noviembre del año pasado para que el ejecutivo pudiese realizar las aclaraciones o alegaciones que considerase oportunas. El que fuera presidente de Pastor en el momento de la presunta comisión de los delitos de blanqueó aseguro que las operaciones se realizaron para proteger los intereses de los clientes, cuyas operaciones no eran legales en aquéllos países pero sí en España.

Antes de que el Popular impulsase esta investigación, el Consejo de Administración ya había pedido explicaciones sobre estos hechos a Arias en su reunión del 27 de abril de 2016, dos días después de que se hiciese público un auto de la Audiencia Nacional que sostenía que las sociedades Belfast Link y Eves realizaron movimientos entre 2006 y 2010, a través de cuentas constituidas en la oficina de Pastor de la calle Cantón Pequeño de La Coruña. La mayoría de estas transacciones se realizó en Argentina y Uruguay.

Arias informó de que en su día se cursaron al Sepblac 6.000 alertas, de las que se pidieron exclusivamente tres aclaraciones, que fueron contestadas.

Un sistema informático para ocultar movimientos

La investigación asegura que hay indicios suficientes para concluir que Pastor articuló un sistema informático en sus oficinas de representación para realizar transferencias opacas a medio centenar de países, entre los que destacan Suiza, EEUU, Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas.

«A las oficinas de representación de Banco Pastor se les instala una aplicación informática departamental que utilizaban para abonar las partidas cedidas por los clientes (normalmente remesas de cheques), que permitía dar un tratamiento opaco a gran parte de estas partidas, no apareciendo en extractos el detalle de muchos de los movimientos de abono”, cita el informe.

El documento constata que en 2010, bancos corresponsales del Pastor, entre los que se encuentran HSBC y JPMorgan, decidieron no procesar transferencias de Eves, Belfast Link y otras sociedades como Casa de Cambio Los Tilos, Northwick Insurance, Lucía Enterprise, Krause Corporation (empresa continuadora de la actividad de Belfast Link) y Pandera Management, bajo la sospecha de blanqueo de capitales.