La Junta Única de Resolución (JUR), el órgano encargado de liquidar Popular y venderlo a Santander por un euro hace ahora un año, tendrá que desvelar más información sobre cómo se realizó el proceso de resolución, tras las alegaciones presentadas por varios bufetes al panel de apelación de la institución.

Según  ha podido saber El Independiente, la JUR deberá revelar en los próximos días información, hasta ahora clasificada, sobre la fuga de depósitos de mayo y junio que provocó la crisis de liquidez que quebró el banco.

Otro de los puntos ocultos hasta ahora sobre cómo discurrió el proceso de venta privado impulsado por Popular unas semanas antes de su colapso también se esclarecerá. La JUR deberá entregar todos los documentos al respecto, lo que podría evidenciar la existencia de ofertas, aun no vinculantes, por Popular, días antes de ser vendido a Santander por un euro.

Los bufetes que habían interpuesto sus alegaciones ante el panel de Bruselas, entre los que figuran B. Cremades y Asociados, Quinn Emanuel -representante de PIMCO y otros fondos de Wall Street-, Kirkland & Ellis -representante de los inversores mexicanos-, Ontier -representante de los minoritarios- y el bufete Ius + Aequitas, en representación de la OCU, lamentan que Europa haya perdido la oportunidad de arrojar luz sobre un aspecto que consideran clave: la falta de asistencia con más liquidez.

«Es un sinsentido que se mantenga oculta la información relativa a la línea de liquidez urgente ELA, el foco de la controversia, ya que el banco colapsó al quedarse sin liquidez, no por ser insolvente», señala el abogado Bernardo Cremades, socio de B. Cremades, quien anticipa que seguirán reclamando ante las instituciones la publicación del expediente completo de la resolución.

Además, la JUR deberá desclasificar ciertas partes censuradas de los informes de valoración 1 y 2 (no el 3, el definitivo) elaborados por Deloitte, desvelando más información que la que figura en la versión publicada el 2 de febrero.

La institución también deberá desclasificar los datos relativos al escenario de insolvencia y al resultado que habría logrado ante un hipotético concurso de acreedores, es decir, deberán explicar cómo hizo los cálculos para determinar que la resolución del grupo sería más ventajosa para los accionistas que un concurso de acreedores tradicional.

El panel de apelación también ordena a la JUR hacer público el plan de resolución que 2016 había diseñado Popular -validado por el BCE- para hacer frente a un hipotético escenario de estrés. Incluye la capacidad de absorción de pérdidas por parte del banco y las necesidades de liquidez estimadas en caso de resolución.

Santander, actual propietario de Popular, deberá publicar sus informes completos de pasivo y de funciones críticas esenciales del banco, documentos que quisieron mantener ocultos alegando que facilitaba información que podría penalizarles.