Buscar pisos en Airbnb
Baleares se ha propuesto poner orden en la expansión del alquiler turístico en las islas y empieza a aplicar con todo rigor la nueva legislación del ramo. El Govern balear ha impuesto una multa de 300.000 euros al gigante Airbnb por seguir anunciando pisos turísticos ilegales pese a los reiterados avisos.
La nueva normativa regional prohíbe desde el pasado verano el alquiler de los pisos que estén en bloques plurifamiliares y sólo habilita la comercialización de casas individuales que cuenten con licencia de autorización para ello.
La Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo abrió un expediente a Airbnb por estar comercializando en su plataforma viviendas sin la licencia preceptiva. Pese a las reiteradas advertencias desde la Administración balear para que retirase los anuncios de pisos ilegales, el portal ha continuado con la comercialización de estas viviendas, lo que el Govern considera una infracción muy grave de la norma.
La Conselleria ya ha comunicado oficialmente la sanción a la filial de Airbnb que se encarga de centralizar el cobro de comisiones por alquiler en toda Europa, que tiene su sede en Irlanda. La compañía dispone ahora de un plazo de dos semanas para presentar alegaciones a la resolución.
Airbnb se rebela
Airbnb ya ha confirmado su intención de recurrir la sanción, que entiende como "una multa contra las familias locales que comparten su hogar y aportan grandes beneficios a Mallorca y Baleares". “Las leyes de las Islas deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad, y no a mantenerlos en manos de unos pocos", critica la plataforma en un comunicado. Según las estimaciones de Airbnb, el alquiler turístico inyectó 500 millones de euros a la economía balear, y con la nueva legislación hará que las familias de las islas podrían perder 100 millones.
El Ejecutivo balear ya desveló el pasado diciembre la apertura de sendos expedientes sancionadores contra los gigantes online Airbnb y Tripadvisor por no retirar los anuncios de pisos oficiales. Otros portales sí que se han plegado a la petición del Govern, como Booking.com, Hundredrooms, Atreveo, Tripwell y Rentalia.
Airbnb y sus rivales sólo pueden comercializar desde agosto casas vacacionales completas y que cuenten con la autorización oficial para ello. La oferta de cualquier inmueble que no cumpla con estos requisitos será motivo de sanción para la empresa (de entre 40.000 y 400.000 euros) y para el propietario (en el caso de los dueños, las sanciones oscilan entre los 20.000 y los 40.000 euros).
Los Consells insulares y los ayuntamientos, según la normativa regional, disponen de un plazo de un año para definir los tipos de alojamiento y las zonas de ubicación en que podrá haber alquiler. Las administraciones podrán permitir en el futuro el alquiler de pisos también en edificios plurifamiliares, pero sólo si se trata de la vivienda habitual del propietario y por un máximo de 60 días al año. Pero actualmente ningún piso ubicado en una comunidad de vecinos cuenta con licencia turística y no la podrá obtener durante el próximo año.
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