Economía

El Gobierno ya explora con patronal y sindicatos cómo pagar las futuras pensiones

El acuerdo del Pacto de Toledo para ligar las pensiones al IPC insta al Gobierno a pactar en el diálogo social cómo subirán

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El Gobierno ya explora con patronal y sindicatos cómo pagar las futuras pensiones
El presidente del bobierno Pedro Sánchez (c), la ministra de trabajo Magdalena Valerio, el presidente de CEOE Juan Rosell (i), y los sec generales de UGT Pepe Álvarez, y CCOO Unai Sordo (2d), durante la reunión mantenida esta mañana en el Palacio de La Moncloa.

Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, Juan Rosell (i), Pepe Álvarez, y Unai Sordo (2d). EFE

Resumen:

El Pacto de Toledo cerraba la pasada semana un principio de acuerdo en el que recomendaba al Gobierno que vuelva a vincular las pensiones con el IPC. Dejaba la puerta abierta a que incluya en la revalorización anual de estas prestaciones otros indicadores también ligados a la marcha de la economía, pero, sobre todo, le instaba a que toda decisión que tome tenga el beneplácito del Pacto de Toledo y de la mesa del diálogo social que comparte con patronal y sindicatos.

En este marco, la mesa de negociación encargada específicamente de debatir el futuro de las pensiones ya se ha reunido, de momento sin grandes avances. Sin embargo, según las posturas mostradas hasta ahora por los agentes sociales, los sindicatos estarían a favor de volver a ligar las pensiones al IPC repensando también la forma pagarlas sin hacer quebrar el sistema, y los empresarios no se opondrían, siempre que se articulen medidas para garantizar que el sistema es sostenible y compatible con la buena marcha de las empresas.

Ambas posturas estarían dentro de la advertencia formulada este miércoles por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo presidido por Christine Lagarde advertía de que ligar las pensiones únicamente al IPC pondría en peligro la sostenibilidad del sistema y, en todo caso, llamaba a garantizar ingresos adicionales que compensen el gasto que conllevaría esta decisión y que estima entre tres y cuatros porcentuales del PIB hasta 2050, nada menos que unos 40.000 millones de euros.

El Pacto de Toledo cerraba la pasada semana un principio de acuerdo en el que recomendaba al Gobierno que vuelva a vincular las pensiones con el IPC. Dejaba la puerta abierta a que incluya en la revalorización anual de estas prestaciones otros indicadores también ligados a la marcha de la economía, pero, sobre todo, le instaba a que toda decisión que tome tenga el beneplácito del Pacto de Toledo y de la mesa del diálogo social que comparte con patronal y sindicatos.

En este marco, la mesa de negociación encargada específicamente de debatir el futuro de las pensiones ya se ha reunido, de momento sin grandes avances. Sin embargo, según las posturas mostradas hasta ahora por los agentes sociales, los sindicatos estarían a favor de volver a ligar las pensiones al IPC repensando también la forma pagarlas sin hacer quebrar el sistema, y los empresarios no se opondrían, siempre que se articulen medidas para garantizar que el sistema es sostenible y compatible con la buena marcha de las empresas.

De momento, el Gobierno no ha dado un paso al frente para plasmar una subida de las pensiones con arreglo al IPC en la Ley. Tanto la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se han encomendado al diálogo social para que decida y, según fuentes próximas al ministerio, el Gobierno se sentirá cómodo con lo que pacten.

Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido la última autoridad económica en advertir de que ligar las pensiones únicamente al IPC pondría en peligro la sostenibilidad del sistema. Por ello, ha llamado a garantizar ingresos adicionales que compensen el gasto que conllevaría esta decisión y que estima entre tres y cuatros puntos porcentuales del PIB hasta 2050, nada menos que unos 40.000 millones de euros.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró en sede parlamentaria, horas después de conocerse la postura del FMI, que “no se puede actuar solamente en uno de los puntos (subida del IPC o aumento de los ingresos), hay que actuar en los dos”.

Mientras tanto, el Pacto de Toledo no ha respondido aún a la gran pregunta (es objeto de otras recomendaciones en discusión), que es cómo se paga una vuelta a la indexación de las pensiones con la inflación.  Aún está por cerrar la recomendación uno que se refiere a un punto vital en este sentido, la separación de fuentes de la Seguridad Social, es decir, la salida del sistema de todo tipo de gastos que sean impropios de esta administración. Este punto será clave.

La única acotación al respecto dentro de la recomendación pactada este miércoles es que ulteriores subidas que se acuerden por encima del IPC deberán pagarse con cargo a los Presupuestos, dado que solo la indexación ya supondrá un enorme esfuerzo financiero para una Seguridad Social, que arrastra un déficit público de casi 19.000 millones de euros.

Así es que con estos condicionantes, será fundamental que los agentes sociales sean capaces de concretar la hoja de ruta para añadir ingresos al sistema y cerrar el agujero del déficit de las pensiones mientras se aplica una eventual revalorización bien con el IPC o con este indicador y otros índices económicos (PIB, salarios, productividad, etc.), con carácter permanente y por Ley.

Las pistas del Gobierno

Antes de que el diálogo social ofrezca resultados, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dio algunas pistas en materia de ingresos el pasado miércoles, en un acto celebrado por el Consejo General de Economistas, horas antes de que se conociese el acuerdo en el seno del Pacto de Toledo.

En el corto plazo aseguró que el sistema es viable con una serie de reformas en un plazo de 10 años, pero que entonces, cuando se empiecen a jubilar los hijos del baby boom, habrá que replantear otra vez el sistema.  Hecha esta precisión, planteó que la Seguridad Social podría enjugar la mayor parte del déficit con una serie limitada de reformas. En total, 15.000 millones de los 19.000 millones pendientes de ajustar.

En primer lugar, se refirió a las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de las que se han beneficiado muchas empresas y administraciones con, a su juicio, escasos resultados en términos de creación de empleo; y la jubilación obligatoria a una edad temprana de muchos colectivos por sus condiciones de peligrosidad, como los estibadores.

Según sus cálculos, por esta vía se han perdido 10.000 millones de euros en la última década, a los que habría que añadir 5.000 millones, que la Seguridad Social estaría soportando cada año por gastos de gestión o el pago de pensiones no contributivas.

En este sentido, Granado planteó primero la posibilidad de que en el futuro sea el propio trabajador el que decida libremente cuándo quiere jubilarse independientemente de la actividad que desarrolle.

La segunda de las cuestiones tiene que ver con la recomendación número uno del Pacto de Toledo, relativa a la separación de fuentes, algo en los que también ha hecho hincapié la ministra de Trabajo durante su intervención en la Comisión del ramo en el Senado este miércoles.

Sacar gasto de las pensiones

Se trata de uno de los elementos sobre los que ya existe un amplio consenso en el seno del Pacto de Toledo y también en el diálogo social. No obstante, el portavoz del PP en la comisión, Gerardo Camps, deslizaba tras el acuerdo para la revalorización de las pensiones, que sería necesario volver a pasar por este punto.

Fuentes sindicales aseguran que su postura en el diálogo social es la de trasladar al Estado toda la carga que no corresponde a la Seguridad Social, para poner las cosas en su sitio y el foco del déficit en la Administración, no en el sistema de pensiones.

Con esta misma filosofía, el anterior Gobierno del PP ya trató de impulsar un acuerdo en el Pacto de Toledo que suponía limpiar el déficit de la Seguridad Social en un plazo de cuatro años (sin contar con que las pensiones volverían a subir con el IPC).

La anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, veía posible sacar 40.000 millones de euros de gasto de las pensiones pasando las de viudedad y orfandad al ámbito presupuestario, al igual que el coste de los contratos de relevo, al considerarlos una política activa de empleo.

Sin embargo, Granado fue más allá y afirmó que también merecería una revisión las prestaciones de incapacidad permanente, que se comen unos 900 millones de euros mensuales casi 170 millones más que antes de la crisis.

Volver a nutrir la ‘hucha de las pensiones’

Por otro lado, una de las grandes preocupaciones del actual secretario de Estado de Seguridad Social es el actual vaciamiento del Fondo de Reserva, más conocido como la ‘hucha de las pensiones’, del que se han extraído alrededor de 75.000 millones de euros desde 2012 para pagar las sucesivas extras de los pensionistas.

Sin aclarar si el Gobierno tendrá que volver a echar mano del fondo para pagar la extra de diciembre, o podrá sufragarla solo agotando el préstamo presupuestario habilitado para ello, Granado admitió que es preciso volver a llenarlo de cara a la jubilación de la generación del baby boom y abrió la puerta a que no solo se nutra con los excendentes de las mutuas, como hasta ahora, sino también con otros recursos presupuestarios.

Habrá que ver qué recomienda al respecto el Pacto de Toledo, que debe tratar esta cuestión cuando debata la recomendación número tres de las que debe cerrar a partir de ahora. En cualquier caso, Granado espera una “remontada” de los recursos del Fondo a partir de ahora, en el momento en el que la Seguridad Social vaya siendo capaz de reducir poco a poco su déficit gracias a un incremento de las cotizaciones superior a los gastos, que ya está superando las previsiones iniciales para este año.

Los sindicatos lamentan la tibieza del Gobierno

Con todo, estas medidas podrían aligerar la cuenta de gastos del sistema de Seguridad Social, y los sindicatos lamentan que el Gobierno ha abordado de momento con tibieza la apertura de nuevas vías de ingresos.

El Gobierno habla también de mejorar la calidad del empleo y de los salarios. De hecho, las cotizaciones a la Seguridad Social crecen ya ampliamente por encima del 5% y han traído un renovado optimismo al Gobierno sobre la aportación del empleo a la corrección del déficit de las pensiones.

Los sindicatos confirman también que el Ejecutivo ha hablado de implantar las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ para sufragar las pensiones, en la idea de completar la financiación vía cotizaciones, con los Presupuestos. De hecho, Valerio avanzaba este miércoles que los ministerios de Economía y Hacienda trabajan en ver las posibilidades de modificar el actual régimen fiscal y tributario para ayudar también a financiar al sistema público de pensiones.

Otras de las ideas puestas por Trabajo encima de la mesa del diálogo social son hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, como también ha animado el FMI. Pero todo esto, aseguran fuentes sindicales, tendría a priori un muy limitado impacto económico.

Los sindicatos apuestan por destopar las bases máximas de cotización; redefinir los tipos de cotización o poner en marcha campañas efectivas de lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida.

También insisten en promover un cambio de modelo productivo para contar con empleo de mayor calidad; poner en marcha programas de activación del empleo y cumplir los acuerdos que llevarán el Salario Mínimo, al menos a los 850 euros euro al mes en 2020, y a los 1.000 euros como mínimo en convenio.

La CEOE también aporta ideas

Por su parte, la CEOE se muestra también favorable a subir las pensiones con el IPC, pero garantizando los ingresos suficientes.

En este sentido, coinciden con Granado en la necesidad de revisar las prestaciones por invalidez y destopar la edad de jubilación de determinados empleos, pero también por acotar el absentismo, un fenómeno que, según cifras de la patronal, tiene un coste de 12.000 millones de euros para las empresas y el sistema. Además, los empresarios llaman a racionalizar el gasto público y aflorar economía sumergida.