Economía

La AIReF exige al Gobierno que revele el impacto de la subida del SMI en el empleo

Hacienda pasa la pelota a Trabajo, que asegura que es pronto para sacar conclusiones

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La AIReF exige al Gobierno que revele el impacto de la subida del SMI en el empleo
Isabel Celaá, Pedro Sánchez y Magdalena Valerio, en el Auditorio del Museo del Prado.

Isabel Celaá, Pedro Sánchez y Magdalena Valerio, en el Auditorio del Museo del Prado. EFE

Resumen:

El Gobierno de Pedro Sánchez se adentrará en las elecciones del 28-A con una buena cartera de medidas sociales aprobadas; desde la ampliación del permiso de paternidad a la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Y de todas ellas espera sacar rédito político, con la ventaja además de que lo corto de su mandato le asegura no tener que afrontar antes de los comicios demasiados balances. Por eso, las críticas que se vierten sobre su gestión tienen que ver, lo más, con el carácter electoralista de estas iniciativas y con el coste presupuestario que a priori supondrán en un momento de imperiosa necesidad de reducción del déficit y la deuda pública. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya fue el azote del anterior Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, sigue ahora de cerca los pasos de Sánchez y está empujando para que corrija ciertas actuaciones presupuestarias y evalúe, con compromiso de publicidad, algunas de sus medidas más populares, fundamentalmente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas desde el pasado 1 de enero. Se trata de una de las decisiones más controvertidas de Pedro Sánchez. La literatura sobre sus posibles efectos es de lo más variopinta y va desde los que consideran que tendrá un importante efecto tractor sobre el resto de salarios y contribuirá a sostener el consumo interno, hasta los que auguran importantes pérdidas de empleo entre los jóvenes, las mujeres y los extranjeros.

El Gobierno de Pedro Sánchez se adentrará en las elecciones del 28-A con una buena cartera de medidas sociales aprobadas; desde la ampliación del permiso de paternidad a la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Y de todas ellas espera sacar rédito político, con la ventaja además de que lo corto de su mandato le asegura no tener que afrontar antes de los comicios demasiados balances. Por eso, las críticas que se vierten sobre su gestión tienen que ver, lo más, con el carácter electoralista de estas iniciativas y con el coste presupuestario que a priori supondrán en un momento de imperiosa necesidad de reducción del déficit y la deuda pública.

Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya fue el azote del anterior Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, sigue ahora de cerca los pasos de Sánchez y está empujando para que corrija ciertas actuaciones presupuestarias y evalúe, con compromiso de publicidad, algunas de sus medidas más populares, fundamentalmente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas desde el pasado 1 de enero.

Se trata de una de las decisiones más controvertidas de Pedro Sánchez. La literatura sobre sus posibles efectos es de lo más variopinta y va desde los que consideran que tendrá un importante efecto tractor sobre el resto de salarios y contribuirá a sostener el consumo interno, hasta los que auguran importantes pérdidas de empleo entre los jóvenes, las mujeres y los extranjeros.

Por ello, la gran pregunta es ¿qué impacto tendrá la subida del salario mínimo sobre el empleo? Porque la respuesta hasta el momento no se ha podido ofrecer con exactitud. Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social publicados hasta febrero no permiten realizar de momento una valoración fiable. En todo caso, será la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre, que se conocerá ya en abril, la que pueda ofrecer un balance más concreto.

Ahora bien, ese análisis debería hacerlo el Gobierno sin esperar a que los servicios de estudios y demás agentes económicos lo hagan. Al menos, así se lo exige la AIReF, uno de los organismos que ya ha alertado del efecto contrario que tendrá la medida.

El pasado 30 de octubre, la Autoridad Fiscal remitía una carta a Carlos Moreno, el director de Gabinete de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le instaba a articular un procedimiento de control de la ejecución de la Administración Central y de la Seguridad Social, en el que se debería incluir específicamente «un seguimiento mensual por parte de Hacienda del grado de implementación del grado e impacto de las medidas de ingresos, con especial atención de las figuras impositivas contempladas en el Plan Presupuestario».

Este Plan ha quedado sin validez puesto que el proyecto de Presupuestos para 2019 no ha llegado a tramitarse en el Parlamento. Ahora bien, también señala que ese mismo procedimiento de control debería contemplar «una evaluación del comportamiento diferencial del mercado de trabajo como consecuencia de la subida del SMI y su impacto sobre las variables fiscales». Para terminar, la carta precisa finalmente que «este seguimiento debe realizarse en estrecha colaboración con la AIReF y con la mayor publicidad».

En estos casos, la Administración debe seguir las recomendaciones de la AIReF y, en caso de no hacerlo, ofrecer una respuesta razonada. Pues bien, en una respuesta previa a la entrada en vigor del nuevo SMI, el Ministerio de Hacienda señalaba que es el Ministerio de Trabajo el departamento competente para la evaluación de su afección al mercado de trabajo, por lo que de entrada dejaba la pelota en el tejado de la ministra Magdalena Valerio.

No obstante, proseguía indicando que la elaboración y publicación de los estadios financieros que periódicamente realiza la Oficina de Contabilidad Nacional de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) «proporcionan información suficiente para analizar el impacto sobre los recursos y gastos públicos consecuencia de la subida del SMI prevista».

Sobre la exigencia de que toda evaluación sea publicitada, Hacienda se limitaba a responder que el departamento siempre colabora estrechamente con la AIReF.

Los datos que maneja Trabajo

La insistencia de AIReF se justifica en que, mientras que Trabajo espera un efecto prácticamente neutro en términos de empleo de la entrada en vigor del nuevo SMI, la organización que preside José Luis Escrivá –como otras instancias entre las que se encuentra el BBVA Research o el propio Banco de España— dibuja un panorama menor halagüeño.

AIReF estima que elevar en un solo año el SMI un 22,3% llevará a crear 40.000 empleos netos menos, y detraerá una décima de crecimiento al consumo y al PIB. Eso sí, proporcionará 1.750 millones de euros por la vía de las cotizaciones, en tanto que las subidas del salario mínimo se traducen en incrementos en la misma proporción de las bases mínimas de cotización.

Otros de los resultados estimados por la AIReF es que la subida del SMI alcanzará a 1,2 millones de personas con un incremento de la masa salarial de 700 millones de euros.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo únicamente ha planteado hasta la fecha una serie de estimaciones. Por ejemplo, señala que hasta 1,3 millones de trabajadores se beneficiarán de esta medida y, en todo caso, ha admitido que la subida del SMI puede destruir empleo en la agricultura y ha articulado medidas para amortiguar este efecto en uno de los últimos decretos sociales. El efecto fiscal: 1.500 millones de euros por la vía de las cotizaciones.

Sin embargo, todo esto no son más que estimaciones. Los datos hasta febrero no son concluyentes y, aunque se ha producido un frenazo en la reducción del desempleo y las contrataciones indefinidas descendieron en febrero por primera vez en cinco años, un 3,3% interanual, pocos economistas se atreven a hacer una lectura clara sobre el efecto del SMI en esas cifras.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que es pronto para hacer un análisis debido a las circunstancias por las que atraviesa el mercado laboral, enmarcado en una progresiva desaceleración. Sin embargo, aseguran que la tendencia es similar a la de los primeros meses de otros años.

El Gobierno tendrá la oportunidad de hacer un buen balance cuando se publique la próxima EPA, el próximo 25 de abril, a tres días de las elecciones generales. Habrá que ver si satisface la demanda de la AIReF o si todo balance queda finalmente para la próxima legislatura.