La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto por el que designan los órganos y autoridades que sustituirán a los actuales mandos de la Generalitat tras la activación del artículo 155 ante la declaración unilateral de independencia (DUI), habilita a los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para hacerse con el control total de los asuntos económicos en Cataluña, desde su financiación hasta la gestión de los tributos, a la espera de que se celebren las elecciones del 21 de diciembre.

Tras el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del pasado 15 de septiembre, el Gobierno había dado ya algunos pasos en esta dirección. Había pasado a supervisar los pagos realizados con cargo a las transferencias correspondientes al sistema de financiación autonómica y había aprobado un acuerdo de no disponibilidad de gasto para evitar en la medida de lo posible que el presupuesto catalán se destinara a financiar la eventual secesión.

Sin embargo, esta labor era puramente supervisora. Ahora, con la destitución del máximo responsable económico de la Generalitat, su vicepresidente, Oriol Junqueras, la toma de control se hace absoluta y se extiende a todos los niveles del área económica catalana.

Entre las nuevas responsabilidades del ministro de Hacienda, destaca, por ejemplo, el ámbito competencial de la Agencia Tributaria de Cataluña, incluida la Oficina del Contribuyente. Esto supone que Montoro tendrá capacidad de decisión sobre los tributos de la Hacienda catalana, tanto desde el lado de los ingresos como de los gastos, y también podrá adoptar medidas coercitivas desde dentro del territorio en el caso de que haya casos de insumisión tributaria.

Esto, en la práctica, implica que Hacienda, no solo se encargará de gestionar los grandes impuestos como el IRPF y Sociedades, sino también los cedidos (Patrimonio o Sucesiones y Donaciones) y las tasas autonómicas, como la recae sobre las viviendas vacías o las bebidas azucaradas.

También se hará cargo de la Dirección General de Presupuestos. En este caso, el Presupuesto catalán ya fue aprobado y es de aplicación. No obstante, el Gobierno podría decidir ahora revocar el acuerdo de no disponibilidad de gasto ante la evidencia de que ni un solo euro se destinará a la causa independentista bajo su gestión. Y es que, Montoro también asumirá ahora las labores de la Intervención General de la comunidad autónoma.

Asimismo, recae ahora sobre su competencia la gestión de los fondos estructurales europeos y el ámbito de la función pública, esto es, de los funcionarios. De este modo, podrá controlar que las plantillas públicas acaten los mandatos del Gobierno central y, en caso de huelga, podrá hacerse de manera ordenada y contabilizando las horas perdidas para su posterior descuento en la nómina de los trabajadores que la secundaran.

La ciberseguridad de Cataluña también pasa a la cartera de Hacienda, así como las competencias que tenía asumidas hasta la fecha el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o las funciones de la Secretaría de Transparencia, datos abiertos y calidad democrática. Por último, será competencia de Hacienda todo lo relativo a contratación pública y empresas públicas catalanas.

Guindos y la financiación

El Real Decreto también define las responsabilidades encomendadas al departamento que dirige Luis de Guindos e incluye las atribuciones de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro. En este sentido, el Gobierno asume ya lo que tiene que ver con la financiación pública de Cataluña, tanto por la parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que supone la mayor parte de la deuda que sostiene en estos momentos las comunidad autónoma, como por la que corresponde, sobre todo, a las emisiones directas en los mercados y otras fuentes financieras, que ahora estarán bajo el ala de Economía.

Guindos controlará también Instituto de Estadística de Cataluña a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Catalán de Finanzas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).