Economía

Por qué Sánchez necesita que los autónomos coticen más: 9.000 millones extra para la Seguridad Social

El Gobierno quiere que los trabajadores por cuenta propia coticen por lo que realmente ganan y tiene dos propuestas de las organizaciones de autónomos sobre la mesa

logo
Por qué Sánchez necesita que los autónomos coticen más: 9.000 millones extra para la Seguridad Social
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Resumen:

Dentro de unos días se cumplirán dos meses desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. Desde entonces, en lo que política económica se refiere, el Gobierno ha adoptado una decisión de calado: ha negociado con Bruselas una relajación de la senda de consolidación fiscal que pospone la vuelta al superávit más allá de 2021 principalmente por la voluntad del Gobierno de garantizar la suficiencia de las pensiones (aunque también por el lastre que suponen gastos como el 'rescate' de los peajes o las ayudas a la banca). En paralelo, el Gobierno se propone, reducir los desequilibrios financieros de la Seguridad Social para llegar a 2022 con los deberes hechos, antes de que comiencen a jubilarse en masa los hijos del 'baby-boom'. Así es que, al Gobierno le urge remar para obtener ingresos extraordinarios para la Seguridad Social para poder al mismo tiempo financiar sus planes para volver a indexar las pensiones al IPC. Pero esta necesidad se extrema aún más después de que el Grupo Popular haya dado indicios de que se opondrá a la tramitación de los Presupuestos de 2019 con la nueva senda de déficit. De hacerlo, el Gobierno deberá operar con la senda heredada, que obliga a cumplir (o más bien incumplir) un déficit del 2,2% del PIB para este año, en lugar del 2,7% propuesto, y a contar el año que viene con otras cinco décimas menos de margen, con un objetivo del 1,3% del PIB.

Dentro de unos días se cumplirán dos meses desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. Desde entonces, en lo que política económica se refiere, el Gobierno ha adoptado una decisión de calado: ha negociado con Bruselas una relajación de la senda de consolidación fiscal que pospone la vuelta al superávit más allá de 2021 principalmente por la voluntad del Gobierno de garantizar la suficiencia de las pensiones (aunque también por el lastre que suponen gastos como el ‘rescate’ de los peajes o las ayudas a la banca).

En paralelo, el Gobierno se propone, reducir los desequilibrios financieros de la Seguridad Social para llegar a 2022 con los deberes hechos, antes de que comiencen a jubilarse en masa los hijos del ‘baby-boom’. Así es que, al Gobierno le urge remar para obtener ingresos extraordinarios para la Seguridad Social para poder al mismo tiempo financiar sus planes para volver a indexar las pensiones al IPC.

Pero esta necesidad se extrema aún más después de que el Grupo Popular haya dado indicios de que se opondrá a la tramitación de los Presupuestos de 2019 con la nueva senda de déficit. De hacerlo, el Gobierno deberá operar con la senda heredada, que obliga a cumplir (o más bien incumplir) un déficit del 2,2% del PIB para este año, en lugar del 2,7% propuesto, y a contar el año que viene con otras cinco décimas menos de margen, hasta cumplir un objetivo del 1,3% del PIB.

Además, para el próximo año, las administraciones más damnificadas por la pérdida de este margen serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social, que tendrían que asumir dos décimas más de corrección (2.500 millones de euros) cada una, con el agravante de que el objetivo de 2018 previsiblemente no se cumplirá y el esfuerzo a realizar en 2019 sería mayor.

En esta situación, mantener la promesa de que se garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas y de que sus pensiones subirán al menos un 1,6% estos dos años exigirá explorar aún más todas las vías posibles de ingresos.

Con esa idea, mientras vuelan los anuncios sobre posibles ingresos adicionales procedentes de subidas tributarias aún indefinidas como el nuevo impuesto finalista a la banca o el aún desconocido aunque aparentemente inminente impuesto a las empresas tecnológicas, el Gobierno ha impulsado de forma decidida la reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) abriendo un rápido diálogo con las organizaciones de autónomos.

Al final no asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que fuentes próximas dicen que su interés por abordar cambios en el RETA es máximo. La reunión con los autónomos estuvo presidida por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien aseguró que solo uno de cada cuatro autónomos cotiza por encima de sus ingresos reales, mientras que más del 80% lo hace por la base mínima.

Esto da la idea del amplio margen para hacer converger ingresos y cotizaciones, para aumentar ingresos por cuotas a la Seguridad Social y reducir el gasto posterior en complementos a mínimos para garantizar a estos trabajadores una pensión mínima; y también que una parte importante de los autónomos cotiza por encima de sus ingresos, pese a hacerlo por el mínimo.

Dicho de otro modo, el Ejecutivo quiere que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales para ajustar las cuentas del sistema de Seguridad Social e inyectar una jugosa cantidad de ingresos extra. Las cuantías que se barajan son importantes.

Valerio tiene ya en su poder dos propuestas: una consensuada por las dos principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, que promete un aumento de los ingresos de unos 3.500 millones de euros, según cálculos de ésta última organización; y otra de Uatae, que eleva esta previsión hasta los 9.000 millones. Sin dudas, dos balones de oxígeno para una Seguridad Social asfixiada por una déficit que alcanzó en 2017 los 18.000 millones de euros con unas cifras de gasto crecientes, más que las que se refieren a ingresos por cotizaciones.

Así son las dos propuestas

De un lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han presentado al Gobierno una propuesta consensuada para que los autónomos comiencen a cotizar de acuerdo con sus ingresps, con la que prevén ingresar 3.500 millones adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social.

Su opción se estructura en una serie de tramos de rentas, dentro de los que existe cierta voluntariedad a la hora de elegir la base por la que cotizar, antes de ajustar esta en último término a lo realmente ingresado durante el año, una vez se conozcan estos resultados vía tributaria en junio del año siguiente. Es decir, combina margen de adaptación para el autónomo y rigor a la hora de cotizar.

Esta propuesta, un híbrido de las dos planteadas por separado por ATA y UPTA, determina que los autónomos cuyos ingresos netos totales anuales no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI) anual —10.300 euros en 2018— estarían obligados a darse de alta y a cotizar en términos ordinarios, pero con una aportación a la Seguridad Social de 50 euros mensuales. Dicha posibilidad podrá darse durante dos años y prorrogarse año a año hasta un máximo de 4 años.

El segundo tramo comprende a los autónomos con ingresos totales superiores al SMI anual, pero con rendimientos netos inferiores a 30.000 euros anuales, que no tendrían que pagar más de cotización, pudiendo elegir entre la base mínima y la máxima que anualmente se establezca por la administración para el RETA, y con las excepciones, bonificaciones o reducciones actualmente existentes.

Los autónomos que tengan rendimientos netos anuales entre 30.000 y 40.000 euros, aunque podrán elegir libremente la base, cotizarían en términos actuales sobre una base equivalente a la base del Grupo 1 del Régimen General, lo que equivale a unos 1.200 euros.

Para los autónomos con rendimientos netos anuales entre 40.000 y 60.000 euros, la base de cotización será 1,5 veces la base mínima establecida cada año en el RETA en el tramo anterior (1.500 euros), aunque como en el caso anterior elegirán cada año entra la base mínima y la máxima, y para los autónomos que tengan un rendimiento neto anual superior a 60.000 euros, aunque puedan elegir la base anualmente, tendrán obligación de regularizar su base como mínimo a dos veces la base mínima que se establezca para el RETA anualmente (2.000).

Las regularizaciones para los tres tramos anteriormente señalados se efectuarán antes del 30 de junio de cada año a la finalización del ejercicio fiscal anual previo, una vez conocido el rendimiento neto obtenido por los autónomos en el año anterior.

La propuesta de los 9.000 millones

La propuesta de Uatae apuesta por reforzar la obligatoriedad del nuevo sistema de cotizaciones y prevé un mayor número de tramos según los ingresos. Su peculiaridad es que persigue beneficiar a los autónomos con menores ingresos con bases de cotización más reducidas, que se compensaría con una mayor recaudación obtenida en los tramos de cotización de los afiliados con más ingresos. En este sentido, la propuesta tendría una naturaleza progresiva y redistributiva.

Cocretamente, habría 10 tramos, desde ingresos menores a 12.000 euros a los más de 45.000 euros. El primero contaría con una cotización del 50% sobre la base mínima, que iría escalando en los dos tramos siguientes hasta llegar al 100% para aquellos autónomos con ingresos entre 15.00 y 18.000 euros anuales.

En los siguientes escalones, la cotización sería del 125% al 350% de la base mínima, de forma que en el último sería obligatorio cotizar por la máxima.  En términos absolutos esto arroja una cotización mensual desde los 446,6 euros al mes para el tramo inferior hasta los 3.751 euros del superior.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha comprometido a estudiar ambos documentos. Sin embargo, esperará a las conclusiones que salgan de la subcomisión parlamentaria del RETA en el Congreso de los Diputados y ver qué planteamientos se hacen en la mesa del Diálogo Social con los sindicatos para poner encima de la mesa una propuesta consensuada. No se sabe, por tanto, cuál será la fórmula elegida para adecuar las cotizaciones a los ingresos reales de los autónomos, pero sí que llegará como agua de mayo para las cuentas de la Seguridad Social.