Economía

El varapalo del TC a las 35 horas deja en el aire 8.000 empleos de la Junta de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su comparecencia tras la conferencia de presidentes. EP

Los sindicatos se encuentran analizando el alcance que puede tener la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumba la reducción de jornada laboral en la Junta de Andalucía de las 37,5 a las 35 horas. Temen que las alrededor de 8.000 personas que se contrataron, fundamentalmente en la educación y la sanidad, surgidas a raíz de esta reducción puedan perder su puesto con la anulación.

Según el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Andalucía, Agustín de la Cruz, la ampliación de plantilla que siguió al recorte de jornada en Andalucía fue de entre 7.000 y 10.000 personas. Para ello, el Gobierno de Susana Díaz reservó una partida de más de 100 millones de euros.

Estas personas entraron a trabajar con contratos temporales para cubrir diferentes áreas de los servicios sociales, entre educación, sanidad, dependencia y otros. Si bien, la idea era seguir reforzando las plantillas para compensar la reducción de personal llevada a cabo durante la crisis por efecto de la congelación de las tasas de reposición, hasta las 12.000 plazas.

La Junta de Andalucía pensaba contratar hasta a 12.ooo personas

La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha convocado este lunes a los sindicatos para una reunión extraordinaria de la mesa de negociación en el ámbito de la Junta y les has trasladado que es «factible» que no haya que recortar empleos.

Como adelantó Montero horas después de publicarse la decisión del Constitucional, la idea de la Junta es mantener los puestos de trabajo y sus horarios presenciales, tal y como los han desarrollado dentro de la jornada de 35 horas, pero computando hasta las 37,5 horas tareas y trabajos que se realizan habitualmente en el ámbito doméstico, como la preparación de exámenes o la formación.

Montero ha defendido en este sentido los acuerdos alcanzados en algunas empresas públicas como AENA o Enaire, donde la aplicación de horarios de cortesía permite de facto realizar jornadas de 35 horas, burlando así la norma estatal, que fija esas 37,5 horas desde 2012.

Desde el PSOE se ha criticado con dureza la posición de silencio frente a estas cuestiones del PP, como también lo ha hecho el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha pedido la comparecencia de Montero en el Parlamento andaluz y ha asegurado que «las 35 horas son un derecho de los funcionarios», a los que, según ha dicho, se les está tratando con «insensibilidad».

¿Y sí el Gobierno lo recurre?

Los sindicatos creen que, casi con toda certeza, la Junta de Andalucía ampliará plantillas en 2018 por efecto de las ofertas de empleo público pendientes para el año que viene y creen que, dentro de ese proceso y en el peor de los escenarios, podrían absorberse las alrededor de 8.000 que están ahora en vilo.

Desde FSC-CCOO se calcula que solo el proceso de estabilización de plantillas temporales e interinas abierto en toda España podría suponer 40.000 puestos en Andalucía. Sin embargo, se trata de empleos que se pretenden mantener haciéndolas fijas, con lo que la absorción de las 8.000 debería recaer del lado de una oferta de empleo ordinaria con unas tasas de reposición por encima del 100%.

Sea como fuere, el ejecutivo de Susana Díaz prevé llevar al Pleno de la Junta del próximo martes un acuerdo firmado con los sindicatos con la modificación del cómputo de las horas que desempeñan sus empleados públicos y confía en que el Gobierno no decida recurrirlo también. «Sería una incoherencia», aseguró la propia Montero el pasado viernes.

Repercusiones a nivel nacional

Más allá del ámbito de la Junta de Andalucía, horas después de que se conociera la decisión del TC, el PSOE avanzó que presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que permita a las comunidades autónomas y los ayuntamientos adoptar la jornada de 35 horas allí donde sus presupuestos lo permitan.

Además, el sindicato de funcionarios CSI-F, que también cree que los 8.000 contratos en Andalucía «ahora podrían estar en peligro», ha reclamado también al Gobierno que derogue la actual limitación para pactar la jornada por administraciones con el fin de que cada una tenga capacidad de negociar y acordar con los sindicatos la jornada de las 35 horas, como ya ha ocurrido en ámbitos como País Vasco, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, el Ayuntamiento de Madrid, además de la Junta de Andalucía.

«Desde CSI-F pedimos al Gobierno que reabra la negociación sobre este asunto en el marco de la Mesa General de las Administraciones Públicas», indica la organización.

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