Casi 1.700 empresas han salido de Cataluña desde el referéndum del 1-O para ubicar sus sedes en otras comunidades autónomas, principalmente en Madrid. Sin embargo, de entre ellas, la fuga de las entidades bancarias prácticamente al completo, con Caixabank a la cabeza, es clave porque son el puente que separa la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y los ciudadanos catalanes, y sin ellas la capacidad recaudatoria de una eventual República de Cataluña se vería seriamente limitada, si no completamente bloqueada.

Así lo indican expertos fiscalistas consultados por este periódico, con la vista puesta en los posibles escenarios políticos que se pueden producir los próximos días y semanas.

Una vez que la Generalitat de Cataluña ha declarado unilateralmente la independencia y que el Gobierno central ha asumido todos los poderes económicos en la comunidad autónoma, uno de los principales temores que había en los días previos es que se estableciera una doble legalidad en la región, la que reclamara España al no reconocer la secesión y haber tomado el control de la comunidad autónoma con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la que reivindicara para sí el Govern.

En una tesitura así, fiscalistas advierten de que los ciudadanos catalanes podrían verse instados a pagar los mismos impuestos estatales –IRPF e Impuesto de Sociedades principalmente– desde la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y la ATC.

Tal y como señala una nota de la ATC, el organismo, «de acuerdo con el marco legal vigente» hasta el momento de intervención y previsiblemente una vez se celebren las elecciones del 21-D, gestiona y recauda los tributos propios (impuesto sobre bebidas azucaradas, viviendas vacías o sobre los grandes establecimientos comerciales), así como los tributos cedidos por el Estado (Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y el Impuesto sobre el Juego). Por su parte, es el Estado el que gestiona y recauda directamente el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y otros.

En tanto que el Gobierno ha activado el 155 en los términos en los que se planteaba en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del pasado sábado, el Ejecutivo central también tutelaría la gestión de los impuestos que ahora maneja la ATC, tanto desde los ingresos como desde los gastos.

Sin embargo, una Cataluña presuntamente independiente trataría de recaudar todos los impuestos. De hecho, poco después de que se iniciara la desbandada de empresas catalanas, la Vicepresidencia de Cataluña elaboró un documento en el que aseguraba contar con un margen de 24.000 millones para, entre otras cosas, reformular el Impuesto de Sociedades y establecer beneficios fiscales para las empresas.

La banca, de parte del Gobierno

No obstante, en el supuesto de que el Ministerio de Hacienda no controlara los engranajes fiscales catalanes, las capacidades recaudatorias de una y otra parte no son las mismas y España tiene a la banca de su lado. Ha contado con ellas desde el principio y con ellas coordinó la primera toma de control de las cuentas de la Generalitat pidiendo su colaboración incluso para controlar los pagos con tarjeta de su cúpula.

Del lado de los ingresos impositivos, nada impediría que la Generalitat puediera tener una cuenta en una entidad como Caixabank donde recibir los pagos y retenciones de los contribuyentes que decidieran empezar a tributar por el IRPF o Sociedades, o lo autónomos que rindieran cuentas por el IVA, únicamente a la ATC.

Sin embargo, a la hora de reclamar los pagos en el caso de que no se efectuaran, pasados los correspondientes apercibimientos y llegados al extremo de plantear el embargo de cuentas, bancos como el Sabadell o Caixabank (por no hablar de los Santander o BBVA), como entidades colaboradoras ya en territorio español, serían el vehículo válido para hacerlo a través de las cuentas abiertas por sus clientes. En su caso no habría duda de que la legalidad a la que estarían sometidas sería la española.

Por el contrario, la Generalitat no podría teóricamente exigir lo mismo para reclamar pagos a otros contribuyentes, puesto que estas entidades financieras ya no operarían dentro de su legalidad. El problema surgiría entonces si se negaran a colaborar con la AEAT contribuyentes con cuentas en otros bancos aún en suelo catalán, las pequeñas Caixa Guissona y Caja de Ingenieros. Estas tendrían que definir su lealtad.

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advertía a principios de septiembre, cuando se armaba la ATC, sobre la posibilidad de imponer sanciones, que podrían llegar a la vía ejecutiva, es decir, embargos, o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presentasen las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en esta agencia.