Rodrigo Rato se sentará en el banquillo por las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados tanto por el ex presidente de Bankia y por ex consejero José Manuel Fernández Norniella contra el auto del juez Fernando Andreu con el que propuso que fueran juzgados y que ponían fin a la larguísima instrucción del caso.

La sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia confirma el procesamiento de Rato al entender que existen indicios suficientes de que, como miembro del consejo de administración de Bankia, conocía las «presuntas falsedades» en las cuentas utilizados por el grupo financiero para su salida a bolsa. En el caso de Norniella, los magistrados subrayan que tanto los administradores como los directivos tenían capacidad y experiencia para interpretar las cuentas de la entidad y ser conscientes de su posible deterioro.

En ambos casos, los magistrados subrayan que los ejecutivos «tenían una obligación de veracidad informativa y les era exigible adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias para asegurarse de que los estados financieros que estaba aprobando reflejaban la imagen fiel de la entidad y, según se desprende de los informes de los peritos Busquets y Sánchez Nogueras, no la reflejaban»

Tanto el ex vicepresidente del Gobierno como el ex secretario de Estado forman parte del total de 31 procesados por el juez Andreu como presuntos responsables de falsear las cuentas de Bankia e incluir datos erróneos en el folleto informativo presentado a los inversores para promocionar la colocación en bolsa de parte del capital de la entidad financiera, que se produjo en julio de 2011.

En su recurso, Rato solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones porque los hechos investigados no son constitutivos de delito. Según la defensa del ex político, BFA y Bankia estuvieron supervisadas por el Banco de España y la CNMV, cumplieron su recomendaciones, indicaciones e instrucciones y las cuentas y los estados financieros intermedios se ajustaron siempre al criterio por ellos marcado.

Además, sostenía que el folleto de emisión para la salida a Bolsa, que era una culminación de trabajos previos, se ajustaba a las previsiones legales, no contenía información falsa ni omitía datos relevantes requeridos por la legislación aplicable y era clara y exhaustiva sobre los riesgos de la inversión en las acciones de Bankia, que eran destacados en el resumen.

La Fiscalía Anticorrupción, que sólo dirige su acusación contra cuatro de de los 31 procesados, solicita para el ex ministro cinco años de cárcel por presunta estafa a los inversores, a los que «se ocultó» que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas fusionadas en Bankia (Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades más), no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas. Un delito que también atribuye a Fernández Norniella, para el que pide tres años de cárcel.