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El plan B de Sánchez para gravar a la banca: subir el impuesto a los depósitos

Ante la dificultad de sacar adelante una nueva tasa que requerería una ley, el Gobierno estudia recurrir a un tributo creado en 2014 sin ánimo recaudatorio

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El plan B de Sánchez para gravar a la banca: subir el impuesto a los depósitos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

Resumen:

El Gobierno baraja elevar el impuesto sobre los depósitos bancarios que las entidades financieras pagan actualmente a un tipo simbólico del 0,03%, después de que el anterior Ejecutivo del PP lo pusiera en marcha en 2014 sin ningún ánimo recaudatorio, solo para ejercer de tope y evitar que las comunidades autónomas lanzaran impuestos propios más gravosos en esta línea.

Esta medida podría ser, al menos parcialmente, una alternativa o un complemento al impuesto finalista sobre la banca que quiere sacar adelante el Gobierno, en el caso de que la complejidad de su tramitación o la oposición de empresas y fuerzas políticas lo acaben frustrando.

Y es que Pedro Sánchez se debate entre las ganas de desarrollar un proyecto político y económico de grandes vuelos y el posibilismo que exige el tener solo 84 diputados en el Congreso. Por eso, en la cocina económica del Ejecutivo no solo se debe decidir qué medidas se deben priorizar, sino también cuáles son factibles dada la aritmética parlamentaria.

Por ello, el Gobierno, mientras apuesta por la aplicación al pie de la letra de su ideario –los ministros no están escatimando en anuncios y propuestas en sus primeras comparecencias parlamentarias–, también cocina más de un plan B.

El Gobierno baraja elevar el impuesto sobre los depósitos bancarios que las entidades financieras pagan actualmente a un tipo simbólico del 0,03%, después de que el anterior Ejecutivo del PP lo pusiera en marcha en 2014 sin ningún ánimo recaudatorio, solo para ejercer de tope y evitar que las comunidades autónomas lanzaran impuestos propios más gravosos en esta línea.

Esta medida podría ser, al menos parcialmente, una alternativa o un complemento al impuesto finalista sobre la banca que quiere sacar adelante el Gobierno, en el caso de que la complejidad de su tramitación o la oposición de empresas y fuerzas políticas lo acaben frustrando.

Y es que Pedro Sánchez se debate entre las ganas de desarrollar un proyecto político y económico de grandes vuelos y el posibilismo que exige el tener solo 84 diputados en el Congreso. Por eso, en la cocina económica del Ejecutivo no solo se debe decidir qué medidas se deben priorizar, sino también cuáles son factibles dada la aritmética parlamentaria.

Por ello, el Gobierno, mientras apuesta por la aplicación al pie de la letra de su ideario –los ministros no están escatimando en anuncios y propuestas en sus primeras comparecencias parlamentarias–, también cocina más de un plan B.

Una de las medidas ‘estrella’ de Sánchez tiene que ver con su intención de aplicar un impuesto de nueva creación sobre la banca, a complementar con otro sobre las transacciones financieras, para obtener margen presupuestario con el que pagar las pensiones. La capacidad recaudatoria de cada una de estas figuras se ha fijado en 1.000 millones anuales.

Este impuesto finalista no ha sentado nada bien en el ámbito financiero, ni tampoco en el mundo empresarial en general, que además ha plantado cara a la posibilidad de que el Impuesto de Sociedades adopte un tipo mínimo del 15% para los grandes grupos.

De la mano, fuerzas como PP o Ciudadanos han rechazado este gravamen extra a la banca. Es cierto que último Gobierno del PP dio un viraje en los últimos meses, antes de la moción de censura que le destronó, y abrazó la idea  del PSOE de establecer un impuesto finalista para pagar las pensiones. Esa fue la filosofía de la anunciada ‘Tasa Google’.

También que el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el primero en tirar de las orejas a la banca por su reducida tributación efectiva en Sociedades, tras la aplicación de beneficios fiscales.

Sin embargo, un impuesto a la banca para pagar las pensiones es algo que no será fácil de sacar adelante en un Congreso de los Diputados como el actual, pero sobre todo promete un complejo proceso de tramitación puesto que debería encajarse en un proyecto de Ley.

En el seno del Gobierno se sigue creyendo que es posible, pero se asegura que hay otras alternativas, de más fácil encaje. El Ejecutivo guarda en la recamara un posible incremento del impuesto sobre los depósitos bancarios, que actualmente pagan las entidades financieras a un tipo simbólico del 0,03%, como recogía hace unos días El Economista y confirman fuentes gubernamentales.

Desde el Ministerio de Hacienda se admite que se están estudiando diversas alternativas y que actuar sobre el impuesto a los depósitos de la banca sería mucho más sencillo, aunque un eventual subida a través de un decreto requeriría la misma mayoría para su ratificación en el Congreso, más síes que noes, recuerdan fuentes del Partido Popular.

El impuesto de la discordia con Cataluña

El impuesto sobre los depósitos se puso en marcha en 2014 para tratar de armonizar figuras similares en algunas comunidades autónomas.  Posteriormente, este tributo ocasionó un pulso entre el Gobierno central y el Govern catalán que acabó ganando Mariano Rajoy. Así que, de dar el paso, Pedro Sánchez obtendría un hábil rédito de la victoria obtenida por su sucesor.

Concretamente, Montoro estableció entonces un impuesto sobre los depósitos bancarios del 0,03%. La razón esgrimida fue la necesaria preservación de la unidad tributaria en todos los territorios, más que un criterio recaudatorio. Y es que la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) establece que, si llega primero el Gobierno central,  “los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”.

En concordancia con la Ley, el Gobierno procedió después a compensar a los territorios que ya tenían un tributo similar: Andalucía, Canarias y Extremadura. Sin embargo, tras esta decisión, Cataluña y Asturias desarrollaron su propio impuesto sobre los depósitos y la cuestión derivó finalmente a los tribunales.

En enero de 2015, el Tribunal Constitucional echó abajo el impuesto catalán en tanto que ya existía otro a nivel nacional, aunque fruto de la decisión del Gobierno de repartir los algo más de 300 millones de euros de recaudación de 2014 entre las comunidades autónomas en función del número de oficinas bancarias y los ahorros depositados, Cataluña fue la segunda comunidad más beneficiada.

¿Qué capacidad recaudatoria tiene el impuesto?

De lo que se trataría ahora es de engordar el tipo impositivo del 0,03% para obtener nuevos ingresos con los que después poder plantear un Presupuesto más expansivo y pagar, entre otras cosas, una revalorización de las pensiones del 1,6%.

Sin embargo, cabe pensar que, de ser una alternativa, debería ir de la mano de otras medidas o al menos podría servir para atenuar el golpe a la banca a través de los impuestos finalistas anunciados.

Según datos del Consejo General de Economistas, la capacidad recaudatoria de este impuesto sobre los depósitos parece limitada, pero podría alcanzar esos 1.000 millones previstos. Sumando la recaudación por esta vía de Extremadura, Canarias y Andalucía en 2013, es decir, de las comunidades autónomas que llegaron a aplicarlo, la suma alcanza los 220 millones de euros.

No obstante, expertos fiscalistas advierten de que una medida así puede llevar a las entidades financieras a trasladar estos costes al cliente en forma de menores remuneraciones o mayores comisiones, provocando en último término una cierta fuga de depósitos.