Economía

El Gobierno blinda al taxi frente a Uber y Cabify antes de la sentencia del Supremo

Taxis en Madrid.

Taxis en Madrid. EP

El Gobierno se ha buscado un atajo para blindar el sector del taxi a toda prisa. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al proyecto de real decreto ley que protege a los taxistas frente al boom del negocio de plataformas como Uber y Cabify. Y con ello el Ejecutivo se adelanta a la esperada sentencia del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse en las próximas semanas sobre la eventual liberalización del negocio de los vehículos de transporte con condcutor (licencias VTC), que son las que utilizan los chóferes conectados a Uber o Cabify, entre otras firmas.

La normativa aprobada por el Ejecutivo garantiza un equilibrio de fuerzas que favorece a los taxi, a la hora de repartir las licencias. La medida, adelantada esta semana por El Confidencial, mantiene las dos principales barreras que protegen a los taxistas. Por un lado, la limitación de las licencias repartidas a empresas como Uber o Cabify (sólo se puede obtener una por cada 30 concedidas a los taxistas). Por otro, prohíbe a las nuevas modalidades de transporte realizar más del 20% de su actividad fuera de su región.

«El objeto de este real decreto ley es lograr un adecuado equilibrio entre la oferta del sector de transporte de vehículos con conductor y el del taxi. Se busca garantizar una competencia equilibrada», ha subrayado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En paralelo, el ministro vincula la necesidad de la nueva norma en la necesidad de «garantizar seguridad jurídica» (ante la concesión de nuevas licencias VTC que continúa a través de la justicia, a pesar de las restricciones vigentes) y «salvaguardar la unidad de mercado» (dadas las iniciativas legislativas emprendidas en las últimas semanas por diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos para regular el transporte y proteger al taxi).

Una ley para complicar el recurso

La decisión del Consejo de Ministros está condenada a generar polémica, ya que el Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia sobre esas mismas limitaciones que ahora el Gobierno eleva a rango de ley. También se enfrenta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fue la que denunció las barreras que actualmente protegen al colectivo del taxi, frente a los propietarios de licencias VTC.

Las restricciones están vigentes desde la aplicación de un real decreto aprobado en 2015. Lo que pretende ahora el Gobierno es blindarlas mediante un decreto ley, que hace más complejo y más largo el proceso de recurso contra él (una decisión en los tribunales sobre el asunto no llegaría hasta dentro de unos años).

Ante la posibilidad de que el Supremo tumbe las condiciones de 2015, el Ministerio de Fomento las refrenda con una norma con rango de ley. Así que la sentencia, sea cual sea su sentido, afectará a la nueva normativa si ya está en vigor.

Para sacar adelante la nueva normativa el Gobierno necesita recabar apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Unos apoyos que parecen garantizados, dada la pretensión de regular el sector de las VTC y proteger al del taxi que confirman desde hace tiempo PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Proceso judicial

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dejó este martes vista para sentencia la demanda interpuesta por CNMC contra la regulación de las licencias VTC. Las plataformas Uber y Cabify -como intermediarias entre usuarios y vehículos VTC- y la patronal de las empresas propietarias de las licencias VTC Unauto se sumaron en su día como demandantes a la iniciativa de la CNMC. Todos comparecieron hace sólo tres días para entregar sus alegaciones al Alto Tribunal.

En la otra parte, se personaron ante el Supremo los representantes legales del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. A la causa también han estado personados las asociaciones Gremial del Taxi, Élite Taxi y Fedetaxi, así como otras organizaciones del colectivo de taxistas españoles.

De nada han servido los llamamientos al diálogo efectuados en los últimos días por las plataformas de conductores con VTC. El pasado 12 de abril, Uber y Cabify cambiaron radicalmente su estrategia y pidieron colaboración para acabar con la guerra. “Es el momento de dejar el periodo de conflicto atrás y de ser socios. Tenemos que trabajar juntos”, afirmaron los portavoces de las dos plataformas de transporte en unas jornadas a las que acudieron otras plataformas competidoras.

El lío de las licencias

Una de las razones de la urgencia del Gobierno para tramitar la ley con celeridad y adelantarse a una eventual sentencia del Supremo que tumbe el decreto de 2015 es evitar el aluvión de concesiones de nuevas licencias VTC, al quedar suprimida la ratio obligatoria de una licencia por cada 30 de taxi. Y es que este boom provocaría un desplome del precio de las licencias del taxi (consideradas por el sector como auténtico fondo de pensiones de los conductores por su alto precio y por ser vendidas cuando se retiran).

En paralelo, los actuales propietarios de las actuales licencias VTC -entre los que hay empresas que han realizado inversiones millonarias para atesorarlas- también temen la liberalización de la entrega de nuevas licencias, ya que también provocaría un hundimiento del precio de las ahora vigentes.  Entre los propietarios de licencias VTC se encuentra la propia Cabify, lo que llevó a la plataforma online a reclamar ante el Supremo mantener algún tipo de ratio entre número de permisos VTC y de taxi, aunque muy inferior al actual 1/30.

En cualquier caso, el vacío legal que hubo entre la suspensión de la legislación de 2009 y la aprobación del decreto de 2015, y las decisiones de diferentes tribunales habilitando la concesión de nuevas licencias VTC a las empresas que las solicitaban, ya ha hecho que la relación 1/30 hace tiempo que se haya sobrepasado. Según los datos del Ministerio de Fomento, actualmente en España hay 64.217 licencias de taxi y 7.058 de permisos VTC. Esto es, la ratio real es de 1/9. Casualmente la proporción de algunos de los grandes propietarios de licencias VTC consideraría aceptable.

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