Santander anunció la semana pasada que compensará a algunos de los accionistas y bonistas de Popular que perdieron toda su inversión tras la resolución del banco con deuda perpetua que pagará un cupón anual del 1% y Santander podrá amortizar a voluntad a partir del séptimo año. A cambio, los afectados de Popular que se acojan a esta ‘Acción de Fidelización’ tendrán que renunciar a acciones legales contra Santander.

En este contexto, los sindicatos de Popular temen que Santander “pudiera ejercer una presión o coacción sobre los empleados y familiares para suscribir el producto y de esta manera evitar que se acuda libremente a las acciones judiciales iniciadas o por iniciar”.

Desde UGT señalan que, “de momento, se reserva hacer una valoración sobre este producto. La elección o no del mismo lo dejamos dentro del ámbito individual de cada empleado o familiar”.

El 75% de la plantilla de Popular tenía acciones del banco, que perdieron todo su valor tras la resolución

Según fuentes sindicales, la mayoría de los trabajadores de Popular acudió a las ampliaciones de capital con las que el banco buscaba reforzar su balance y mejorar su solvencia. De hecho, Popular otorgó anticipos de sueldos sin intereses para animar a la plantilla a adquirir las nuevas acciones emitidas. Además, el banco no tuvo en cuenta el límite de endeudamiento del 40% sobre los ingresos netos que limita la concesión de créditos como norma general, apuntan las mismas fuentes.

En torno al 75% de los empleados del grupo es accionista de Popular, es decir, más de 8.000 personas de una plantilla de 11.000. La presión que sufrieron las oficinas para colocar las dos ampliaciones, especialmente la última, fue muy fuerte. Tenía que cerrarse con éxito y era prioritario vender acciones a clientes y, por supuesto, entre los propios empleados”, señalan a El Independiente representantes de los trabajadores.

Manual de defensa en las oficinas de Popular

Por otro lado, los representantes de los trabajadores han recordado en un comunicado interno que solicitaron un manual de defensa para que los empleados de las oficinas pudieran afrontar situaciones críticas, ante los episodios de violencia que protagonizaron algunos de los accionistas que sufrieron pérdidas tras la caída de Popular.

“UGT solicitó que este protocolo tuviera un carácter preventivo para minimizar los riesgos que supone enfrentarse a estas situaciones de
amenazas verbales e incluso físicas, y crisis de ansiedad extremas que esto provoca.Se ha conseguido minimizar las situaciones violentas y poner solución a muchas situaciones conflictivas”, aseguran.