Jornadas como las del Black Friday, el Prime Day, el Ciber Monday o el Día del Soltero son a los ojos de los consumidores una oportunidad para hacerse con productos muy rebajados a través de plataformas como Amazon o Alibaba. En los despachos del Ministerio de Hacienda saben, en cambio, que son días en los que muchos ingresos por IVA se le escaparán entre los dedos.  Sin embargo, el panorama puede cambiar radicalmente a partir del próximo año.

En el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ya se preparan para que en 2018 como tarde se pueda aprobar y poner en aplicación en toda su amplitud el Plan de Acción del IVA de la UE, un compendio de medidas para hacer frente a lo que se denomina en el argot comunitario el ‘VAT gap’, la diferencia entre los ingresos estimados y los efectivamente recaudados en el IVA por los Estados miembros, y para adaptar el sistema de este impuesto a la economía digital y las necesidades de las pymes.

Para ello, la maquinaria está en marcha para que en cuestión de meses vean la luz una serie de directivas para taponar esas vías de agua, con el horizonte de que los efectos puedan ser visibles en 2021 en los Estados miembro. Para entonces se espera contar con una sistema homogéneo de aplicación del IVA dentro de la UE para que el impuesto se pague siempre en el destino de la venta: en las entregas intracomunitarias se repercutiría IVA según las reglas del país de origen, pero aplicando el tipo impositivo del país de consumo.

Los números son de vértigo. La diferencia entre los ingresos logrados por el IVA y las estimaciones en los Estados de la UE alcanzó los 170.000 millones de euros en 2013. Además, la complejidad actual del sistema del IVA y el escaso control existente sobre los proveedores en las operaciones trasfronterizar hace que este agujero,ronde para estos casos los 50 000 millones euros anuales en la UE. En Bruselas se cree que la revisión completa del tributo podría aflorar unos 40.000 millones de euros. Fuentes de Hacienda señalan que es muy difícil precisar cuál es la factura que le corresponde a España.

El fraude en el IVA transfronterizo alcanza los 50.000 cada año en la UE

Gran parte de esta sangría está asociada al comercio electrónico, un gigante en crecimiento que mueve ya cantidades desorbitadas de dinero al haber establecido un atajo entre los pequeños proveedores extracomunitarios y los destinatarios europeos. Sin embargo, en las actuales condiciones es complejo dar con estos proveedores para exigirles el pago de los correspondientes tributos.

Sin embargo, esa información está o puede estar en manos de los grandes bancos de datos que son las plataformas del comercio online como Amazon, Alibaba o eBay. Es por eso que, los Estados miembro prevén adoptar una medida de será toda una carga de profundidad contra el fraude a partir de 2021: se planea exigir a las plataformas que operan dentro de la UE que tengan disponibles los detalles de cada operación, incluyendo el importe, la mercancía, el destinatario final y, sobre todo, los datos del proveedor para poder reclamarle el IVA.

Así se escapa el IVA

Fuentes consultadas de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) explican que, dentro de la gran complejidad de un tributo como el IVA, se puede establecer dos sistema generales dentro del comercio electrónico. En primer lugar, el régimen de servicios por vía electrónica, donde se engloban las descargas de software o música, que no implican ningún transporte. En estos casos, la tributación por IVA se centraliza en una ventanilla única que existe en cada Estado y después son los países los que ‘echan cuentas’. Así se decidió después de los problemas que surgieron a la hora de tributar cuando se expandieron los ebooks.

Pero el verdadero problema surge, señalan, en lo que tiene que ver con el régimen de venta a distancia, donde entran en juego las plataformas que ponen en contracto a particulares y pequeños negocios para llevar a cabo compraventas de productos materiales. En estos casos, cabe diferenciar entre las operaciones en las que todo queda en casa, dentro de la UE, y las que parten de un proveedor no comunitario.

Para las operaciones internas, cada país cuenta con un umbral a partir del cual el proveedor tiene que abonar el IVA en el país de destino. En el caso de España, el límite está en los 35.000 euros. Esto quiere decir que si un proveedor francés vende productos por más de 35.000 euros tendrá que registrarse y pagar el IVA español, en lugar del francés. Sin embargo, como señalan desde el despacho de abogados de Cuatrecasas, no siempre se conoce el proveedor de origen, porque este no acude al país de destino a registrarse, algo complejo y costoso.

Muchos proveedores extracomunitarios fragmentan los envíos para despistar al fisco

Además, muchos proveedores de fuera de la UE entran en contacto con destinatarios europeos a través de las plataformas online, les venden sus productos, pero permiten ocultar el verdadero origen de las mercancías posicionándolas dentro de la UE. Y es que, si en las aduanas se detecta que una mercancía procede de un país extracomunitario será el consumidor final el que abone el IVA.

Otra forma de fraude en el caso de la venta de productos desde fuera de la UE es la de infradeclarar el verdadero valor de la mercancía para reducir el pago de impuestos y mercancías. Un auténtico quebradero de cabeza para el fisco que puede tener solución si las plataformas digitales colaboran con la aportación de información.

Llegados a este punto, no sorprende que la UE quiera utilizar la información en manos de las plataformas digitales para poder tener controlados a estos proveedores. La mecánica no es nueva. Recuerda a la maniobra que se puso en marcha en EE.UU. para aumentar el control sobre las operaciones en Bitcoins. En ese caso, el recurso fue pedir datos a las plataformas de bitcoin para conocer la identidad de aquellos que comerciaban con la moneda virtual.

Hacienda quiere su Black Friday

Hacienda ha visto en esta posibilidad una ventana abierta para incrementar los ingresos por IVA. Tal es el potencial, también para el resto de los Estados miembro, que se ha llegado a barajar a nivel comunitario la posibilidad de pedir responsabilidad solidaria a las propias plataformas, lo que en la práctica se traduciría en que si el proveedor no paga el IVA tiene que cubrir ese pago la propia plataforma.

Y es que el comercio electrónico es un fenómeno que está obligando ya a los comercios tradicionales a aliarse con las plataformas para poder sobrevivir. Fuentes de la asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc) aseguran que, lejos de verse como una amenaza, el sector se decanta ya por suscribir acuerdos de distribución con las plataformas del comercio electrónico para usar sus capacidades en busca de mayores cuotas de mercado.

Los fabricantes y distribuidores se empiezan a aliar con las plataformas

Porque las cifras de comercio a distancia no paran de crecer y lo hacen especialmente en los enloquecidos Black Friday o Prime Day. Para hacerse una idea, la asociación española de la economía digital (Adigital) asegura que los españoles se dejarán hasta 1.40o millones de euros en el próximo ‘viernes negro’ (24 de noviembre) a través del comercio electrónico.

Y no solo en los días promocionales. Amazon planea contratar a 2.700 personas para reforzar su plantilla de 900 personas en España durante la campaña de Navidad.

No solo detrás de los proveedores

Se trata de un paso más en la pelea por que todo lo que rodea al comercio electrónica rinda cuentas como los comercios tradicionales. Hasta ahora, el grueso de esta pelea se había focalizado en las propias plataformas. Escurridizos negocios en los que la tributación por el Impuesto de Sociedades se complica por cuanto sus establecimientos permanentes se desvanecen entre servidores y la nube.

La pasada semana, el Ministerio de Hacienda aclaraba en respuesta a una consulta a la Dirección General de Tributos que las compras a través de platadormas como eBay o Wallapop tienen que tributar al 4%.

Este caso es diferente al de las ventas a distancia, en tanto que es una operación entre consumidores. Sin embargo, es otra muestra más de la necesidad de adaptar los reglamentos tributarios y de los retos que plantea la nueva realidad de las plataformas digitales.