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El promotor murciano condenado que está en Forbes y casi nadie conoce

Tomás Olivo, presidente de la socimi GGC, ha logrado sobrevivir a sus polémicas judiciales y a la crisis inmobiliaria y se sitúa ya entre las principales fortunas de España

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El promotor murciano condenado que está en Forbes y casi nadie conoce
El empresario Tomás Olivo en una comparecencia junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El empresario Tomás Olivo en una comparecencia junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. Europa Press

Resumen:

En el universo de las Socimis -empresas de inversión inmobiliarias- que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la escasez de movimientos que registra General de Galerías Comerciales (GGC) no representa ninguna excepción. Con escasa liquidez, ya que la mayor parte de las acciones suelen pertenecer a uno o a unos pocos accionistas de referencia, el número de títulos que se intercambian diariamente sobre el parqué resulta ínfimo: en el caso de GGC, solo 18 acciones han cambiado de manos desde el arranque de 2019.

Más llamativo resulta, sin embargo, su tamaño. Con un precio de 107 euros por acción -que no varía desde el pasado verano-, alcanza una capitalización de 2.782 millones de euros, que no solo la convierte en la mayor entre las más de 60 compañías del sector incluidas en el mercado para empresas en expansión, sino que la convierten en una des las 40 mayores cotizadas de España, con un valor superior al de firmas como NH, Mediaset o Acerinox.

Al frente de este gigante inmobiliario hay un empresario poco conocido entre el gran público pero que ha logrado colarse en la lista Forbes de los 1.000 principales millonarios del mundo. Se trata de Tomás Olivo, y su patrimonio de 2.400 millones de dólares (unos 2.122 millones de euros) le sitúan como la séptima mayor fortuna de España. Junto a los mucho más populares Amancio Ortega y su hija Sandra Ortega; el propietario de Iberostar, Miguel Fluxá; el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino; el dueño de Mercadona, Juan Roig; y el inversor propietario de Torreal, Juan Abelló se codea este empresario natural de Fuente Álamo (Murcia) que ha hecho fortuna en el sector inmobiliario.

Olivo empezó a levantar su imperio en Marbella, en los años en que Jesús Gil gobernaba la ciudad

Su grupo, GGC, en el que controla alrededor del 99,6% del capital, según los últimos datos disponibles (el resto estaría controlado por unos 24 inversores, 16 de ellos vinculados a su familia), está considerada la mayor empresa de España de centros comerciales. En su cartera resaltan seis grandes centros: el Centro Comercial Mediterráneo, ubicado en Almería; Mataró Parc, en Barcelona; Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería); Las Dunas, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Nevada Shopping, en Armilla (Granada); y la joya de la corona, La Cañada, en Marbella.

Precisamente ahí, en Marbella, se encuentra el origen del imperio levantado por Tomás Olivo, uno de esos empresarios hechos a sí mismo, que empezó su andadura laboral como empleado de gasolinera. Desde ahí, el salto hasta convertirse en un hombre de negocios no fue sencillo, pero su carrera dio un vuelco con su entrada en la Costa del Sol en la década de 1990. Eran los años del gilismo. Con Jesús Gil en la alcaldía de la ciudad y el también murciano Juan Antonio Roca al frente de la concejalía de Urbanismo, la expansión de Marbella dio margen para el enriquecimiento de muchos empresarios ligados al negocio inmobiliario. Y entre ellos fue ganando fuerza el nombre de Olivo.

Polémicas judiciales

Para muchos de ellos aquellos años de bonanza acabaron de forma abrupta, ya fuera en la quiebra con el pinchazo de la burbuja o entre rejas, cuando se descubrió el manto de corrupción que recubría buena parte del entramado levantado por el ayuntamiento marbellí durante aquel periodo. Olivo no pudo evitar verse envuelto también en el famoso Caso Malaya, en el que cerca de unas 90 personas fueron imputadas por su participación en los distintos casos de corrupción urbanística que salpicaron Marbella entre 1991 y 1996. Acusado de cohecho, sería absuelto en 2013.

Pero no todas las polémicas judiciales de este empresario han tenido un final tan satisfactorio. Por aquellas fechas, en septiembre de 2013, la Audiencia de Málaga le condenaba a siete meses de prisión por una delito de maltrato a su exmujer, limitando una sentencia anterior que le había impuesto una pena de cinco años de prisión. El fallo del tribunal daba por probado que, en mayo de 2005, Oliva había tratado de obstaculizar el paso a su víctima, sentándose en el capó de su vehículo, y que en junio de ese mismo año la “agredió de forma reiterada” y le propinó “bofetones en la cara”, además de agarrarla del pelo, en presencia de su hija.

A esta condena Oliva suma una más contundente, de 15 meses de prisión, por un delito urbanístico en la construcción del Centro Comercial Nevada, levantado, según la sentencia, sobre zonas verdes. Pero incluso este polémico caso ha dejado un saldo más que positivo para el empresario, que el pasado año recibió la buena nueva de que la Junta de Andalucía tendría que abonarle más de 165 millones de euros de compensación por haber paralizado durante años las obras del centro.

Olivo sigue pendiente de un juicio por sus tratos con Roca por el que la Fiscalía pide 18 años de prisión

El caso se remonta a 2006, cuando la Junta de Andalucía ordenó la paralización de unas obras que habían sido aprobadas por el ayuntamiento granadino de Armilla. Tras ocho años de bloqueo, los tribunales dieron la razón al empresario, alegando que el recurso de la Junta había llegado fuera de plazo. Y cuando Olivo reclamó daños y perjuicios los tribunales le fueron dando sucesivamente la razón, ante la incapacidad del Gobierno andaluz, que protagonizó sucesos tan controvertidos como cuando su abogado no se presentó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada, dando vía libre a un fallo favorable a los intereses de GGC.

A expensas de un nuevo proceso, relacionado también con sus presuntos negocios con Roca en Marbella -y por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para él hasta 18 años de prisión por delitos continuados de cohecho, fraude y prevaricación urbanística-, Olivo puede considerarse como un superviviente. Un superviviente de los tribunales y también de la crisis inmobiliaria que no sólo ha logrado mantenerse en pie, sino que lidera un negocio que se muestra cada vez más sólido.

Al cierre del primer semestre de 2018, GGC registraba un beneficio de 43,5 millones de euros, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Y la salud del negocio le ha permitido en los últimos meses cerrar una serie de operaciones en Marbella (compra de suelos), Las Palmas de Gran Canaria (Centro Comercial El Mirador), el malagueño Rincón de la Victoria (compra de suelos) y Granada (compra del edificio de Telefónica), por un monto total de 88,3 millones de euros, todos ellos sufragados con fondos propios.

Con estas adquisiciones, producidas casi a en paralelo a la confirmación de la indemnización Junta, GGC eleva el potencial futuro de un negocio que generó hasta el pasado junio ingresos por valor de 58,5 millones y cuya salud le ha permitido abonar un suculento dividendo en 2018 que se ha traducido, para Olivo, en un ingreso de algo más de 80 millones de euros. Un aporte nada desdeñable en la lucha para seguir codeándose con los principales millonarios del mundo.