Un total de 358.200 personas trabajaron a tiempo parcial en 2018 para poder atender a familiares dependientes, una cifra que supera en un 28,8% los registros de 2017.
Son dígitos que muestran la creciente necesidad de cuidados de una parte de la población, como es el caso de los mayores, y también los problemas de muchas familias para conciliar cuando nace un hijo.

Así lo evidencian las variables submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al pasado año que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en el año 2018 se produjo un repunte del empleo a tiempo parcial del 3,1%, hasta rozar los tres millones de personas en esta situación, pero a la vista de la nueva batida de datos, el incremento de aquellos que se emplearon sin agotar la jornada completa para cuidar de familiares se disparó muy por encima de la tónica general.

Los datos reflejan que la mayor parte de estas personas son mujeres, con un total de 344.800 –el 96% del total– como viene siendo habitual dentro del empleo a tiempo parcial. Pero lo más llamativo es que casi un 57% de estas declaró que no hay servicios sociales adecuados para la atención a personas dependientes, ya sean niños, adultos, enfermos o personas con discapacidad. Eso o que no pueden costeárselos.

Precisamente, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado  para 2019  recogían incrementos del gasto para atender a la dependencia y extender la escolarización gratuita de 0 a 3 años, cuestión a la que se iban a destinar 30 millones de euros.

Concretamente, las cuentas preveían un incremento del 40% en las partidas relacionadas con dependencia y la recuperación de las cotizaciones de cuidadores no profesionales, cuestión esta que finalmente se ha introducido en uno de los decretos de los llamado ‘viernes sociales’.