Economía

La ministra Valerio se topa con una factura en pensiones histórica: 30.000 millones en dos meses

Entre junio y julio tendrá que pagar las nóminas ordinarias, las extras y la subida adicional de las pensiones desde enero si mantiene el plan presupuestario del PP

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La ministra Valerio se topa con una factura en pensiones histórica: 30.000 millones en dos meses
La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. EFE

Resumen:

 

Una cosa es pedir subidas de pensiones y otra bien distinta es pagarlas. Eso es lo que tendrá que hacer el nuevo Gobierno del PSOE a partir de ahora y si los actuales Presupuestos para 2018 acaban aprobándose antes del verano, como todo apunta que sucederá, la factura a la que tendrá que hacer frente en los próximos meses será inusualmente alta.

Entre junio y julio podrían coincidir el pago de las nóminas ordinarias de los pensionistas, sus pagas extras de verano y la liquidación del IRPF de las mismas, así como la compensación por la diferencia entre la revalorización del 0,25% con la que se inició el año y las posteriores subidas incluidas en los Presupuestos –desde el 1,6% para todas las pensiones al 7,7% para las de viudedad–, que deben abonarse con efecto retroactivo, desde el 1 de enero hasta el momento de la aplicación del nuevo Presupuesto.

Se desconoce a ciencia cierta cuál será la factura final, pero cálculos aproximados cotejados con fuentes del Gobierno y del Grupo Popular, responsables de la elaboración de los Presupuestos, sugieren que la cuantía podría rondar los 30.000 millones de euros en los próximos meses.

Una cosa es pedir subidas de pensiones y otra bien distinta es pagarlas. Eso es lo que tendrá que hacer el nuevo Gobierno del PSOE a partir de ahora y si los actuales Presupuestos para 2018 acaban aprobándose antes del verano, como todo apunta que sucederá, la factura a la que tendrá que hacer frente en los próximos meses será inusualmente alta.

Entre junio y julio podrían coincidir el pago de las nóminas ordinarias de los pensionistas, sus pagas extras de verano y la liquidación del IRPF de las mismas, así como la compensación por la diferencia entre la revalorización del 0,25% con la que se inició el año y las posteriores subidas incluidas en los Presupuestos –desde el 1,6% para todas las pensiones al 7,7% para las de viudedad–, que deben abonarse con efecto retroactivo, desde el 1 de enero hasta el momento de la aplicación del nuevo Presupuesto.

Se desconoce a ciencia cierta cuál será la factura final, pero cálculos aproximados cotejados con fuentes del Gobierno y del Grupo Popular, responsables de la elaboración de los Presupuestos, sugieren que la cuantía podría rondar los 30.000 millones de euros en los próximos meses.

Para empezar, la nómina mensual de las pensiones contributivas roza ya los 9.000 millones de euros, con lo que a finales de este mes habrá que pagar un desembolso similar más una paga extra de verano por idéntica cuantía, es decir, unos 18.000 millones de euros (no se incluyen pensiones no contributivas). A esta cantidad, habría que sumar alrededor de 1.000 millones de euros para cubrir la liquidación del IRPF. Y hasta ahí, lo que se sabe a ciencia cierta.

Sin embargo, los Presupuestos podrían aprobarse en las primeras semanas de julio si prosperan en el Senado las enmiendas parciales introducidas por el PP y otros grupos minoritarios, y las cuentas se remiten de nuevo al Congreso de los Diputados, donde cabe esperar que el PSOE se encargará de que no haya mayores problemas para su aprobación.

Una vez en vigor, la nómina de las pensiones a pagar a finales de julio podrían incorporar ya las subidas prometidas, con lo que el pago mensual de las pensiones contributivas de julio superará ya los 9.000 millones de euros, elevando el coste por encima de los 25.000 millones de euros en solo dos meses.

Pero además, fuentes del PP confirman que el plan antes de la moción de censura era realizar una paga compensatoria a los pensionistas en el mes de julio (contando con tener los Presupuestos aprobados para entonces) con la diferencia entre de la subida de las pensiones presupuestada y el 0,25% inicial acumulada desde enero hasta ese mes.

Este extremo está en el aire. En el Ministerio de Trabajo no confirman que este pago se vaya a hacer en julio o si se dejará para agosto, en tanto que ni siquiera se conoce aún quién será el próximo secretario de Estado de Seguridad Social.

De acuerdo con la documentación remitida a Bruselas hasta el momento, el coste de las subida de las pensiones hasta el 1,6% en 2018 será de unos 1.500 millones de euros adicionales, con lo que la parte proporcional hasta julio o agosto superaría los 800 millones de euros.

Pero queda por contabilizar la subida de las pensiones de viudedad en un 7,7% o las más bajas y las no contributivas en un 3%. Esta subida, la que fue pactada con Ciudadanos, está llamada a tener un coste aislado de unos 1.131 millones de euros en 2018 (también según la información remitida a Bruselas), con lo que, otra vez, la parte proporcional se acercaría a los 600 millones de euros. En total, otros 1.400 millones sobrevenidos por el efecto de los Presupuestos.

Esto da lugar a un coste de unos 29.400 millones de euros en cuestión de dos meses, siempre en el caso de que el ‘pico’ presupuestario se ingrese en el mes de julio. Sea como fuere, las fuentes consultadas apuntan que la presión sobre el gasto en pensiones en los próximos meses será históricamente alto por este cúmulo de circunstancias.

¿Quién y cómo se pagará?

Lo que tampoco se sabe a ciencia cierta es cómo se pagará esta factura. De un lado, aún no se ha puesto en marcha ninguna nueva figura tributaria para completar el incremento de los ingresos por cotizaciones (rozan los 38.000 millones de euros hasta abril, el mejor registro en 10 años).

El PP incluyó entre sus compromisos con Bruselas la aplicación de la conocida como ‘Tasa Google’ para sumar 600 millones de euros para el pago de pensiones este año, mientras que el PSOE lleva en su ideario la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre la banca ese mismo fin.

Lo que está claro entonces es que, tal y como confirman fuentes de la Seguridad Social, habrá que echar mano de instrumentos externos para pagar las pensiones en los próximos meses. Esto quiere decir que se volverá a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que a día de hoy acumula poco más de 8.000 millones de euros tras las continuas disposiciones desde 2012, o al crédito presupuestario incluido en las cuentas de 2018 por importe de 15.164 millones de euros.

Las mismas fuentes apuntan que sería más sencillo tirar del crédito, que solo necesita de una transferencia con la aprobación del Ministerio de Hacienda, en lugar de agotar el Fondo de Reserva, que requiere además en este proceso de unas desinversiones previas para poder transferir el dinero a la Tesorería de la Seguridad Social. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo cuenta con que parte de los pagos extras se seguirán sufragando aún con cotizaciones.

¿Y quién firmará las órdenes de pago? Es una incógnita. De momento, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, sigue en funciones y podría hacerlo. Los bancos hacen el ingreso de las pensiones a sus beneficiarios en la última semana de cada mes y luego reciben la transferencia de la Seguridad Social en los primeros días del mes siguiente. No obstante, es de esperar que este viernes se conozca ya quien dará el relevo a Burgos.